Es muy difícil exagerar la humillación que los españoles constitucionalistas sienten ante la imagen de su presidente prestándose a hacer de figurón en la cumbre bilateral impostada por Quim Torra. El mismo Sánchez nos dijo que Torra era el «Le Pen español», con la diferencia de que Le Pen es una diputada legal en Francia.
Torra es otro supremacista, pero inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Junta Electoral y el Supremo, cuya sentencia será firme en cuanto resuelva el hipócrita recurso planteado por el propio ex diputado, empeñado en seguir usurpando el poder con la bochornosa colaboración del PSC.
Es muy difícil contener la vergüenza porque Gabriel Rufián fue capaz de torcer el brazo a Sánchez en la tarde del mismo día en que Sánchez había decidido posponer la humillante reunión con Torra tras su ruptura parlamentaria con ERC.
Sánchez llegó al poder gracias al separatismo. Pero si por un tiempo creyó que podía contemporizar con él, ya parece haber asumido que su futuro político depende de la claudicación total ante Junqueras.
A juzgar por el documento -«reencuentro» se titula, en homenaje al eufemismo- con el que espera granjearse el apoyo de ERC a los Presupuestos y con ello un par de años más de poder, Sánchez ya ni siquiera disimula su pleitesía ante los enemigos de la Constitución. «La ley por sí misma no basta»; no es la frase de un populista bananero sino la del presidente de la cuarta economía del euro, rehén del proyecto de centrifugación nacional de sus socios.
Privilegios en la financiación autonómica, desactivación de la Justicia, aumento de la inversión en infraestructuras a costa de regiones más pobres, negociación de la unidad de mercado, alivio tributario para TV3, compensaciones económicas para los Mossos y mesa de diálogo sobre la autodeterminación para este febrero.
Todo ofrecido por Sánchez en una visita teatralizada por el inhabilitado como si recibiera a un jefe de gobierno extranjero. Pese a todo, Pere Aragonès anuncia que no piensa asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que si acaso mandarán a una emisaria.
Es difícil imaginar cómo podría Sánchez humillarse más a sí mismo y a los ejecutivos autonómicos respetuosos con la ley. El infame comunicado de Pedralbes parece venial al lado del documento discutido ayer. Y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart ya están en la calle, gozando de privilegios penitenciarios que señalan el camino de amnistía encubierta para el resto de golpistas condenados.
Sobrecoge la aceleración del deterioro institucional que el sanchismo está imprimiendo al país. La expresión «conflicto político», cuyo origen batasuno hace poco habría generado escándalo en el propio PSOE, hoy forma parte del argumentario de Ferraz.
Cada vez se ahonda más la división y se aumentan las cesiones al nacionalismo a cambio de otro plazo de alquiler en Moncloa. Nada de esto puede acabar bien.
El Mundo
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