Pedro Sánchez sugiere que indultará a los presos del 1-O: "La revancha no está en los valores constitucionales"

 a formación de gobierno en Cataluña y la inminente entrega por parte del Tribunal Supremo de su informe sobre los indultos a los líderes catalanes del 1-O abren un horizonte complejo, pero trascendental, para el Gobierno. El presidente del Gobierno, una vez se pronuncie el Alto Tribunal, debe decidir si concede esta medida de gracia a los políticos independentistas en prisión. Pedro Sánchez allana el camino y sugiere que la concesión de los indultos es plausible: "La venganza y la revancha no son valores constitucionales", ha defendido desde Bruselas. Aunque la versión oficial es que la decisión "no está tomada", en el Gobierno creen que Pedro Sánchez estaría dispuesto a asumir el coste político de la decisión en su apuesta por "normalizar" la relación con Cataluña. Hace meses que los ministros realizan una suerte de trabajo pedagógico para que la sociedad "naturalice" la posible concesión de los mismo. El propio Sánchez ha sido directo al ser cuestionado sobre los indultos tras participar en un Consejo Europeo extraordinario: "Tengo muy claro que la decisió que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro...". El objetivo que se fija el presidente del Gobierno es "superar una crisis que desgarró no sólo a la sociedad catalana, si no también a la española". Tanto Sánchez como sus ministros evitan fijar posición. Unos aluden a valores como la convivencia o la necesidad de "aliviar tensiones", hablando incluso de "naturalizar" la posible concesión de esta medida. Otros ministros tratan de enfriar el asunto alegando que falta el informe del Supremo y que la decisión "no será inminente". En otros sectores se dice que después de que se pronuncie el Supremo, la decisión no tiene por qué demorarse. Sánchez este martes ha sido bastante más conciso y preciso. "Esos valores constitucionales pesarán en la decisión que tome el Gobierno en su Consejo de Ministros".

A la espera del Supremo

En el Ejecutivo se está a la espera de que el Tribunal Supremo, que fue el tribunal sentenciador, emita su informe -se espera que rechazando la medida- . Su opinión es preceptiva pero no vinculante, como la de la Fiscalía, que ya se ha manifestado en contra. "Cuando tengamos la documentación pertinente adoptaremos la decisión", ha expuesto Montero. Públicamente el Gobierno apuesta por enfriar el asunto, aunque en el seno de la coalición se considera que una vez se pronuncie el Supremo, la decisión no tendría por qué demorarse mucho. "No hay ninguna decisión adoptada. El Gobierno siempre va a velar por el interés general", ha reflexionado Montero cuestionada por los indultos. "Haremos lo que consideremos que es mejor para el interés general de España, cumpliendo con la legalidad vigente y con las garantías de aquellos que han solicitado la medida". El Ejecutivo expone que está obligado a tramitar los indultos, toda vez que hay peticiones que se han registrado en este sentido. Y que el proceso está en marcha y la decisión se tomará una vez el ministerio de Justicia tenga el informe del Supremo. El ministro elevará la cuestión al Consejo de Ministros pero, en todo caso, se trata de una decisión política que en última instancia tomará el presidente del Gobierno.

Acusa al PP de "chantaje"

La relación entre el Gobierno y el PP, que pareció vivir un paréntesis con la crisis diplomática con Marruecos, vuelve a llenarse de piedras y de tensión. La falta de entendimiento tiene bloqueados asuntos como la renovación del Poder Judicial, que exige de un pacto político entre los dos partidos. La formación que preside Pablo Casado encuentra en la posible concesión por parte del Gobierno del indulto a los políticos catalanes un obstáculo más para la negociación que debe renovar el órgano de gobierno de los jueces. El Ejecutivo habla de "chantaje" en esta posición de los populares. La toma de posesión de Pere Aragonès como nuevo presidente de Cataluña reactiva el tema catalán en la agenda política. Como telón de fondo la mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno y, también, la posible concesión de los indultos a los líderes del 1-O. "No hay tomada ninguna decisión", defienden en Moncloa, pese a que la concesión es una opción que se ve posible en el seno de la coalición. Pero en el PP ya avisan de que la concesión de esta medida de gracia, que es prerrogativa del Gobierno, supondría, a su juicio, un obstáculo más para renovar el Poder Judicial. "Ahora parece que el PP lo supedita a otras cuestiones [la negociación del Consejo General del Poder Judicial]. Dependiendo del día, chantajea o condiciona permanentemente", ha expuesto María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo. En el Gobierno consideran que el PP está decidido a bloquear el órgano de gobierno de los jueces, aludiendo a su exigencia de cambiar los criterios de designación: que sean los jueces los que elijan a los jueces y no sean una propuesta de los partidos. "Casado ha dicho que no se va a renovar el Poder Judicial salvo que la designación de los vocales se haga de manea distinta a como se ha hecho en estos años de democracia. Es la misma norma que lleva vigente desde siempre -se instauró en 1985-", defienden en el Gobierno ante la propuesta del PP. "La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren. Lo que antes le parecía bien y nunca cuestionó le sirve de excusa", es la posición del Gobierno en boca de la portavoz Montero. Esta negociación lleva atascada más de un año. Parecía que en un primer momento se avanzaba hacia un acuerdo, pero la llegada de la pandemia, las citas electorales como las de Cataluña o Madrid han congelado el diálogo y han hecho que los partidos vayan matizando sus posiciones.

RAÚL PIÑA,El Mundo