La celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, viene marcada en nuestro país por el disparatado proceder del Gobierno durante los últimos días. El anteproyecto de la ley de libertad sexual que el Ministerio de Igualdad elevó al último Consejo de Ministros ha terminado de destapar la caja de los truenos en el seno de un Ejecutivo marcado por la división interna, la falta de dirección política y la inhibición de Pedro Sánchez.
Para el PSOE, que Podemos se quedara con una cartera como Igualdad fue una cesión política dolorosa. Esto se ha traducido ahora en una pugna política a cuenta de las políticas de género, lo que empaña una jornada que debería aglutinar voluntades en torno al consenso sobre la exigencia de igualdad.
La gestión de la mencionada ley constituye una chapuza de principio a fin. En primer lugar, resulta precipitado que el Consejo de Ministros, constituido hace apenas dos meses, pretenda acometer una norma que implica una delicada reforma del Código Penal de forma precipitada con el fin de contar con un señuelo ideológico con el que agitar el Día de la Mujer.
Segundo, no es admisible que esta reforma no venga auspiciada por el Ministerio de Justicia sino por los asesores bisoños que rodean a Irene Montero. Y, tercero, es insólito que el Gobierno ignore la necesidad de blindar las garantías en los procedimientos para preservar el rigor jurídico-técnico de una ley de marcada orientación ideológica.
El borrador de la norma fue elaborada de forma tan torticera que incluso contemplaba una rebaja de las penas para los condenados de La Manada, es decir, justo el fin contrario que persigue, que es el de endurecer los delitos sexuales.
En todo caso, causa bochorno comprobar cómo, cinco días después de su teórica aprobación, ni los miembros del Gabinete -tal como revelamos hoy- ni el conjunto de la ciudadanía conoce el contenido del anteproyecto que recibió luz verde el pasado martes. Ello revela el caos interno en un Ejecutivo incapaz -tal como prometió Sánchez- de hablar con una sola voz.
Los españoles no deben pagar la factura del enfrentamiento entre Carmen Calvo e Irene Montero. Es irresponsable que, en lugar de adoptar medidas encaminadas a garantizar la igualdad real, el Gobierno decida enzarzarse en una disputa en la que subyacen los diferentes enfoques del feminismo entre los socialistas y la formación morada, y la pugna de ambas formaciones por hegemonizar este espacio político.
La mujer en España goza de igualdad plena de derechos desde la aprobación de la Constitución en 1978. Sin embargo, la brecha salarial, el impacto en el desempleo y las demandas en materia de conciliación están en la base de las reivindicaciones para combatir la desigualdad.
El Gobierno, autocalificado de «progresista», debería centrarse en avanzar en estos objetivos en lugar de usar el Consejo de Ministros a modo de plataforma pancartera.
El Mundo
viñeta de Linda Galmor
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