El descontento general se traduce en movilizaciones de trabajadores, estudiantes y pensionistas contra la banda de Pedro Sánchez

 

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Los trabajadores del sector del metal durante una protesta. (EFE/Román Ríos.) Frente a la propaganda del “no dejar a nadie atrás”, el descontento se traduce en movilizaciones de trabajadores, estudiantes y pensionistas contra el Gobierno. El malestar popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez sigue aumentando y ya puede verse en las calles. Frente a la propaganda oficial del Gobierno, que repite su eslogan de “no dejar a nadie atrás”, cunden en España protestas, manifestaciones y movilizaciones del más diverso signo que dejan translucir que la situación social dista de ser idílica. Transportistas, agricultores, policías, guardias civiles, funcionarios de la justicia, sanitarios, estudiantes, pensionistas… Sánchez se enfrenta a un otoño caliente que muestra los desajustes económicos post-pandemia, cada vez más preocupantes. Lejos del rebote automático de la economía una vez levantadas las restricciones para frenar la Covid en el que insiste el Ministerio de Economía, la riqueza perdida durante la pandemia no se recupera al ritmo esperado y, por el camino, se han añadido dificultades como el encarecimiento de la energía, subida generalizada de los precios, cuellos de botella en la cadena de suministros y desajustes entre la oferta y la demanda. NAVANTIA, CÁDIZ El primer aldabonazo lo han dado los camioneros. La patronal nacional del transporte ha amenazado este sábado con "parar el país" durante los tres días de paro convocado -del 19 al 22 de diciembre-, y ha invitado a los sindicatos "a sumar", ya que a su juicio pelean "por el sector, compuesto por empresarios y trabajadores". “El sector está harto ya del ninguneo del Gobierno y ha dicho que basta ya”, criticó el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González, que ha manifestado que la protesta se realiza “en la confianza de que de una santa vez pase el Gobierno de las palabras a los hechos”. “En tres días se puede parar el país”, insistía González, que pedía a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que sirva de interlocutora con el sector y el resto de ministerios y que les ofrezca "soluciones y no amenazas de incremento de impuestos", en referencia a las autovías. A los transportistas se sumaban las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que anunciaban nuevas movilizaciones en diciembre ante los problemas que atraviesa el campo, como el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad agraria. Los agricultores y ganaderos auguraban una serie de protestas cuyas fechas se concretarán próximamente, aunque adelantaban que algunas de ellas coincidirán con el paro de los transportistas, previsto del 20 al 22 de diciembre. Las protestas se celebrarán en distintos puntos del territorio nacional y no se descarta una gran manifestación en Madrid con el objetivo de denunciar que la supervivencia de los productores y del medio rural español está en peligro "por una confluencia de motivos", según un comunicado conjunto de las organizaciones. Entre las causas, Asaja, COAG y UPA destacan que los costes de producción se han disparado a niveles "nunca vistos", después de que la energía eléctrica se haya encarecido un 270 % en el último año y el gasóleo que usan los tractores, un 73 %. Además, los precios de los piensos para el ganado han subido un 30 %; los abonos, un 48 %; los plásticos para invernaderos, un 46 %; el agua, un 33 %; y las semillas, un 20 %, según denuncian los productores. Agricultores Además, las organizaciones han denunciado que los consumidores están pagando más caros los alimentos mientras que en el campo siguen sin cubrir sus costes, por lo que han reclamado un reparto "más justo" del valor de los alimentos en la cadena alimentaria. Por otra lado, la huelga indefinida del sector de metal de Cádiz encadena varias jornadas con barricadas, cortes de tráfico y enfrentamientos con la Policía en diversos puntos. El secretario provincial de Industria de CCOO, Juan Linares, presente en la mesa de negociación que ha fracasado después de más de doce horas de reunión en Sevilla, ha lamentado en declaraciones telefónicas a EFE la "mala fe" de la patronal en este encuentro, que "no se ha movido prácticamente nada" en sus posiciones. "Ha sido imposible llegar a un acuerdo", ha afirmado. La ley mordaza ha sido la causa que ha desencadenado las movilizaciones de las fuerzas de seguridad. La mayoría de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han acordado este lunes sumarse a la convocatoria de manifestación en Madrid el próximo día 27 de noviembre para protestar contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, bautizada como ley mordaza. El sindicato policial Jupol y la asociación de guardias civiles Jucil, con mayoría de representantes en cada uno de los cuerpos, fijó para el sábado 27 de noviembre la protesta, si bien el resto de sindicatos, salvo la Confederación Española de Policía (CEP), no se sumó a la cita al considerar que los convocantes, respaldados por Jusapol, no habían consensuado con las otras organizaciones el calendario de protestas. Con todo, este lunes los sindicatos policiales SUP, UFP y SPP, así como las asociaciones de guardias civiles AUGC, AEGC y APC, han acordado adherirse a la protesta del día 27 y, a su vez, concentrarse el día 24 frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Todos las organizaciones coinciden en que la reforma de la ley, actualmente en tramitación parlamentaria, crea indefensión en los miembros de las fuerzas de seguridad. funcionarios de justicia También cunde el descontento entre los funcionarios de justicia. Representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ se concentraban ante el Ministerio de Justicia para reclamar la equiparación salarial de los funcionarios de esta área respecto a los del mismo sector en las comunidades que tienen transferidas las competencias en esta materia. Los sindicatos reclaman que se certifique el acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Justicia el pasado 14 de septiembre, que recogía, entre otras cuestiones, una subida salarial de entre 80 y 195 euros a los cerca de 15.000 funcionarios de Justicia de las comunidades que no tienen transferidas las competencias en esta materia. Se trata de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El sector de las peluquerías y la estética también emprenderá desde el próximo miércoles nuevas acciones de protesta por la negativa del Gobierno a bajarles el IVA al 10 % y han programado encierros nocturnos semanales, ha comunicado este lunes la Alianza creada por el colectivo. Este encierro nocturno comenzará a las 19.00 horas en todas las localidades que finalmente se sumen a la jornada de lucha y se mantendrá durante toda la noche hasta el inicio de la actividad en las pymes al día siguiente, añade la alianza en una nota. Precisa el sector que esta nueva acción de protesta "pretende servir para reunir y concentrar a todos los compañeros que deseen solidarizarse en cada ciudad con la reivindicación de las peluquerías, estéticas y barberías de toda España". También han informado de que han convocado nuevas concentraciones de protesta en Barcelona, Valencia, Zaragoza y Salamanca, en tanto que en Madrid se desarrollará una nueva concentración en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la votación de las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los últimos en anunciar sus movilizaciones son los trabajadores de la industria del automóvil, que se desplazarán el lunes a Madrid en una veintena de autobuses para exigir al Ministerio de Industria que actúe con firmeza ante los cambios que afectan a la cadena de la movilidad, ha informado este jueves CCOO Industria, que explica que quiere llamar la atención sobre la situación que atraviesa el sector por la crisis de los semiconductores, la dificultad en el aprovisionamiento de materias primas, los problemas logísticos y el proceso de electrificación de la movilidad. Las Mareas Blancas piden la dimisión de Darias La Coordinadora Estatal de Mareas Blancas convocará movilizaciones en distintos puntos de España para denunciar "la actual deriva mercantil" de la sanidad pública, que confluirán en una "centralizada" en Madrid a principios de 2022. MAREAS BLANCAS En un comunicado, las Mareas Blancas han criticado el rechazo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a recibir a la Coordinadora tras haber tramitado "múltiples solicitudes", que la plataforma interpreta como "una actitud de exclusión premeditada, no justificable". Además, expresan su preocupación por la futura Ley de Equidad y Universalidad que aspira a derogar la Ley 15/97, al considerar que "camufla" la privatización, que califican como "el mayor cáncer que ha tenido nuestro sistema sanitario público". “No es posible afirmar que se defiende la gestión directa mientras se intenta mantener la versión público-privada, evidente descapitalización del Servicio Sanitario Público patrimonio de la ciudadanía”, destacan las Mareas Blancas, que también requieren información sobre cómo se han invertido invertido los 1.080 millones de euros destinados a la Atención Primaria. En este sentido, la Coordinadora reclama la "tutela y la reversión del desmantelamiento" de la Atención Primaria, que avanza sin freno y a la que consideran como la "estructura nuclear básica del Sistema Nacional de Salud (SNS)". Ante este cúmulo de circunstancias, Mareas Blancas solicita la dimisión de Darias. Movilizaciones estudiantiles El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune) ha aprobado un paro académico estatal el próximo 18 de noviembre, con lo que se suma a las movilizaciones convocadas para protestar contra los dos proyectos de ley de reforma universitaria. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ha informado este martes del acuerdo, que se produce tras la reunión del pleno de este consejo, al que asistieron representantes de estudiantes y el ministro de Universidades, Manuel Castells. En dicho encuentro, los estudiantes trasladaron a Castells su "informe desfavorable" al proyecto de ley orgánica del sistema universitario (LOSU), alegando que "no supone ningún avance" respecto a la Ley Orgánica de Universidades vigente desde 2001. El pleno del Ceune se sumó también a la oposición mostrada a la enmienda que elimina de la ley de convivencia universitaria el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba el proyecto inicial, consensuado con los órganos estudiantiles. Con el rechazo de ambos textos, los principales proyectos normativos del Ministerio que dirige Manuel Castells se quedan sin el apoyo del colectivo universitario mayoritario. Protestas por las pensiones Varios centenares de personas se han manifestado el pasado sábado en diversas capitales españolas reclamando que la Constitución recoja expresamente la prohibición de recortar o privatizar las prestaciones de jubilación, y han criticado la reforma del sistema que propone el Gobierno, al tiempo que han pedido la dimisión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que, "frente a los agoreros", el sistema de pensiones "no va a quebrar" y ha defendido que toca "proteger esta herramienta" y "cumplir el mandato constitucional, que dice que las pensiones han de ser suficientes". En Madrid, en una marcha convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MEBP) que discurrió entre los aledaños de la madrileña Puerta del Sol y la plaza del museo Reina Sofía, cerca de Atocha, varios cientos de manifestantes -1.500, según la Delegación del Gobierno- han gritado consignas en contra de Escrivá, del Ejecutivo en su conjunto y de los grandes bancos. En Barcelona, unas quinientas personas, según la Guardia Urbana, convocadas por la Marea Pensionista, protestaron por la reforma en una marcha que ha discurrido desde la plaza de Catalunya hasta la de Sant Jaume. PENSIONISTAS EN VITORIA En Vitoria, cientos de pensionistas han mostrado su rechazo a las reformas en una marcha en la que uno de los lemas más coreados ha sido "¡Escrivá dimisión!". Ha habido también movilizaciones en San Sebastián y, por la tarde, tendrá lugar en Bilbao. Diversos colectivos se han concentrado también en Valencia en defensa de las pensiones públicas y en contra de los recortes y la privatización, y han criticado la reforma del sistema que propone el Gobierno, al tiempo que han pedido la dimisión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.  Blog de Juan Pardo.