El Consejo de Transparencia dio la razón a ABC en una solicitud sobre la entrega de los despachos a los nuevos jueces que vence hoy
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de ABC, ha instado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a informar sobre por qué y quién decidió que el Rey Felipe no acudiera a Barcelona el pasado septiembre para presidir la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, como hace el jefe del Estado cada año.
En concreto La Moncloa debe entregar «copia de la documentación a disposición del Gobierno, cualquiera que su formato, relativa a la decisión adoptada, justificativa o explicativa de la conveniencia de la ausencia del Rey a dicho acto y fecha y órgano que acordó dicha decisión». El dictamen del Consejo de Transparencia fue notificado el pasado 23 de
febrero y daba a Presidencia un plazo de diez días hábiles para atender la petición, un periodo que vence hoy sin que, de momento, Pedro Sánchez haya cumplido con esta obligación legal.
ABC solicitó la información a la Presidencia del Gobierno el 25 de septiembre de 2020, el mismo día que tuvo lugar el acto, rodeado de polémica. Como es habitual en Moncloa, y pese a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Sánchez ni siquiera contestó. Este diario recurrió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha estimado totalmente la solicitud de información.
Resolución estimatoria del CTBG a la solicitud de información de ABC
Durante el proceso administrativo de reclamación de los datos, Presidencia del Gobierno se ha opuesto a revelar los motivos por los que prohibieron al Rey acudir a Barcelona arguyendo que se trata de una documentación que sólo «está contenida en notas entre órganos o entidades administrativas y, por tanto, no se le puede facilitar».
Al CTBG no le vale este argumento, dado que en la petición de ABC, justifica, no hay nada que no esté recogido en la ley de transparencia, al tiempo que afea a La Moncloa que no respondiera a la solicitud «en el plazo de un mes, sin que conste causa que lo justifique».
En el acto, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, expresó su enorme pesar por la ausencia del Rey, que afectó especialmente a los 63 nuevos jueces que ingresaban a la carrera. No en vano la Constitución española dice que «la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial».
Para negar que se tratara de una concesión del Gobierno a los independentistas -la explicación más plausible-, fuentes de La Moncloa intentaron hacer creer que el motivo era que no se podía garantizar la seguridad del Rey. Inmediatamente, sindicatos policiales afirmaron sin lugar a dudas que tanto los Mossos d´Esquadra como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban plenamente capacitados para garantizar la seguridad del Rey. Además, en esta edición el dispositivo era más sencillo de lo habitual, pues el acto se celebraba en la Escuela Judicial de Barcelona, que está en la montaña de Collserola, un lugar fácil de blindar (en años anteriores se utilizaba el Auditorio, que está en el centro de la ciudad).
Marlaska y Robles
Por este motivo, ABC también reclamó, vía transparencia, a los ministerios de Interior y Defensa, la «documentación justificativa de que el Estado no puede garantizar la seguridad del Rey en su desplazamiento a Barcelona». Tanto Fernando Grande-Marlaska como Margarita Robles declinaron informar y redirigieron la solicitud a la Presidencia del Gobierno, dando a entender que el asunto no iba con ellos. Es decir, la pelota está en el tejado de La Moncloa.
En su momento la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dijo a los medios que fue «una decisión muy bien tomada por quien la tenía que tomar», en clara alusión, sin decirlo, al Gobierno, la única institución que puede decirle al jefe del Estado qué puede y qué no puede hacer. Ahora, tras la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Pedro Sánchez aún dispone de unas horas para cumplir la ley y comunicar por escrito quién y por qué motivo prohibió a Felipe VI ir a Barcelona.
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