Acusa al Ejecutivo de no haber tomado medidas para frenar los contagios pese disponer de datos que reflejaban su necesidad
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Once abogados han presentado este lunes en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno y los 22 ministros en nombre de 3.268 familias que han perdido a uno de sus miembros a causa del coronavirus. La querella atribuye a los miembros del Ejecutivo un delito de homicidio por imprudencia, penado con prisión.
La querella resalta que la noticia del nuevo virus se difundió en diciembre y que a finales de febrero "se habían detectado ya 32 casos de contagio en España, sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención, durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS y, más bien al contrario, negando su propagación en España".
"En estas circunstancias", prosigue el escrito, "y sin que el Gobierno Español adoptara medida alguna de contención, a finales de febrero y primera semana de marzo se celebraron multitud de concentraciones y manifestaciones, y la vida ciudadana continuó de manera habitual, sin que la gran mayoría de los ciudadanos españoles tuvieran conciencia del riesgo que corrían, algo que el Gobierno sí conocía; pero por lo que parece decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas". Y cita reuniones como manifestaciones agrarias, manifestaciones feministas del 8-M, el acto multitudinario de Vox en Madrid, etc.
Documentación del Gobierno
El escrito resalta que los informes de las autoridades europeas advertían de que había que tomar medidas y que la OMS declaró la pandemia antes de que el Gobierno echara mano del estado de alarma.
La querella pide al Supremo, ante el que están aforados todos los miembros del Gobierno, que reclame al Ejecutivo la información oficial sobre la epidemia con la que contaba, así como datos sanitarios sobre su evolución en España.
Los 11 abogados firmantes exponen que hasta este lunes "son 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2", las que les han encomendado la presentación de esta querella, aunque de momento han aportado documentación completa de algo más de un centenar. El retraso con el resto, según explican, se debe al retraso en la obtención de documentación (principalmente, certificados de defunción que los registros cuya entrega a las familias se demora) y la la dificultad de hacer trámites notariales en el confinamiento.
Una de las letradas firmantes de la querella, Emilia Zaballos, explica que el contacto con las familias se ha gestionado a través de de la Fundación Zaballos que ella preside, y de una página web creada al efecto (despues.info). Otro letrado, Alberto de Enrique Arnau, explica que tras los firmantes, entre los que se encuentra, hay un equipo de 80 abogados voluntarios que colaboran en la gestión del asunto.
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