Usó indebidamente el 65% de los fondos estatales que recibió en 2017 para gastos de seguridad, según ha constatado el Tribunal de Cuentas
El partido que dirige la ministra Belarra ha tardado más de tres años en devolver el dinero.
Podemos utilizó de forma irregular el 65% de las subvenciones que cobró en 2017 para gastos de seguridad. Se trata de ayudas reguladas por ley, que el Estado abona anualmente a los partidos con representación en el Congreso para que costeen la seguridad de sus cargos y sedes. Pero Podemos se extralimitó en un doble sentido al embolsarse la mayor parte de esa subvención, según ha dictaminado el Tribunal de Cuentas (TCu): por una parte, se quedó con 117.065 euros que en realidad no se gastó, por lo que tenía que haberlos devuelto de inmediato; y, por otra parte, usó otros 112.787 euros para abonar gastos que, en realidad, no están permitidos por la normativa que regula esas subvenciones, según han concluido los auditores.
La ley obliga a los partidos a justificar, cada año, en qué se han gastado la subvención que han recibido para seguridad, a fin de comprobar que se ha utilizado correctamente. Y establece que la parte no consumida debe ser devuelta.
Estas anomalías se han destapado al inspeccionar el TCu las cuentas de Podemos, en el marco de la fiscalización de las contabilidades de los partidos políticos del año 2017, cuyo informe de auditoría acaba de ver la luz. Fue precisamente a raíz de esa inspección cuando el partido que dirige la ministra Ione Belarra devolvió al Estado el dinero que se había embolsado indebidamente con esas subvenciones. Reintegró esos fondos en 2021. Es decir, cuatro años después de haberse aprovechado de ellos de forma irregular, según constata el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas ha hecho público este jueves.
Podemos recibió del Estado en 2017 una subvención de 352.334 euros para costear gastos de seguridad. Pero, según ha constatado el TCu, 229.860 euros se usaron para fines no permitidos por la normativa que regula esas subvenciones.
Aquel año, cuando se produjeron estas infracciones, el partido estaba dirigido por Pablo Iglesias. En junio de 2021 le sucedió Ione Belarra, que también es ministra de Derechos Sociales.
Entre otros extremos, esta auditoría destapa cómo Podemos utilizó indebidamente una sustancial parte de esos fondos públicos para pagar a trabajadores que en realidad no se encargaban de los dispositivos de seguridad que regula la normativa de dichas subvenciones. En concreto, desvió 94.374,88 euros para sufragar el coste laboral de dos empleados que se encargaban de comprobar y actualizar sistemas de seguridad informática y de protección de datos.
También ha detectado otros gastos que no están permitidos en la normativa reguladora de esas subvenciones para seguridad de partidos. Por ejemplo, el TCu afea a Podemos que usara 15.829 euros de esas subvenciones para «la adquisición y alquiler de elementos para la comunicación de actos electorales, alquiler de una UVI móvil y otros servicios auxiliares».
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