El empeño del Gobierno en no devolver a las comunidades el IVA recaudado en 2017 ha provocado una rebelión autonómica que ayer cristalizó, en toda su crudeza, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En condiciones ordinarias, este es el órgano encargado de armonizar la política fiscal en España.
Sin embargo, las cesiones del Gobierno ante los independentistas han desacreditado la negociación multilateral en favor de autonomías como Cataluña, que dispone ya de una mesa bilateral para lograr un trato privilegiado. La ausencia de Pere Aragonès en la citada reunión es un gesto que revela el portazo de la Generalitat a ser tratada como el resto de gobiernos regionales.
En todo caso, el meollo de la pugna abierta entre el Gobierno y las CCAA atañe a la financiación autonómica y, particularmente, a la rebelión encabezada por las comunidades del PP a cuenta del impago del IVA de diciembre de hace tres años.
El Ministerio de Hacienda aprovechó el Consejo de Política Fiscal y Financiera para comunicar la nueva senda de estabilidad para los próximos años, por la que establece un objetivo más flexible de déficit autonómico del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.
La senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para 2020. El departamento que dirige María Jesús Montero ha dado a las regiones dos décimas adicionales en el objetivo de déficit como compensación de los 2.500 millones de euros que no cobraron.
Sin embargo, las comunidades no quieren un mayor margen fiscal, sino cobrar lo que se les adeuda. Los ejecutivos regionales ya computaron este abono en sus Presupuestos de hace tres años. Que Hacienda no les pague ahora lo que les debe impacta de forma muy negativa en las cuentas públicas de las comunidades, encargadas de gestionar el grueso del Estado del bienestar.
Resulta irresponsable que Hacienda trate de compensar a las comunidad autónomas con más déficit y deuda. En realidad, lo que quieren los gobiernos autonómicos es un ingreso que compense las cantidades que no percibieron, que a la postre se trata de dinero procedente de un impuesto pagado por los ciudadanos de las respectivas comunidades.
A la queja de las regiones gobernadas por el PP se han sumado algunos barones del PSOE, como García-Page o Lambán. Más tibio se ha mostrado el presidente valenciano, Ximo Puig. En todo caso, la decisión de las comunidades que se sienten agraviadas de acudir a los tribunales para pleitear por el IVA constituye un grave choque institucional en un asunto clave de la economía como es la política fiscal.
El Gobierno de Sánchez no puede castigar a las regiones cumplidoras mientras inclina la cerviz ante Torra accediendo al chantaje de los independentistas, que incluye onerosas cesiones en materia tributaria. La obligación del Ministerio de Hacienda es no hacer política partidista con la devolución del IVA.
Primero, porque es inaceptable desde el punto de vista político. Segundo, porque es injusto hacia los ciudadanos de las CCAA afectadas. Y tercero, porque abona el enfrentamiento institucional, lo que pone en peligro la consecución de la senda de consolidación fiscal.
El Mundo
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