Ha citado al Director Adjunto Operativo de la Policía y al inspector jefe del Grupo de la Comisaría General de Información para indagar por qué se encubrió la presencia del líder del Polisario mientras estaba imputado
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior - EP
El juez del caso Gali, el magistrado zaragozano Rafael Lasala, sigue estrechando el cerco al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la operación clandestina que desplegó el Gobierno en abril para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, el saharaui Brahim Gali. El juez ha visto indicios delictivos por prevaricación, encubrimiento y falsedad documental. Para avanzar en la investigación, el juez Lasala ha llamado a declarar al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez. Es el máximo jefe policial en la cúpula del ministro Marlaska. El DAO es el máximo mando operativo de la Policía, situado inmediatamente bajo la dirección política del Ministerio.
La Audiencia Nacional buscaba a Gali por estar incurso en diligencias por genocidio, terrorismo y torturas, entre otros delitos.
Pero, cuando la cúpula policial supo que estaba furtivamente en España, en vez de comunicárselo al juez que lo buscaba, Santiago Pedraz, desplegó un dispositivo de escolta y seguridad para cubrir la entrada y estancia de Gali.
La estrategia del juez Lasala trata de abarcar las múltiples ramas de este caso: alcanzan a los ministerios de Asuntos Exteriores -que coordinó la entrada clandestina de Gali-, Defensa -que colaboró de forma decisiva con el Ejército del Aire, ya que Gali entró de tapadillo por la Base Aéra de Zaragoza- e Interior, que facilitó seguridad y escolta al líder del Polisario, pese a que la Policía hacía semanas que había sido requerida por el juez Pedraz para que localizaran a Brahim Gali en calidad de imputado. Y todo ello, además, con el presidente Pedro Sánchez en el punto de mira, protegido por el hermetismo del que han hecho gala los imputados por esta operación clandestina: el exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, y la entonces ministra Arancha González Laya, que se ha negado a desvelar quién le ordenó en el Gobierno que coordinara la acogida clandestina de Gali.
Hace semanas, el juez tomó declaración al comisario general de Información de la Policía, Eugenio Pereiro. Se le preguntó por la cobertura de seguridad que se desplegó para Gali. Dijo que él supo de la llegada furtiva del líder del Polisario, que se enteró antes de que entrara en España. Cuando se le pidió que explicara quién le informó de ello, Pereiro se limitó a indicar que fue a través de un confidente. También afirmó que lo puso en conocimiento del DAO, su superior y parte destacada en la cúpula policial que depende del ministro Marlaska.
Comprometedoras incógnitas
La explicación abrió nuevas y comprometedoras incógnitas, que es en las que ahora va a incidir el juez Lasala: ¿por qué la Policía, cuando supo que Gali estaba en España, en vez de comunicárselo a la Audiencia Nacional, que lo buscaba desde hacía semanas, desplegó un dispositivo para cubrir la entrada del líder del Polisario? Y, dado el calibre de la decisión, ¿quién fue el máximo responsable de ella? En un oficio tan breve como rotundo, la Comisaría General de la Policía Judicial ha confirmado al juez Lasala, por escrito, que nadie compartió con ellos que Gali estaba en España y que, por eso, no se lo pudieron trasladar a la Audiencia Nacional.
Escasas semanas antes de que Gali llegara a España, la Policía le dijo a la Audiencia Nacional que no habían localizado al líder del Polisario, pero que seguirían pendientes. Sin embargo, cuando supieron que estaba en nuestro país, amparado en el hospital público de Logroño y con una operación diseñada desde el Gobierno, no se lo comunicaron a la Audiencia Nacional.
Esas delicadas cuestiones es sobre las que será preguntado, en calidad de testigo, el DAO de la Policía. Está llamado a declarar ante el juez del caso Gali el próximo 7 de diciembre, en calidad de testigo. El magistrado Lasala le ha dado la opción de comparecer en los juzgados de Zaragoza o por videoconferencia. El mismo día ha sido citado, también como testigo, otro alto mando policial. Se trata del inspector jefe del Grupo de la Comisaría General de Información, subordinado del comisario general Pereiro.
Ese inspector jefe aparece en trámites clave en torno al caso Gali. Intervino en Logroño cuando el líder del Polisario ingresó furtivamente en abril y estaba siendo tratado de Covid, revisó la documentación, accedió al pasaporte falso con el que el saharaui entró en España y ahora tendrá que explicar por qué no se indagó en esa falsedad. Gali se hizo pasar como un supuesto embajador retirado, llamado Mohamed Benbatouche. Curiosamente, ese mismo inspector jefe de Información aparece en un atestado cursado unas semanas antes a la Audiencia Nacional, cuando el juez Pedraz pidió que le localizaran a Gali.
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