Resulta absolutamente impresentable, impropio de una democracia y sólo aplicable a una república bananera y sin ningún control del gasto, que los políticos decidan qué sueldos se ponen a sí mismos. Esto nos conduce a situaciones kafkianas como que la alcaldesa de Madrid, y otros varios más, cobren sueldos por encima del Presidente del Gobierno, o que en algunos ayuntamientos hubiera años con dos y tres subidas de sueldo, mientras todo el peso de la crisis y los recortes se cargan en los ciudadanos de a pié. Del mismo modo resulta incomprensible para el común de los mortales que los políticos acumulen sueldos, en un espectáculo que resulta obsceno y dantesco, del que el paradigma es la presidenta de la Diputación de León que acumula nada menos que doce cargos y sueldos. Al mismo tiempo todo esto permite que sea imposible calcular el gasto que dedicamos a nuestra clase política, o que exista incluso la posibilidad de que un partido con mayoría en un ayuntamiento deje sin asignación a toda la oposición, como ocurre en muchas ocasiones, con la pretensión de no dar medios para el control de su acción de gobierno, mientras ellos incluyen en su sueldo el aminorado a la oposición. Que los políticos puedan decidir cuando y cuanto se suben sus sueldos, es una forma insensata de poner a la zorra a guardar las gallinas.
España necesita poner orden en las cuentas públicas. Ese orden debe comenzar porque los ciudadanos sepan exactamente donde van destinados cada euro que pagan impuestos. Es un derecho fundamental, porque de esa forma los ciudadanos podrán conocer si sus impuestos están bien o mal gestionados, además que de esa forma se acabarían con muchas de las demagogias existentes al respecto, y con los atracos a la caja de todos los españoles por otro. Por esa razón se hace imprescindible que los sueldos de todos los políticos, incluídos los autonómicos, supramunicipales y locales se fijen en una tabla anual por ley, y que estos no tengan potestad para variarlos. De esa forma un gasto que ahora es variable e incontrolabe pasaría a ser un gasto fijo y presupuestado, con los beneficios obvios que ello conlleva. Algo que se hace en cualquier empresa en crísis, resulta inconcebible que no se aplique en un país en práctica bancarrota como España.
Estas tablas deberían fijarse, si se aplica la lógica, en base a la población que gestionan, de modo que se evite que un alcalde de un municipio de unos pocos miles de ciudadanos gane lo mismo que el presidente del gobierno, lo cual sólo puede ocurrir en esta España nuestra. Lo mismo ocurre con las taifas en que se han convertido las autonomías, que disponen del presupuesto, incluso del de las generaciones venideras, para gastar a su antojo cuanto quieren. Debemos comenzar por conocer cuanto cuesta este Estado que tenemos y que, según el informe elaborado por tres asesores de Presidencia del Gobierno publicado por Diario El Aguijón emplea a nada más y nada menos, que a unos 445.000 políticos. Ahora, una vez conocido el número de políticos sería muy interesante saber cuanto suponen para las arcas públicas los sueldos de toda esa legión de políticos. Todo ello, porque no es baladí pensar que, tenemos un número de políticos viviendo de todos nosotros, muy por encima de nuestras posibilidades.
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