Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso.
El presidente español mira al país vecino con preocupación: allí un grupo de médicos ha emprendido acciones penales contra el Gobierno por no haber querido ver el peligro del coronavirus.
¿No vio o no quiso ver el Gobierno de Pedro Sánchez el peligro de permitir y alentar las manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo? Ya fuera por exceso de confianza, ingenuidad o negligencia, cada vez más informaciones apuntan a que estaban avisados.
La última, la revelación que ha hecho Juan Martínez Hernández, experto en Salud Pública de la Organización Médica Colegial. El 30 de enero, en una reunión en el Ministerio, alertó de que el virus no era un agente del grupo II, sino del IV.
En España de momento la emergencia sanitaria, que se ha cobrado ya más de un millar de víctimas mortales, ha extendido un tupido velo sobre las responsabilidades del Ejecutivo en esta crisis. El PSOE ha rechazado, incluso, crear una comisión de seguimiento del coronavirus en el Congreso, como pedía el PP. Dice el presidente que ya habrá tiempo de explicaciones, y que ahora es el momento de estar unidos... en torno a él.
Pero en la vecina Francia la tregua política ha acabado más pronto que tarde. Y no en el Parlamento, sino en los tribunales. Tres médicos del colectivo sanitario C19 emprendieron este jueves acciones penales contra el primer ministro, Édouard Philippe, y contra la exministra de Salud, Agnès Buzyn, por negligencia, no tomar medidas "voluntariamente", conscientes de que estaban poniendo en peligro la salud pública.
Se llaman Philippe Naccache, Emmanuel Sarrazin y Ludovic Toro y han recurrido a la Corte de Justicia de la República, que es el tribunal que se encarga en Francia de juzgar a los miembros del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones (por ejemplo la CJR condenó en diciembre de 2016 a la ahora presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, por negligencia).
Si en España la polémica gira en torno a las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, en Francia lo hace en torno a la primera vuelta de las elecciones municipales, que se celebró el pasado domingo 15 de marzo con todas las luces de alarma ya encendidas. Un día después, Emmanuel Macron tuvo que anunciar que se suspendía la segunda vuelta.
El detonante de las acciones judiciales está en una entrevista que la exministra de Sanidad concedió a Le Monde el martes. Ella, Agnès Buzyn, dimitió a mediados de febrero para presentarse a la Alcaldía de París, dejando el Ministerio empantanado ante la que se venía.
La exministra de Sanidad francesa Agnès Buzyn.
En esa entrevista, la exministra contó que a finales de enero alertó al primer ministro de que se avecinaba un "tsunami" con el coronavirus y le propuso suspender las elecciones. "Se habría tenido que parar todo, era una mascarada. La última semana fue una pesadilla. Yo tenía miedo en cada mitin. He vivido esta campaña de manera disociada", narró.
Sus declaraciones han producido tal terremoto en Francia que han ella y Philippe han acabado en los tribunales. En España de momento todo el Gobierno ha cerrado filas con Sánchez, incluida la ministra de Yolanda Díaz, que según ha trascendido fue la primera y tal vez la única ministra en desaconsejar el 8M.
No obstante sí hay expertos que están empezando a perder el miedo a decir que ellos ya lo avisaron. Juan Martínez Hernández el último, antes que él el infectólogo Oriol Mitjà.
¿Puede terminar también el Gobierno de coalición en los tribunales, como en Francia? Tal vez, pero no al menos mientras dure el estado de alarma. Básicamente porque el CGPJ ha decidido que, en este tiempo, la actividad judicial queda limitada a "exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables"
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