El 23 de mayo del pasado año, el PNV, enarbolando su supuesta sensatez política, apoyó a Rajoy para sacar adelante los presupuestos (previo paso del Gobierno por taquilla). Pero solo siete días después, ese mismo PNV se suma a la maniobra de Sánchez para derribar a Rajoy.
El PSOE contaba para llegar al poder con solo 85 diputados, a 52 de distancia del PP (hoy Casado se encuentra a 31 escaños de Sánchez). ¿Qué propició aquel brusco viraje de los nacionalistas vascos? La razón que esgrimieron fue la sentencia de la Gürtel, que en su opinión marcaba «un antes y un después en la sociedad».
Según los jueces, los alcaldes de Pozuelo y Majadahonda se habían beneficiado de la trama y el PP fue condenado a pagar 240.000 euros como «partícipe a título lucrativo». El magistrado De Prada, de conocida fe progresista, añadió una serie de oportunas morcillas a la sentencia para salpicar al PP y a Rajoy.
Posteriormente, y aunque ha pasado bastante desapercibido, en octubre de este año el pleno de la Audiencia Nacional afeó a De Prada su innecesaria «parcialidad» en aquel escrito. Pero el servicio del juez a su causa ya estaba hecho. El PNV dejó caer a Rajoy por «ética política», invocando «la gravedad de la sentencia de la Gürtel».
Es cierto que el PP había acumulado numerosos, execrables y bochornosos casos de corrupción. Pero también es verdad que en esta ocasión los delitos de dos alcaldes de pueblo fueron oportunamente magnificados para cobrarse la pieza mayor, Rajoy, que había ganado las últimas elecciones con 137 diputados.
Ayer fueron condenados por corrupción 15 dirigentes del PNV alavés. Al jefe de la trama, Alfredo de Miguel, número dos del partido en Álava en su día, le cayeron 13 años de cárcel. Lo que hacían era trincar comisiones a cambio de engrasar contrataciones públicas.
Por ejemplo, unos empresarios catalanes abonaron 322.000 euros para poder entrar en un parque tecnológico. ¿Reacción del PNV? Son «casos aislados». Así que Urkullu y Ortuzar pidieron perdón «con sencillez y sinceridad» y pelillos a la mar.
A comienzos del pasado octubre, cinco cargos del PSOE asturiano sumaron condenas de 27 años de cárcel por robar fondos de la Consejería de Educación con contratos apañados o ficticios. La estafa fue de cuatro millones de euros y al exconsejero socialista del ramo le cayeron cinco años de prisión. Probablemente ni habrán oído hablar del caso. Son asuntos aislados del pasado.
Hoy ABC revela que Ximo Puig, el presidente de Valencia, mintió con descaro a los valencianos en sede parlamentaria cuando el pasado septiembre aseguró que «es absolutamente falso que la entrevista fuese pagada». Se refería a una entrevista con él en «The Guardian».
Ahora el periódico británico ha comunicado a ABC que fue un trabajo publicitario, por el que Puig pagó 43.000 euros del erario público. Si fuese la Púnica del PP, hoy arderían los telediarios…. Lo hace el PSOE, no pasará nada. En una democracia normal, un presidente descubierto en una mentira tan flagrante hoy estaría haciendo las maletas y yéndose a su casa. ¿Lo hará Puig?
La sentencia de los ERE llegó unos días después de las elecciones del 10 de noviembre, una feliz casualidad que evitó todo daño electoral al PSOE. Se probó el robo de 680 millones de dinero de los parados. Griñán, expresidente del PSOE, de la Junta y exministro, fue condenado a seis años de cárcel. Sánchez tardó quince días en valorar el caso. Lo hizo forzado por una pregunta de ABC y lo despachó en dos frases: «El PSOE ya había asumido responsabilidades. No hay más que añadir».
El respetable público, bien pastoreado por las televisiones de progreso para todos y todas, ya ha aprendido la lección: en España solo hay un partido corrupto. Y todos sabemos cuál es.
Luis Ventoso ( ABC )
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