El Pleno del Congreso votó en julio de 2020, justo antes de las vacaciones y empleando la fórmula de la votación secreta, el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado por el que se autoriza a los parlamentarios que han pedido permiso para ello a compatibilizar el escaño con actividades privadas, ya sean el ejercicio de su profesión, la gestión de sociedades de distinta índole, la docencia o la participación en conferencias y seminarios, u con otras de carácter público como ser alcalde o concejal.
Algo similar también se votó en 2017. En ambos casos la medida salió adelante por una mayoría sonrojante con lo que luego cuesta que sus señorías se pongan de acuerdo en asuntos de Estado. Total, que una quinta parte de sus señorías obtuvo el visto bueno para compaginar su escaño con el ejercicio de su actividad profesional o con la gestión de sociedades de distinto tipo. Un beneplácito del que también se beneficiaron en ese momento otros 35 diputados que ocupan cargos municipales (12 alcaldes y 23 concejales).
Es más, en el momento de la votación, apenas 56 diputados declararon no tener ninguna otra actividad o cargo público que simultanear con su escaño. Parecen ser los únicos que tienen en mente el hecho de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se refiere a la labor parlamentaria como una tarea de "dedicación absoluta".
Todos los demás buscan complementos para su, nada despreciable, sueldo que, recordemos, parte de un mínimo de 3.050,62 euros al mes para un total de 14 pagas. Aunque el total percibido puede variar considerablemente en función de las indemnizaciones y complementos que perciban por su cargo. Por ejemplo, la indemnización mensual que varía en función de la provincia en la que han sido elegidos. A los electos por Madrid les corresponden 935,37 euros mensuales, mientras que a los electos por otra provincia se les aumenta la cifra hasta los 1.959,62 euros al mes.
El caso es que Ciudadanos ha levantado la voz ante todo esto. Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, aboga por restringir al máximo las actividades extraparlamentarias de los diputados para que el escaño sólo pueda ser compatible con una reducida lista de funciones:
La enseñanza universitaria.
Impartir conferencias.
Intervenir en medios de comunicación.
Bal sabe muy bien de lo que habla porque, antes de llegar a la política, ejercía como Abogado del Estado. Competencia por la que no puede compatibilizar ninguna otra. Y al recoger su acta de diputado, se sorprendió mucho al observar que de repente tenía "compatibilidad para prácticamente todo el trabajo por cuenta propia". Es decir, "como diputado, puedo montar un despacho abierto al público, por cuenta propia, darme de alta en el régimen de autónomos, y me pongo a llevar pleitos contra el Estado. Es que esto me parece una cosa muy sorprendente", ha denunciado en los últimos días.
El diputado naranja no se quedó ahí, y lanzó un mensaje sin destinatario claro, pero que habrá escocido a más de un colega de hemiciclo: "Yo es que tengo tanto trabajo y me paso tantas horas en el Congreso que creo que ni siquiera esto me daría la vida para poder hacerlo", señaló.
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