EDITORIAL, EL MUNDO
Su alarmante falta de cultura democrática quedó expuesta en toda su desfachatez cuando comparó al prófugo Carles Puigdemont con los exiliados del franquismo
Cabe preguntarle al presidente del Gobierno, que para eso lo es, hasta cuándo va a permitirle a su vicepresidente segundo que abuse de nuestra paciencia. El juego populista de ejercer la oposición desde la zona noble de Moncloa, como si Iglesias continuase siendo el demagogo de plató que se arrogaba la voz de los perdedores de la crisis megáfono en mano, no se sostiene más. Y no porque Iglesias sea hoy propietario de una mansión y beneficiario de una holgada nómina entre otras atribuciones de su cargo, sino porque desempeña responsabilidades de gobierno. Sus intoxicaciones continuas y su deslealtad sistemática lastran la ya débil operatividad del Gobierno de coalición. Y esa ineficacia la pagan los ciudadanos, angustiados ante unas perspectivas sanitarias y económicas de crudeza sin precedentes.
Resulta patético conceder una entrevista a una televisión afín para tratar de excusar la propia insolvencia y la imposibilidad de satisfacer las tramposas expectativas creadas. Eso hizo Iglesias, ensayando una coqueta dicotomía entre poder y Gobierno para evadir su responsabilidad en la deriva actual de España. Pero solo las dictaduras gozan de un poder irrestricto como el que parece ambicionar el ministro de Derechos Sociales. Su alarmante falta de cultura democrática quedó expuesta en toda su desfachatez cuando comparó al prófugo Puigdemont con los exiliados del franquismo. Los republicanos tuvieron que huir de España porque la causa del golpismo había triunfado, mientras que Puigdemont huyó porque su golpe contra la legalidad constitucional fracasó frente al Estado. Da un poco de vergüenza tener que recordarle esto a un autoproclamado luchador antifranquista -con algunas décadas de retraso- que defiende a Puigdemont por razones tácticas y también porque es incapaz de superar el complejo de inferioridad hispanófobo de la izquierda española entregada al nacionalismo más reaccionario y divisivo.
Pero la labor de zapa de Iglesias no se limita a la política territorial sino que socava igualmente la estrategia económica que trata de impulsar la parte menos radical de este Gobierno. Ahora le toca al turno a la ley de vivienda, que Podemos quiere aprovechar para introducir medidas de un intervencionismo disparatado. El PSOE afirma que no quiere interferir en el marco competencial de autonomías y ayuntamientos, y prefiere los incentivos fiscales a las sanciones para estimular la movilización de inmuebles vacíos en manos de grandes tenedores; pero su socio de coalición defiende lo contrario, y además pretende fomentar las expropiaciones y topar el precio del alquiler. ¿A cuántas de estas medidas ruinosas tendrá que plegarse el PSOE para sacar su ley? ¿Qué capacidad de maniobra tiene frente a su aliado radical?
El dilema del prisionero o del insomnio se le sigue presentando a Sánchez cada día. Pero con la economía en caída libre, el precio de la división interna y del maximalismo ideológico de la extrema izquierda será cada día más gravoso. Porque lo pagarán todos los españoles.
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