sábado, 29 de junio de 2024

La familia del cabo muerto ahogado pide citar como investigado a un sargento

 En calidad de investigado a un sargento en base a distintos motivos relacionados con la organización del ejercicio






    En concreto, según exponen en su escrito al Juzgado Togado Central Militar número 2 de Madrid los letrados Antonio Granados, quien representa a la viuda del cabo Jiménez, y Francisco Pérez Romero, quien ejerce la acusación en nombre de los padres del cabo, este jueves se produjo la declaración testifical del citado sargento y se ratificó en la declaración ya manifestada en sede de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

    Al respecto, dentro de las manifestaciones realizadas por el mencionado sargento, y dentro de su interrogatorio, "se dejaron entrever claramente ciertos aspectos que llevan a considerar el nexo causal de responsabilidad de éste con los desgraciados hechos acaecidos el día 21 de diciembre de 2023".

    Así, en la elección de la cuerda recogen que, "si bien quedó acreditado que el sargento secundaba ordenes dispuestas por el capitán Zúñiga y el teniente Tato, éste, bajo juramento, indicó que libremente eligió la cuerda guía a instalar --por lo que teniendo conocimiento del peligroso lugar donde se iba a desarrollar, y el tipo de material que estaba utilizando, debió de haber comunicado a sus superiores la suspensión del mismo por la falta de medios y peligrosidad del entorno--".

    Que "si bien había un rollo de cuerda rígida de 200 metros --que obviamente, reforzaría la mínima seguridad que ostentaban los participantes en el negligente ejercicio acuático--, sin embargo, bajo su responsabilidad, optó por instalar las cuerdas menos seguras", a lo que añaden que "está claro que esta acción debía de haber sido cotejada y controlada por su cadena de mandos, pero él no sólo incidió en que no se ejecutara de un modo correcto, sino que desde su inicio mostró elementos de desprecio a la vida de cuantos pudieran necesitar una mínima ayuda, pues conocía perfectamente que la cuerda que instaló no era garante de seguridad ni para una sola persona por sus características técnicas".

    En la elección del lugar de celebración del ejercicio, señalan que "el sargento en la misma declaración manifestó que el lugar de celebración de ejercicio en el pantano, así como 'las encinas' donde se ató la cuerda, fueron elegidas por él"; que "fue una actividad realizada bajo su total responsabilidad, puesto que la orden que recibió por el teniente Tato fue que la pusiera en un sitio que cubriera, que bien podría haber sido en un lateral del pantano artificial por ser mucho más accesible a los miembros del PBI", pero, "de nuevo mostrando una actitud totalmente negligente y despreciativa en relación a las vidas de los participantes, optó por el lugar más dificultoso".

    Igualmente, apuntan que "este hecho debió de ser controlado por su cadena de mandos, pero recae responsabilidad en el mismo, pues siendo conocer de la dificultad, condiciones atmosféricas y grado de instrucción de los soldados, así como que también tiene la prerrogativa de mandar sobre la tropa por el rango de su empleo, optó por el mismo".

    También, los abogados remarcan que "estos hechos son corroborados por diferentes testigos, como un cabo, quien le indicó mientras lo transportaba junto al material en una camioneta que lo que iba a hacer era una locura; el teniente Tato, quien tras ver la instalación de la cuerda le indicó que no lo veía, y el mismo capitán Zúñiga, que en una conversación vía 'WhatsApp' comentaron: 'Capitán, esperemos que no tengamos que ir al rescate', respondiendo el capitán: 'Esperemos que no'".

    Por tanto, subrayan que "la temeridad antes de realizar el ejercicio era conocedora por parte de los que tenían mando sobre el personal de instrucción", de manera que "si se hubiera tomado la decisión acertada de no realizar este ejercicio a no cumplir las medidas óptimas para ello, estas muertes se hubieran evitado", defienden, considerando que "se dan, más que justificados, elementos que relacionan al sargento con la comisión de un delito que debe ser investigado por el Juzgado".

    Fuente:viva cordoba.es

    martes, 11 de junio de 2024

    Los médicos de Córdoba temen «un verano duro» en atención primaria ante la falta de profesionales

     Sala de espera del centro de salud de la avenida de América ÁLVARO CARMONA

    Fuensanta, Levante y Castilla del Pino en la capital y los pueblos de pequeño serán los que tengan más problemas

    El SAS contratará a 444 profesionales sanitarios en la provincia de Córdoba desde este sábado 1 de junio


    Se aproxima el verano y con él los sindicatos temen un momento de dificultad para la atención primaria. A falta de tres semanas para que comience julio y con él el período vacacional, lo cierto es que la Junta de Andalucía todavía no ha definido el programa de contrataciones de profesionales que suplan a los que están de descanso y los representantes de los trabajadores insisten en que no será suficiente para garantizar una atención digna en muchos puestos.

    La estimación de los sindicatos se basa en lo que ha sucedido en otros años, porque la Consejería de la Salud todavía no les ha comunicado la política que aplicará,

    Es lo que cree la responsable de Sanidad del sindicato CSIF en Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, que admite que habrá «pocas suplencias y plantillas bajo mínimos». Para ella, en este verano sólo mantendrá su contrato este verano 255 profesionales de los refuerzos que se contrataron para atender el pico de demanda que se creó durante la pandemia de Covid.

    Cierre

    «Es totalmente insuficiente para responder a todas las necesidades en los centros de salud y hospitales de la provincia», resaltó. Como los demás, dio por hecho que entre el 1 de julio y el 15 de septiembre los centros de salud de Córdoba y provincia estarán cerrados por la tarde.

    No quedarían los pacientes desatendidos, porque podrían acudir a los servicios de Urgencias, que en Córdoba capital son los de avenida de América, Castilla del Pino y el hospital Reina Sofía, pero eso también supondrá que estarán más saturados.

    FUENTE; LUIS MIRANDA, ABC DE CÓRDOBA

    El juez imputa a la cadena de mando por la muerte de dos soldados en unos ejercicios en Cerro Muriano

     

    Un ramo de flores en la orilla del embalse donde fallecieron dos militares durante un ejercicio en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba).© Rubén Somonte (EL PAÍS)

    El Juzgado Togado Militar Central Número 2 ha acordado investigar a cuatro mandos de la Brigada Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León, el pasado 21 de diciembre mientras realizaban maniobras en un embalse de la base de Cerro Muriano (Córdoba). Se trata de dos coroneles, el que ostentaba la jefatura del regimiento de Infantería La Reina número 2 cuando se programó el ejercicio y el que lo había sustituido en el mando cuando este se ejecutó; del teniente coronel que dirigía la plana mayor de la unidad en el momento en que se aprobó el plan de instrucción de los reclutas y del comandante que ejercía estas funciones el día del accidente. Todos ellos integraban la cadena de mando del regimiento.

    El titular del Juzgado Togado militar número 21 de Sevilla, que investigó inicialmente el caso, ya apreció responsabilidad por omisión del deber de vigilancia de estos cuatro mandos, que “debían autorizar y supervisar el ejercicio, lo que no se hizo por ninguno de ellos”. Sin embargo, el juez de Sevilla no pudo imputarlos porque la competencia para investigar a los militares de empleo igual o superior a comandante corresponde en exclusiva a los juzgados togados centrales, lo que le llevó a inhibirse en favor del juzgado central, que finalmente ha asumido la investigación.

    Estas cuatro imputaciones se suman a las del jefe de la compañía, el capitán Ignacio Zúñiga, y dos de sus subordinados: el teniente Jaime Tato y el sargento Gustavo Álvarez, como presuntos responsables de dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte, equivalentes al homicidio imprudente. La investigación ha acreditado que los soldados fueron sometidos a un ejercicio consistente en cruzar un embalse artificial por una zona por la que no se hacía pie, cargados con todo su equipo de combate y con las aguas extremadamente frías, sin que se adoptaran las mínimas medidas de seguridad: ni existía una cuerda tensa que sirviera como línea de vida, ni existían embarcaciones ante una emergencia, ni las mochilas eran estancas. Lejos de flotar, se hundieron; y algunas de ellas llevaban como sobrepeso minas inertes de 3,5 kilos. Además de los dos fallecidos, otros dos militares requirieron atención médica por hipotermia.

    En sus primeras diligencias, el juez togado ha acordado citar como testigos a 34 militares (27 soldados, seis cabos y subteniente), así como a cinco peritos (la mayor parte forenses), un teniente médico, un comandante enfermero y un guardia civil, así como encargar varios informes sobre los efectos de la inmersión en aguas frías y el ejercicio militar conocido como “paso de ríos”. También ha anulado las declaraciones que prestaron como testigos los tres primeros imputados.

    Luis Romero, abogado de la familia del soldado Carlos León, ha destacado la importancia de aclarar la responsabilidad de toda la cadena de mando y ha recordado que la acusación particular ya solicitaba su imputación en el primer escrito de denuncia y la ha venido reiterando desde entonces. Inicialmente, el fiscal del juzgado militar de Sevilla se opuso a elevar la investigación a los juzgados centrales por no apreciar indicios de delito en los mandos superiores, pero la Fiscalía ha apoyado finalmente que estos asuman el caso “por razones de eficacia y economía procesales”.

    Fuente: EL PAIS


    sábado, 8 de junio de 2024

    La Diputación de Badajoz investigará la actividad de David Sánchez Pérez-Castejón

     Según ha confirmado ABC, en la mañana de ayer se produjo una reunión del Consejo Social de la universidad y entre los distintos temas abordados se estudiaron los procedimientos vinculados a la mujer de Pedro Sánchez.

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    Fuentes de la universidad confirman a este periódico, que «se trata de una elemental labor de comprobación, dadas las informaciones que en torno a la actividad de Gómez se están conociendo a través de los medios de comunicación».


    Se trata del software que elaboraron gratuitamente tres empresas -Indra, Telefónica y Google- para la cátedra extraordinaria que codirige Begoña Gómez y que la esposa del presidente del Gobierno, presuntamente, registró luego a su nombre.

    El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, dijo ante el Consejo Social , según distintas fuentes, que trabaja «con la máxima transparencia y diligencia para defender los intereses públicos de la UCM». También que pondrá «en manos de los servicios jurídicos» de la Complutense la información que se reciba para así valorar si deben emprender algún tipo de acción legal.

    Hace sólo unos días, la asociación Hazte Oír presentó una querella contra Begoña Gómez por la apropiación de este software. Además, según los querellantes, la esposa de Pedro Sánchez «registró a título personal, en marzo de 2020, la marca que actualmente se utiliza en la Cátedra del Máster de la Universidad Complutense cuyo Convenio fue suscrito en octubre de 2020».

    Sobre el nombramiento de Begoña Gómez al frente de la cátedra, Joaquín Goyache dijo ayer en declaraciones a Telemadrid que «no se firmó con Begoña Gómez, sino con dos instituciones y luego la comisión mixta de seguimiento de la cátedra eligieron o propusieron a la señora Gómez».

    Goyache se refiere a La Caixa y Reale Seguros, que, como desveló ABC, financiaron la cátedra de Gómez con 120.000 euros. Según Goyache, las empresas y dos altos cargos de la UCM propusieron a Begoña Gómez.



    Fuente: ABC