El Cupo se fija en el entorno de los 1.400 millones, la misma cifra que en la renovación anterior, en 2017, cuando el Estado ha asumido desde entonces 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social.
El Congreso ha aprobado este jueves los proyectos de ley de modificación del Convierto vasco y Convenio navarro, y el proyecto de ley del Cupo Vasco para 2022-2026. Y lo ha hecho en lectura única, con lo que los grupos no pueden participar ni introducir enmiendas. Moncloa y Ajuria Enea han negociado un Cupo de 1.467 millones en 2022, prácticamente el mismo que el del último quinquenio, fijado en 2017. Se ha producido desde entonces un cambio de trascendencia: las pensiones ya no sólo se financian con cotizaciones a la Seguridad Social y el Estado ha asumido 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social vía impuestos.
Esto supondría unos 2.300 millones que debería asumir el País Vasco, por el 6,24% del PIB del Estado que aporta, y que fuentes conocedoras trasladan que no se ha incluido.
Es una transferencia del Estado que beneficia a todos, incluyendo a las comunidades forales, que no han asumido el pago de las pensiones y que tienen las más altas de España, una competencia estatal no transferida.
El Cupo se calcula en base a lo que teóricamente se gasta el Estado en beneficio del País Vasco en competencias no transferidas, a lo que se aplica el citado 6,24%, menos lo que el Estado ingresa del País Vasco menos el déficit. Se renueva puntualmente cada cinco años, y en el intermedio se actualiza según el crecimiento de la recaudación del Estado de impuestos concertados con el País Vasco, mientras las comunidades de régimen común tienen el sistema de financiación autonómica caducado desde 2014. En 2017 también se compensó a País Vasco con 1.400 millones en concepto de lo que alegaba haber pagado de más en la década anterior.
Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli advierten de que con la opacidad del cálculo del Cupo es imposible conocer el detalle de lo que por encima de todo es un acuerdo político. Que se mantengan tanto la cifra como el porcentaje de imputación les parece buena muestra de ello, mientras los gastos del Estado crecen. El peso del País Vasco en el PIB, fijado en el 6,24% en 1981, ha disminuido porque lo ha hecho su población. Pero pesan más los conceptos a los que se aplica el porcentaje que el porcentaje.
Con ese razonamiento, la cuantía debería ser menor, se han asumido más competencias, pero al mismo tiempo que disminuyen algunas, aumentan otras. Ahora no están integradas las políticas activas de empleo, que se instrumentan anualmente como compensación del cupo líquido a pagar al Estado, y se descuentan las prestaciones patrimoniales.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, apunta que "el sistema es totalmente opaco. Cada X años nos dan un único número, la cuantía del Cupo o de la aportación, que en principio corresponde a lo que les toca pagar a las comunidades forales por los gastos comunes que corren a cargo del Estado, pero nunca se publican los detalles de su cálculo o su desglose por conceptos. Por tanto, es imposible saber lo que las Haciendas forales aportan para financiar el déficit del sistema contributivo de pensiones, o cualquier otra cosa. No hay forma de saber por qué pagan y por qué no, o de comprobar si la valoración de las "cargas no asumidas" es razonable. Es imprescindible una mayor transparencia".
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, considera que "los llamados gastos impropios que pone el Estado para pagar las pensiones claro que se deberían pagar vía Cupo. El problema es que no se sabe qué está calculado dentro, está cada vez más troceado, ahora el ajuste por IVA queda fuera, el cálculo de las prestaciones no tributarias no está incluido. Se supone que el sistema común tiene muchos problemas, pero al menos se sabe lo que se hace, aquí, no".
"Las cifras globales te las crees o no te las crees", insiste Zubiri. "No puedes deducirlo. Depende mucho de lo que consideres como déficit, que cambia, no puedes hacer inferencias de una partida que esté o no metida porque las cifras no son comparables. Legalmente, los gastos impropios tienen que estar metidos, la propia metodología lo implica, son un gasto del Estado que debe incluirse, no se considera déficit que pueda restarse", constata, pero también advierte de que "hay muchas partidas en las que hay la legítima sospecha de que deberían estar y no lo están, hay mucho de acuerdo político y no hay una delimitación de qué se considera asumible".
"No necesitan hacerlo público, pueden hacer lo que quieran", remacha.
Nuevos impuestos
En la reforma de estas leyes se conciertan el impuesto al plástico, el impuesto de gases fluorados de efecto invernadero, el de residuos y el de grandes fortunas. Sobre este último se les otorga las competencias de gestión y recaudación de un impuesto estatal que no se prevé que vayan a aplicar. En 2022 no podrían, ya que supondría una retroactividad inasumible, y para 2023 no se le espera. Las únicas regiones a las que no se les aplica.
Una cesión, que han exigido País Vasco y Navarra, preventiva, para evitar que el Estado tenga esta competencia en su territorio, ya que no pretenden aplicarlo, y que subraya su estatus de foco de atracción de grandes fortunas. Cuando se trata de un impuesto que pretende armonizar el de Patrimonio, que tienen más bajo que la media de las comunidades de régimen común, y que pretende recentralizar competencias.
Respecto a los nuevos impuestos a la banca y energéticas, que el Gobierno denomina prestaciones patrimoniales, al no poderse concertar por no considerarse impuestos, se ha acordado financiarles con el 6,24% del volumen de ingresos generados por estas figuras en 2023 y 2024, que se calculan en unos 6.000 millones, y se compensará en los plazos de pago del Cupo.
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