Los turbios negocios del marido de Gámez que investiga el juez de los ERE

 

María Gámez junto a su pareja Juan Carlos Martínez.

La dimisión de la directora de la Guardia Civil tras citar a su marido como investigado por malversación y blanqueo de capitales, se suma a los muchos escándalos de corrupción del PSOE.

El marido de la que desde ahora es exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, estaba totalmente acorralado por la justicia y este miércoles todo ha estallado con su citación como investigado y la dimisión de la socialista. Los negocios de Juan Carlos Martínez, presuntamente fraudulentos utilizando fondos públicos de la Junta de Andalucía estaban el foco del juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso de corrupción de los ERE fraudulentos que ahora lo ha llamado en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales.

La causa hace referencia a los fondos transferidos por Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos, como presidente de la ya extinta empresa jienense Santana Motor, ubicada en Linares, y en la que la Administración andaluza participó, en beneficio de su propia empresa Experience Management Group.

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Así figura en dos autos emitidos los días 22 de febrero y 16 de marzo por el Juzgado de Instrucción  de Sevilla, incluyendo el primero de ellos la exposición de que Experience Management Group, según las pesquisas, habría transferido fondos "a otras empresas gestionadas por los hermanos" Martínez, "en concreto a la sociedad Be Make Create, titularidad de Manuel Martínez; y en favor de la sociedad Job Management Liberty, "titularidad de Juan Carlos" Martínez, "quien además habría de sido directivo de INCUBA, SOPREA y de FAGIA en 2010 y 2011".

El marido de la directora de la Guardia Civil ganó 123.000 euros con la Junta

 

El caso Santana Motor ha sido otro de los escándalos de corrupción del PSOE-A, en el que se busca el paradero de los 36,1 millones de euros que se otorgó a la empresa automovilística a través de ayudas, incluso días después de su cierre. También dentro de la misma se cuestionó el enriquecimiento del marido de Gámez, que recibió 123.786 euros en poco más de un año, entre enero de 2010 y junio de 2011, del Gobierno andaluz. Fue mediante los tres contratos que fue encadenando como asesor en empresas públicas, dos de las cuales fueron extinguidas y absorbidas por otras sociedades meses después.

Aunque Juan Carlos Martínez estaba dentro de la Junta antes de llegar a estas empresas públicas. Había sido asesor del exministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, del exconsejero andaluz Francisco Vallejo y del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, bajo el mandato de Manuel Chaves.

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esdiario

María Gámez dimite como directora de la Guardia Civil tras la citación judicial de su marido en una pieza de los ERE

 Un reciente informe de la UDEF aprecia un "lucro injusto" de su esposo a través de una sociedad en el caso Santana

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su renuncia esta mañana al ministro del Interior porque su marido ha sido citado en un procedimiento judicial, según ha anunciado la propia Gámez en una declaración pública. La imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, se ha producido por parte de un Juzgado de Sevilla en una de las piezas del caso ERE, la pieza referida a la empresa Santana.

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María Gámez, que ha hecho una declaración acompañada de la cúpula de la Guardia Civil, ha justificado su renuncia al cargo "tras haber tenido conocimiento" de que su marido "ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial".

El proceso judicial al que se refiere la ya exdirectora general de la Guardia Civil está en el Juzgado número 6 de Sevilla, cuyo titular es José Ignacion Villaplana, quien investiga los pagos de la Junta de Andalucía a una empresa de uno de los hermanos de Juan Carlos Martínez, marido de Gámez, durante los años 2009, 2010 y 2011.

Recientemente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entregó en el citado Juzgado un informe sobre presuntas irregularidades cometidas en la concesión de préstamos por parte de la Agencia IDEA a la empresa Santana Motor, que recibió unos 36 millones de euros en créditos y cerró en 2011.

LUCRO INJUSTO DEL MARIDO DE GÁMEZ, SEGÚN LA UDEF

En el atestado policial aparece citado en 19 ocasiones el nombre del marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez, quien fue jefe de gabinete del exconsejero de Obras Públicas Francisco Vallejo y director de gabinete del exconsejero Gaspar Zarrías, ambos del PSOE.

Según el citado informe, los investigadores aprecian un "lucro injusto de este exasesor político" a través de una sociedad y apunta, además, a un supuesto "mecanismo de retribución por la concesión de fondos públicos".

La dimisión de María Gámez coincide también con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias del cuerpo policial y con el 'caso Mediador', afectando a dos generales retirados, Pedro Vázquez Jarava y Francisco Espinosa Navas, este último en prisión por las mordidas en las que también está imputado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.

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La exdirectora de la Guardia Civil será sustituida por la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes Fernández, de profesión periodista, quien lleva en el cargo desde el 31 de marzo de 2021, según las fuentes consultadas.

DIMITE PARA "PROTEGER A SU FAMILIA Y A LA GUARDIA CIVIL"

María Gámez, por su parte, ha calificado la decisión que ha adoptado de dimitir de "difícil" pero considera que es la única posible para lograr dos objetivos "irrenunciables" para ella: proteger a su familia y a la Guardia Civil.

Ha precisado que toma la decisión, sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también la de su marido, por "principios, honestidad y responsabilidad".

"Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto", ha argumentado, añadiendo que no va a permitir "ni por asomo" que alguien pueda utilizar la circunstancia personal de su marido para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni tampoco al Gobierno de España del que "tan orgullosa" ha formado parte". "Ninguno de ellos lo merece", ha exclamado.

La ya exdirectora de la Guardia Civil ha recordado que, desde que llegó al cargo en enero de 2020, ha guiado su actuación bajo los principios de "diálogo y busqueda de consenso". Considera, en este sentido, que ha generado "una ética de trabajo destinada única y exclusivamente a la eficacia y al merjor servicio al ciudadano".

Ha destacado las capacidades, sacrificios y desvelos de las mujeres y hombres que componen la Guardia Civil y el "enorme privilegio" de haber recorrido ese camino con ellos: "Aunque no pueda en este acto agradecerles individualmente su entrega, valor y dedicación sí quiero, al menos que quede constancia del reconocimiento y admiración profunda que siento por este cuerpo".

También ha querido dar las gracias, por su confianza, al presidente del Gobierno, al ministro del Interior, a la de Defensa y a todo el equipo directivo y de mando de la Guardia Civil y dice abandonar el cargo "satisfecha de lo que ha conseguido y orgullosa de haber puesto" su granito de arena para que la Guardia Civil continúe como una de las instituciones más valoradas y queridas por la ciudadanía española.

María Gámez sustituyó a Félix Azón al frente de la Guardia Civil en enero de 2020, ambos con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Anteriormente, fue subdelegada del Gobierno en la provincia de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de Málaga,

    ECD

Llarena rechaza el recurso de la Fiscalía y no reclamará a Puigdemont por desórdenes públicos

Aplica a los huidos la malversación agravada y les recuerda que su inmunidad europea no rige en España.

 El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha desestimado todos los recursos planteados por acusaciones y defensas contra el auto del pasado enero en el que aplicó a los huidos del 'procés' la reforma del Código Penal que suprimió la sedición y reformó la malversación. El instructor del 'procés' se ratifica en que no procesará a los prófugos por desórdenes públicos, como le había pedido la Fiscalía, al considerar que los incidentes en Cataluña en el otoño de 2017, por los que estaban acusados de sedición, no pueden quedar absorbidos en ese delito y sí en el desobediencia.

El juez mantiene contra Carles Puigdemont, Antonio Comín y,Lluis Puig la malversación más dura sin que quepa la rebaja 'a la carta' con la que en diciembre se quiso contentar a los socios independentistas del Gobierno horas antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Llarena descarta que los hechos encajen en el tipo atenuado planteado en la reforma, mientras que los hechos referidos al derogado delito de sedición sólo encajan ahora en el delito de desobediencia.

Frente a lo alegado por las defensas de Puigdemont y Comín, que consideran contrarias a su inmunidad como parlamentarios las órdenes nacionales de busca, captura e ingreso en prisión dictadas contra ellos, el auto recuerda que el tratado de la UE, respecto a la operatividad de la inmunidad en territorio español, les atribuye los privilegios reconocidos a los miembros del Parlamento nacional.

Añade que, puesto que los recurrentes fueron procesados por auto de 21 de marzo de 2018, la inmunidad que alcanzaron el 13 de junio de 2019 con ocasión de su proclamación como miembros electos del Parlamento Europeo, no impone la solicitud de suplicatorio para la adopción de las medidas adoptadas. Sin perjuicio, explica el juez, que en la hipótesis de que en un futuro los procesados fueran materialmente privados de libertad en España, si se llegara a considerar justificado y eficaz mantener su prisión más allá del tiempo preciso para recibirles declaración, no se excluiría (tal y como el TJUE contempla) la autorización de asistir a las distintas reuniones parlamentarias, siempre que no se hubiera suspendido su inmunidad.

También descarta el argumento de los recurrentes de que la existencia de un procedimiento en el Supremo y otro en el Tribunal de Cuentas vulneraría el principio 'non bis in ídem', que impide ser sancionado dos veces por los mismos hechos.

Ante el Tribunal de Cuentas

El instructor explica que el procedimiento de responsabilidad contable únicamente analiza los supuestos en los que el encargado de unos fondos públicos está obligado a retornarlos, sin derivarse de ello ninguna sanción por su comportamiento que, en los supuestos de dolo o culpa, será ventilada en el procedimiento penal o, en su caso, disciplinario. Mientras que el procedimiento penal, cuando proceda su iniciación, analizará la actuación que motivó cada saldo deudor en la cuenta de fondos públicos, sin entrar a decidir la obligación de retorno y su importe, por corresponder a la jurisdicción contable. Es decir, que los dos procedimientos se complementan, pues mientras uno analiza si el funcionario es merecedor de sanción por su comportamiento, el otro sólo vela porque no se produzca un vaciamiento injustificado de los fondos públicos y que estos sean finalmente reintegrados.

Francisco Martínez: "Desde 2013 Interior consideró el independentismo como una amenaza contra el orden constitucional"

 

El 'número dos' de Jorge Fernández Díaz participó en reuniones de seguimiento de las fuerzas de seguridad contra lo que denomina "una amenaza al orden constitucional que pasó a ser de primera magnitud" en las que asegura que no estuvo el comisario José Manuel Villarejo.

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, durante una comparecencia en el Congreso. EFE.

La denominada operación Cataluña, la presunta utilización de medios del Estado para un espionaje a líderes independentistas en beneficio del Gobierno de Mariano Rajoy, vuelve a estar en el candelero. El PSOE quiere que se aborde en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados si ésta existió. Por otro lado, un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por supuestamente investigarle junto a otros objetivos. Otras personalidades catalanas, como el exconsejero de Economía Jaume Giró, han visto abierta la posibilidad de que un juzgado investigue si fueron espiados por el Gobierno en una campaña para desestabilizar al independentismo. También han presentado sus querellas ante el mismo juzgado que admitió la querella de Rosell aportando declaraciones públicas de Villarejo y anotaciones de sus agendas como indicios.

A las reuniones de coordinación asistieron los DAO de Policía y Guardia Civil, y miembros de la Comisaría General de Información y el Servicio de Información de la Guardia Civil, pero el que no estuvo jamás fue Villarejo

 

 

En dichas querellas se da por hecho que «a partir del año 2012 y en años posteriores, coincidiendo con el importante auge del movimiento independentista catalán, varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, incluso determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de operación Cataluña«.

El Independiente se ha puesto en contacto con Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad o número dos del Ministerio del Interior desde 2013 hasta 2016, quien, rompiendo su silencio, ha autorizado a dar su versión sobre el asunto por primera vez fuera de sede judicial o parlamentaria.

Martínez sostiene que entre finales de 2012 y principio de 2013 -cuando él pasó a ocupar el cargo de secretario de Estado procedente del Gabinete del Ministerio de Fernández Díaz, que dirigía- «existía una estrategia en el ámbito de la Inteligencia policial o de la información para frenar cualquier amenaza de graves delitos contra el orden constitucional y esta amenaza (el independentismo) pasó a ser de primera magnitud».

Después de la Diada de 2012 es cuando el Gobierno tuvo «conciencia del salto cualitativo» que había dado el independentismo y se entendió que ya no se estaba ante un problema político, sino de Estado». Martínez revela que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en dicha estrategia, liderados por los Directores Adjuntos Operativos (DAO) de ambos cuerpos, Eugenio Pino y Cándido Cardiel Ojer, coordinados por el propio Martínez, elaboraron informes de evaluación de esa amenaza que entregaban de forma periódica al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Igualmente, afirma que se mantuvieron reuniones de coordinación en el Ministerio del Interior para abordar los avances de dicha estrategia contra «la amenaza del independentismo catalán».

«El ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) recibía informes de evaluación de esa amenaza independentista»

«Asistieron a dichas reuniones los DAO (directores adjuntos operativos) de Policía y Guardia Civil, miembros de la Comisaría General de Información y del Servicio de Información de la Guardia Civil. Yo asistí a algunas y el que no estuvo jamás en esas reuniones fue Villarejo», recuerda Martínez. «Unas veces Pino le pasaba la información al director de la Policía, Ignacio Cosidó, en ocasiones también a mí y otras era Cosidó quien me la pasaba a mí», asegura.

El ex alto mando de Interior diferencia entre la mencionada estrategia para recabar información «dirigida a la prevención de delitos, porque la prevención también es una función policial» y la que se hiciera por parte de la Policía Judicial una vez se encontrara algún tipo de actuación sospechosa de ser delictiva. También de la que llevara a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la que asegura no haber estado informado.

Lo que deja claro el ex secretario de Estado es que el papel de Villarejo fue bastante marginal en dicha estratégica, que, dice rotundo, nunca se conoció en el Ministerio como ‘operación Cataluña’. El ex comisario nunca informó a la cúpula de Interior de la filtración de un borrador de informe de la UDEF justo unos días antes de las elecciones que se celebraron el 25 de noviembre de 2012 y en las que CiU perdió 12 escaños. Según Martínez, Villarejo tampoco intervino en el descubrimiento de una cuenta que la familia Pujol tenía en la Banca Privada de Andorra (BPA), información que acabó con la carrera política del histórico líder de CiU y ex presidente de la Generalitat.

El ex numero dos de Interior abre la puerta a que, en el marco de dicha estrategia de información o prevención policial ante la amenaza que suponía el independentismo se «emplearan los instrumentos habituales del trabajo policial en el ámbito de la Información, como seguimientos en espacios públicos, no en domicilios ni sedes de partidos políticos», o se contactara con «colaboradores o informadores que podían ser desde personas del propio mundo independentista o mossos d’esquadra, algo que es totalmente legal y necesario», defiende, pero nunca que se «pincharan teléfonos porque dicha acción requiere un mandamiento judicial». Como reconoció en sede parlamentaria la propia ex directora del CNI, Paz Esteban, el servicio secreto intervino, con autorización judicial, dieciocho teléfonos de líderes independentistas. Entre ellos, el del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

«No se pincharon teléfonos»

En la querella presentada recientemente ante los Juzgados de Madrid por parte del exconsejero catalán Giró, su defensa, que ejerce el letrado Jordi Pina, expuso que «el 6 de noviembre de 2012 tuvo lugar una reunión entre el comisario de Policía Nacional D. José Manuel Villarejo (ahora jubilado) y la entonces presidenta del Partido Popular catalán, Sra. Alicia Sánchez-Camacho, en el domicilio de esta última. Nótese que dicha reunión tuvo lugar pocos días antes de las elecciones del Parlamento de Catalunya, que tuvieron lugar el 25 de noviembre de ese mismo año». La querella, consultada por este diario, se basa en una información publicada en el digital El Món sobre dicho encuentro y un audio de éste en el que la diputada del PP «facilitó al comisario una auténtica ‘lista negra’ de personas que debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo, sin que tuviera conocimiento o la más mínima sospecha de que por parte de las mismas se hubiera realizado hecho delictivo alguno que pudiera, en su caso, justificar el inicio de una investigación policial», se afirma en el escrito en representación de Giró.

El número dos de Interior admite que se pudieron producir seguimientos, «pero nunca pinchazos telefónicos»

Según el audio, Villarejo habría anotado a mano los nombres y teléfonos que le facilitó la dirigente política, entre ellos el del exconsejero y ex ejecutivo de la Caixa. Para la defensa del político catalán, «la gravedad tanto de la grabación de la conversación entre Villarejo y Sánchez-Camacho como de las anotaciones realizadas en las agendas del comisario (en las que se hacía expresa mención a Dolores de Cospedal, a quien la Sra. Sánchez-Camacho denomina ‘la jefa’), se ve incrementada en la medida en que pone de manifiesto el conocimiento de la operación Catalunya por parte de altos mandos policiales y cargos políticos del Gobierno español, que también formaban parte de dicha trama delictiva». La querella también se dirigió contra la propia Cospedal y contra Francisco Martínez.

«Me he enterado ahora de esa reunión de Villarejo con Alicia Sánchez, al parecer, donde ella le da una serie de nombres y me parece muy confuso. Ni siquiera sabía que Villarejo tenía relación con ella. Eso sí que me descuadra en el contexto de actuación del Ministerio porque ella ni era miembro del Gobierno ni ocupaba cargos en el mismo. ¿Por qué se reúne con ella y le da una lista de gente, si es que eso es verdad? No encuentro una explicación», afirma el ex secretario de Estado de Seguridad, quien deja abierta la posibilidad de que hubiera otra vía política de investigación al independentismo en paralelo a la estrategia policial de prevención que él reconoce en la que no cree que estuviera Fernández Díaz pero no puede descartar la implicación de otras personas, como Cospedal, aunque tampoco le consta.

Respecto al conocimiento de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy sobre los trabajos de «inteligencia o información policial legales» alrededor del independentismo que veían como una amenaza, sitúa indudablemente a Fernández Díaz como conocedor de los pasos policiales. «Recibió informes en su mesa de esa amenaza al orden constitucional. Como las hubiera recibido cualquier ministro del Interior en esas fechas», sostiene.

Y sobre otras personas que pudieran estar informadas dentro del Ejecutivo, afirma que estarían al corriente aquellos «a quienes quisiera informar el ministro del Interior». «Lógicamente de la vicepresidenta dependía el CNI, con lo cual tendría lo que le diera el CNI y del presidente dependían todos, así que tendría la información que pidiera y que le dieran. Pero no me consta que hubiera reuniones monográficas del Gobierno para hablar específicamente de Cataluña, al menos en las que yo participara», zanja.

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Ana Oramas.

Oramas: “El ambiente es irrespirable desde la llegada de Podemos y Vox"

La diputada de Coalición Canaria hace balance de sus 15 años en el Congreso a falta de dos para su salida, que en buena parte justifica por la situación de crispación entre los políticos

  

La diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas afronta sus últimos dos meses en el Congreso después de 15 años, pero le dará tiempo a vivir una nueva moción de censura, promovida precisamente por Vox, el partido al que, junto a Podemos, culpa “fundamentalmente” de su sensación de que “el ambiente se ha vuelto irrespirable” en la Cámara Baja.

Deterioro del parlamentarismo

Así lo expuso en una entrevista en Servimedia, en la que mencionó ese deterioro del parlamentarismo como una de las razones de su marcha. “Llevo 15 años en la política nacional y el ambiente se ha vuelto irrespirable. He estado con gobiernos en minoría, del PSOE, del PP, de mayoría absoluta, y yo ya, con mi forma de ser y mi forma de trabajar, este ambiente tóxico e irrespirable no me motiva para para seguir en la política nacional”.

La petición de su partido, CC, de que le apoye con su presencia en el archipiélago, y circunstancias familiares, son los otros motivos de su regreso tras década y media en el Congreso, de la que se enorgullece, ante todo, de haber logrado blindar en el Estatuto de Autonomía de Canarias el Régimen Económico y Fiscal y la pertenencia a la comunidad de sus aguas circundantes, de forma que ningún Gobierno de España podrá legislar sobre uno u otras sin la aquiescencia del Ejecutivo autonómico.

“la política era en el Hemiciclo” y “el debate estaba allí dentro”, con intercambios “durísimos, pero sin faltar al respeto, ni tomar el pelo, ni insultos”

Cuando se le pide que abunde en este diagnóstico de declive del parlamentarismo, Oramas rememora, por un lado, que hace tiempo “la política era en el Hemiciclo” y “el debate estaba allí dentro”, con intercambios “durísimos, pero sin faltar al respeto, ni tomar el pelo, ni insultos”.

Ahora, sin embargo, “con la aparición de las redes sociales y de la inmediatez de las redes sociales y los medios digitales, y que la gente ya no tiene capacidad de nada de más de diez segundos, los periodistas no siguen el Pleno” y “lo más importante es lo que dice el ministro o el portavoz en el pasillo o en el patio". "La anécdota, el insulto... No lo que se está debatiendo dentro”, indicó.

Los extremos

Finalmente, Oramas lamentó que, en un momento determinado, se quebraran las relaciones personales entre diputados de partidos distintos, que pasaron a verse como enemigos. Y, a la hora de asignar culpas, lo tiene claro: “¿Cuándo se rompió todo, la relación personal, y las relaciones políticas (se volvieron) broncas y se montó el espectáculo del Congreso? Pues con la llegada de Podemos y de Vox fundamentalmente”. Con la contribución, también, del “tema catalán”, respecto al cual recordó que el exportavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ya advirtió al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de “lo que podría pasar”....

...“tema catalán”, respecto al cual el exportavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ya advirtió al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de “lo que podría pasar”

De Podemos dijo que “han venido a cambiar la política a peor”, por su “crispación”, su “insulto al contrincante” y “esa intolerancia” al otro. Y de Vox comentó que “representa la intolerancia absoluta al que es distinto”, además de la eliminación de las comunidades autónomas y que “otra vez un funcionario siniestro en Madrid, en un despacho, decidiera si un colegio se tiene que hacer en Santa Cruz de Tenerife”.

Oramas imputó a Vox “mentiras intoxicando a la gente, diciendo que nos invaden, que nos quitan los puestos de trabajo, que nos quitan las ayudas sociales”, cuando “no es la realidad, el odio y el rencor al diferente”.

Moción de censura

“Por eso digo que esa moción de censura de Vox, que está basada en engañar a la gente con vídeos falsos, con el odio, con el rencor al diferente... no es la sociedad que queremos que España. Una sociedad que siempre ha sido tolerante. Esa moción de censura es solamente para difundir esas ideas racistas, xenófobas, homófobas, intolerantes”, sentenció la diputada respecto al evento parlamentario que se dirimirá este martes y miércoles, para el que recomendó -antes que ERC- que todos los portavoces lo liquiden lo más rápido posible renunciando a hacer uso de su turno de palabra.

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ESDIARIO

Page, Lambán, Puig y Armengol le dan plantón a Sánchez en el Comité Federal

 

Los secretarios generales del PSOE en Castilla-La Mancha, de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de Baleares han sido los grandes ausentes de la cita del PSOE este sábado

Los secretarios generales del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; de Aragón, Javier Lambán; de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y de Baleares, Francina Armengol, han sido los principales ausentes al Comité Federal del PSOE que se está celebrando este sábado en Madrid.

Lambán no ha acudido al acto del PSOE, convocado para ratificar las listas municipales y autonómicas para los comicios del 28 de mayo a causa de un imprevisto familiar, según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón.

Lambán no confirmó asistencia

Sin embargo, desde la dirección del partido en Ferraz señalan que Lambán en ningún momento llegó a confirmar su presencia en el Comité, máximo órgano del partido entre Congresos.

Por el contrario, García Page sí tenía previsto acudir aunque ha tenido que cancelar sus planes a última hora a causa del fallecimiento de un amigo cercano. De hecho el presidente de Castilla-La Mancha escribió este mismo sábado a primera hora un mensaje de recuerdo al ganadero Daniel Ruiz.

Además, según precisan desde el PSOE, García Page tiene varios actos en la provincia de Albacete durante la tarde del sábado, por lo que el tiempo para acudir a Madrid al Comité Federal era muy reducido.

Puig, de fallas

La dirección del PSOE también estaba al tanto de la ausencia del presidente valenciano Ximo Puig, debido a que Valencia se encuentra en plenas celebraciones de las Fallas. De hecho varios miembros del Gobierno tienen previsto desplazarse a la ciudad una vez termine el Comité. Finalmente, Armengol tampoco ha acudido al Comité, aunque no han trascendido los motivos de su ausencia.
 

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