La proliferación de protestas callejeras solo delata la piel tan fina que tiene la izquierda cuando las quejas ciudadanas la toman con el PSOE o Podemos. Es lo que tiene la concepción pendular de la democracia: que la ciudadanía, en su hartazgo, ejerce su derecho de protesta como puede y se le permite.
La izquierda siempre tuvo una doble vara de medir según la cual las caceroladas contra la derecha eran un justo «jarabe democrático». En cambio, contra ella son actos irresponsables propios de un fascismo destructivo de las libertades.
Pronto olvida la izquierda que organizó vergonzosos actos de acoso contra quien consideró oportuno en cada momento. Las imágenes de escraches a Sáenz de Santamaría, Cristina Cifuentes, González Pons, Álvarez de Toledo, Rosa Díez o Inés Arrimadas siempre fueron una excrecencia contra la democracia.
Eran episodios de matonismo y desprecio personal pensados sobre una indecencia ética viciada por el odio. Las videotecas no mienten. Eran amenazas con escupitajos y empujones con los que la izquierda reivindicaba «valores democráticos». Valiente hipocresía. Hoy están en el poder, y cuando otros protestan contra su nefasta gestión, o contra el miedo a un abismo económico, son víctimas inocentes.
En su día, el PSOE mendigó apropiarse del 15-M ante la sede del Gobierno madrileño del PP. Y sindicatos afines al PSOE acosaron a la juez Alaya, instructora de los ERE, hasta hacerla enfermar. Respecto a Podemos, sobran los ejemplos de cinismo.
Hoy la izquierda reivindica la causa de la «sanidad pública» hasta secuestrarla, como si la derecha odiase a los sanitarios. Su manipulación no tiene límites porque la izquierda es experta en usar la convulsión social para pervertir la democracia.
ABC no defiende ni justifica ningún escrache contra nadie. Ni antes ni ahora. Son técnicas mafiosas, humillantes, estigmatizadoras y contrarias al derecho a la legítima protesta, y nadie debería sufrirlas
Pero la ideologización de un virus desde La Moncloa está permitiendo un aumento preocupante del odio social. Está permitiendo que el último adiós a una persona pueda ser convertido en una apología del comunismo y, a la vez, que otra sea identificada en plena calle por portar la bandera nacional.
Algo falla en nuestra democracia cuando se usa el enfrentamiento ideológico en la gestión de una pandemia. O más aún, cuando se amenaza a la oposición desde un despacho oficial, como hizo ayer Iglesias contra Díaz Ayuso con un tono chulesco.
Por eso es incomprensible que el TC, con su presidente al frente, siga durmiendo el sueño de los justos sin sentar doctrina sobre el derecho de manifestación en el estado de alarma. ¿Qué sentido tiene que una Delegación del Gobierno tenga que consultar a Sanidad sobre una cuestión esencial de derechos, libertades y garantías?
No ocurre en ningún país democrático salvo en la «democracia» de Sánchez e Iglesias.
ABC
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