Un juez ve «indicios racionales de delito» en el encuentro Ábalos-Delcy

Una denuncia del PP en el Juzgado de Guardia evita el borrado de las cintas del Aeropuerto de Madrid-Barajas

El Partido Popular ha logrado este martes, con su denuncia en el Juzgado de Guardia de Madrid por el «caso Delcygate», dos cosas importantes: la primera, conseguir que un juez asegure en un auto que en los acontecimientos ocurridos en la noche del 19 al 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió de forma secreta con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hay indicios de delito; y la segunda, superar la inacción de la Fiscalía, que a pesar de haber recibido ya una denuncia de los populares por estos mismos hechos no había ordenado diligencia alguna ni, lo que era más grave, impedido el borrado de las cintas grabadas por las cámaras de seguridad de AENA. Precisamente mañana se cumplían los 30 días de plazo para que las cintas pudieran haber sido borradas, por lo que la decisión judicial ha llegado «in extremis» para impedirlo.

El juez de guardia ha redactado un contundente auto en el que se requiere a AENA o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para que procedan a «conservar las imágenes grabadas por el circuito de videovigilancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020 relativas al hecho denunciado: presencia de Doña Delcy Eloísa Rodríguez López en aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas donde permaneció hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha en la mañana del día 20-1-2020».

Todo ello, «en contravención de la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074», ya que es una de los veinticinco dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela sancionadas, «incluyendo prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él».

Pero además el juez hace la advertencia expresa de que todo lo ordenado; es decir, la remisión de las imágenes de esa noche, debe cumplirse «bajo apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial», al tiempo que precisa que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del Partido Popular «se desprenden indicios racionales de hecho delicitivo».

En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, el PP pedía al Juzgado de Guardia que requiriera a AENA, de manera urgente, las cintas de su circuito de videovigilancia. Aludía en este sentido a un burofax enviado a ese organismo el 6 de enero, en el que se requería al gestor de los aeropuertos que se apercibiera al responsable de tratamiento de datos de Barajas de las responsabilidades, incluso penales, en las que podía incurrir en el caso de ordenar el borrado de las mencionadas cintas. Asimismo se solicitaba que pusiera los vídeos a disposición de la Fiscalía, señalando que ésta «ya investiga los hechos denunciados».

Sin embargo, el PP también se quejaba en la denuncia ante el juez de guardia de la sorprendente inacción del Ministerio Público en lo referente a la denuncia que le presentó contra el ministro Ábalos por prevaricación, ya que no había adoptado ninguna medida al respecto.

En el Partido Popular había máxima preocupación porque esas grabaciones pudieran ser destruidas, ya que mañana se cumplen los 30 días que marca la ley como máximo para poder hacerlo. Fuentes judiciales, del ministerio fiscal y la Policía explicaron a ABC que hasta la decisión judicial de este martes ese borrado podría ser legal, ya que no había un procedimiento judicial abierto -la denuncia aún no se había admitido a trámite-, ni tampoco el Congreso las había solicitado.

Sin embargo, todos ellos coincidían en que sería un «escándalo», ya que es de dominio público que podían ser pedidas en el futuro por un órgano judicial, como de hecho ha sucedido, o incluso constitucional como es la Cámara Baja.

La Ley Orgánica 4/1997 establece que «las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto».

En este caso no se podía decir que había un procedimiento judicial abierto, ya que la mera presentación de una denuncia no supone la apertura del mismo. Igualmente, aunque el PP haya pedido que la Cámara Baja solicite las imágenes el Congreso aún no se ha pronunciado, por lo que en sentido estricto se daban las condiciones para que se puedan destruir las imágenes.

Otra cosa, sin embargo, es la práctica común. Los policías, jueces y fiscales consultados por ABC advierten de que en este caso hay un «conocimiento notorio» de que esas grabaciones pueden ser solicitadas en el futuro, bien en el marco de una investigación judicial, como finalmente ha ocurrido, o porque el Congreso lo acuerde.

«Cuando tenemos conocimiento de que en una comisaría se ha producido un incidente -explican fuentes policiales de forma gráfica- de inmediato hacemos un clonado de las imágenes de las cámaras de seguridad independientemente de que se haya presentado o no una denuncia. Es una decisión automática, porque se sabe que en un futuro pueden ser una prueba en un proceso judicial. De la misma forma parece lógico que ante unos sucesos como los de Barajas, e independientemente de cualquier valoración sobre ellos, se hayan conservado las grabaciones por si son requeridas».

AENA no informa

Por tanto, hasta este martes, desde un punto de vista legal podría procederse al borrado. «Pero lo que está claro es que se habría actuado de forma imprudente, contraria a los usos habituales. Sería, desde luego, escandaloso»...

ABC se puso en contacto ayer con AENA -las cámaras de seguridad que hicieron las grabaciones son suyas- para saber si se iban a destruir las imágenes. Desde ese organismo se respondió que no se facilitaba información alguna porque esas grabaciones afectan al derecho de protección de datos de carácter personal, a pesar de que en ningún caso se preguntó acerca de su contenido, sino simplemente sobre si iban a ser destruidas o no.

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