Si Sánchez tiene miedo de tomar medidas contra el virus,que devuelva a los ciudadanos los derechos que ha suspendido.
En todos los servicios de salud del país, incluso en la misteriosa mesa
camilla en torno a la que se reúnen como en una sesión de ouija los
fantasmales expertos del Gobierno, es voz común que la tercera ola del
Covid no es una amenaza ni una hipótesis sino una realidad que
habita ya entre nosotros, como dice la liturgia de Adviento. Lo que se
sabrá en enero, según transcurran las Pascuas, es la altura de la
espuma, la dimensión del contagio, y eso dependerá de la eficacia de
las medidas que ahora se están arbitrando. Dicho sea en sentido literal
porque cada comunidad decide a su arbitrio ante la inhibición
deliberada de un Ejecutivo central renuente a utilizar los
poderes de excepción que a tal efecto había asumido. El mando único
se ha declarado ausente. Illa y Simón son meros comentaristas de la
actualidad que se limitan a formular sugerencias y a recitar cada tarde
una rutinaria estadística de muertes. Y el presidente ha optado por
esconderse, huir de la responsabilidad para cuyo teórico ejercicio
reclamó un estado de alarma de seis meses, limitarse a esperar la
vacuna sin aclarar qué planes hay en marcha para cuando llegue y
dejar al albedrío de cada autonomía la organización (?) del caos en
que quedan sumidas las fiestas de diciembre.
La cogobernanza ya no es siquiera un mantra. Se ha convertido en una
vulgar excusa para transferir decisiones impopulares a otras
instancias, con el coste de un evidente descalzaperros de competencias
diseminadas ante el que cunde una patente desorientación ciudadana.
Sánchez se ha encerrado en La Moncloa, desentendido de la
emergencia sanitaria hasta que la campaña de vacunación le permita
armar la consiguiente operación de propaganda. La población se
enfrenta en estado de desconcierto a la Navidad más incierta y extraña
mientras la coalición gubernamental se concentra en el asalto al poder
judicial y en la ley de eutanasia. El modelo territorial vive una crisis de
estrés en medio de un revoltijo normativo cuyas pautas cambian según
el mapa, entre un asimétrico panorama de negocios cerrados, viajes
prohibidos y familias desmembradas. La maraña de ordenanzas sin
criterios comunes ha extendido por España una perturbadora
sensación de desigualdad que desestabiliza la vida cotidiana.
La pasividad sanchista ante la pandemia constituye una evasión del
deber a todos los efectos. Escocido por el fracaso de primavera, la
prematura euforia del verano y la parálisis de otoño, el Gabinete
parece dispuesto a abordar la crecida infecciosa del invierno mediante
la estrategia del escaqueo. Se ha vetado a sí mismo toda actuación que
implique riesgo de desgaste o de descrédito. La declaración de
emergencia no ha sido más que un pretexto para suprimir la
transparencia y eludir el control del Congreso. Si Sánchez sólo quería
la alarma para eso, que nos devuelva de inmediato los derechos que Sánchez
nos expropió por decreto.
Ignacio Camacho
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