Ese chantaje legislativo a la oposición, y a los 6.000 jueces que hay en España, para que la izquierda se apropiase de la institución a capricho y al margen de cualquier tipo de consenso constitucional, era una perversión de manual
La cacicada parlamentaria diseñada en diciembre por Pedro Sánchez para modificar unilateralmente el sistema vigente de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial va a ser por fin retirada. Ese chantaje legislativo a la oposición, y a los 6.000 jueces que hay en España, para que la izquierda se apropiase de la institución a capricho y al margen de cualquier tipo de consenso constitucional, era una perversión de manual. Era tanto como modificar la Constitución por la vía de los hechos consumados con la prepotencia propia de un Gobierno que concibe el poder de modo omnímodo y autoritario. Ayer, el ministro de Justicia vendió públicamente su iniciativa como un gesto de buena voluntad con ánimo de colaboración con el PP para renovar de una vez por todas el CGPJ. Pero objetivamente no es así. Sánchez planteó un órdago a la democracia y lo ha perdido. Y si el PSOE sopesa retirar ese proyecto del Congreso es sencillamente porque las advertencias de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia han sido taxativas, y porque por primera vez en España más de 2.500 jueces se han rebelado contra una iniciativa pensada para socavar su independencia e imponer un control ideológico abusivo sobre su función jurisdiccional. Y eso, en la Europa de los estados de derecho del siglo XXI, es inviable. Sánchez calculó mal porque es de los dirigentes cesaristas que creen que el poder ejecutivo ha de imponerse sobre cualquier otro. No cree en la separación de poderes y sus modos son los propios de una dictadura blanda. Se le van acumulando los avisos de la UE.
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