En Moncloa ya tienen atada y prácticamente redactada la medida, muy polémica, que tomará en presidente nada más ser investido.
La estrategia de Pedro Sánchez ha sido siempre la misma: desbordar a la oposición y a la opinión pública traspasando líneas rojas a ritmo de récord de manera que materialmente sea imposible defenderse de todos los ataques a la vez.
Ahora, el líder socialista, consciente de que su investidura será sin duda la más polémica de la democracia por cómo la va a lograr, quiere pasar de pantalla rápido. Para eso necesita algo que acapare el foco rápidamente y ya lo tiene pensado y diseñado: Sánchez va a acometer 'por la fuerza' la renovación del CGPJ.
La única posibilidad de que los planes de Sánchez naufraguen está en Bruselas. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya ha advertido al Gobierno que no van a aceptar "una reforma que conduce al retroceso" en la separación de poderes
En Moncloa saben que se trata de una medida perfecta para desviar la atención porque es evidente que haría correr ríos de tinta por su gravedad, pero al mismo tiempo es de esas cuestiones que no calan en la calle, que muchos no entienden y, por lo tanto, no hace demasiado daño a la imagen ni a la reputación del Gobierno.
Es más, piensan que es "defendible" ante la opinión pública con el argumento de que es absolutamente necesario renovar el CGPJ tras cinco años de bloqueo y que no queda otra que esquivar al PP que en este asunto "incumple la Constitución", como reiteran una y otra vez desde el PP.
Pedro Sánchez, este viernes en su foto histórica con Bildu.
Si algo ha demostrado Sánchez estos años es que es un magnífico estratega. Como un ajedrecista de la política, mientras todo el mundo se ocupa de la amnistía, él ya está pensando en el siguiente movimiento. De hecho, el asalto al CGPJ está ya en el horno e incluso ha preparado de manera discreta el terreno con la ayuda de uno de sus principales aliados: el Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido a la cabeza.
De hecho, tal y como adelantó El Mundo, una reciente sentencia del TC sobre un recurso de Vox deja sentadas las bases a un posible asalto al CGPJ abordada por la mayoría Frankenstein y excluyendo al partido más votado, el Partido Popular.
Eso requeriría de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar un punto: el nombramiento de 12 de los jueces que ahora corresponde al Poder Judicial pasaría a ser potestad del Congreso y por una simple mayoría absoluta.
Según dice el Constitucional en esa sentencia, "no existe una definición constitucional excluyente del sistema de nombramiento de los vocales del CGPJ, siendo posible, dentro del marco constitucional, que la propuesta para su nombramiento proceda en todo o en parte del Congreso o del Senado".
Sánchez, consciente de que su investidura será sin duda la más polémica de la democracia por cómo la va a lograr, quiere pasar de pantalla rápido. Para eso necesita algo que acapare el foco rápidamente y ya lo tiene pensado y diseñado
En otras palabras, un cheque en blanco a Sánchez para que pueda renovar el CGPJ ignorando al PP. Ya tiene el aval del TC para acometer ese nuevo disparate democrático que dejaría la separación de poderes en algo poco más que simple retórica.
Eso sí, la reforma de la ley claramente va contra las exigencias en esta materia de la Unión Europea que piden que sean los jueces y no los parlamentos los que elijan a la mayoría del gobierno de los jueces, al CGPJ.
De hecho, la única posibilidad de que los planes de Sánchez naufraguen están en Bruselas. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya ha advertido al Gobierno que no van a aceptar "una reforma que conduce al retroceso" en la separación de poderes y que incluso acudirían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitarlo.
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