Pedro Sánchez quiere contentar a los dos grandes exponentes del separatismo vasco para lograr su respaldo en la carrera hasta La Moncloa. Quiere evitar que PNV y Bildu bloqueen su investidura. Y para ello está dispuesto a garantizar que el plan conjunto que mantienen las dos fuerzas vascas en Navarra se cumple sin problemas legales ni jurídicos. Por ello, Sánchez se ha comprometido a permitir el avance de la euskaldunización plena de la comunidad foral y a no plantear recursos ante el Tribunal Constitucional frente a las normas que impulsen PNV y Bildu.
Entre las normas que permitirá Pedro Sánchez se encuentra el plan de eliminación de lo que se denomina como la zonificación del euskera en Navarra, con el fin de permitir que la implantación obligatoria del euskera se extienda por toda la comunidad autónoma. También se encuentra el denominado Mapa Local navarro: un plan diseñado por Bildu para permitir que los ayuntamientos dependan de un nivel administrativo superior controlado por los proetarras. Y, por supuesto, entre las medidas que aceptará el PSOE está el plan de expulsión total de la Guardia Civil de Navarra.
El PSOE ha dado ya el visto bueno a un plan de adoctrinamiento en Navarra negociado íntegramente en el País Vasco. Un proyecto impulsado por PNV –en la Comunidad Foral esta formación se encuentra inmersa en Geroa Bai– y EH Bildu con el fin de disparar el adoctrinamiento nacionalista en Navarra a través de “convenios de colaboración" en materia “educativa, de euskera, o de medios de comunicación”.
La medida ha sido negociada en el Parlamento vasco, no en el navarro. Se ha llevado a cabo, además, sin presencia de ninguna fuerza representante de los navarros y se ha incorporado al desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía Vasco, no de ninguna norma navarra, gracias a la propuesta directa de los socialistas, PSE-PSOE. Es decir, todo ha sido negociado a espaldas de Navarra.
Alimentar la dependencia
El plan consiste en toda una red de colaboración entre las diversas administraciones vascas y navarras, de forma que vayan alimentando la dependencia de la Comunidad Foral del entorno vasco. Pero, si el incremento de los lazos entre las dos regiones puede ser una cuestión más previsible, lo que llama la atención especialmente es que el texto ponga el acento en cuatro frentes de colaboración.
El primero de ellos es la sanidad. Esta es la materia más sensible a ojos de la población y que resulta más normal que aparezca en un plan de reforzamiento de la colaboración diseñado en exclusiva desde el País Vasco. Sin embargo, los otros tres frentes no afectan a cuestiones como la empresa, la infraestructuras o el medioambiente, por poner algún ejemplo, sino que afectan a tres ámbitos puros de posible adoctrinamiento nacionalista: los convenios de colaboración en materia “educativa, de euskera, o de medios de comunicación”.
Los primeros pasos ya se han dado. La presidenta navarra, la socialista María Chivite, ya ha creado un grupo de trabajo para estudiar la exigencia separatista de acabar con la “zonificación” del euskera en Navarra. Traducido: que en toda la región se produzca la invasión escolar del vascuence así como la obligatoriedad de asistir a los ciudadanos y realizar todos los trámites administrativos en la lengua del País Vasco.
Esta medida supone, para empezar, un aumento exponencial del destino de fondos públicos a esta política y, además, la entrada de todo un potente contingente de vascoparlantes en la Administración Navarra.
Dentro de este plan figura la exigencia de garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir “cualquiera de las dos lenguas propias de Navarra en las administraciones públicas”, en referencia al castellano y el euskera, pese a ser esta la lengua vasca.
En segundo lugar, garantizar el acceso “a la enseñanza en euskera y del euskera” a cualquier alumno que lo solicite.
En tercer lugar, impulsar “el uso del euskera en la vida social”, lo que conlleva toda una campaña de lanzamiento con su correspondiente presupuesto.
La inmersión en el euskera no será, además, sólo a título particular y en los colegios. También lo será en el ámbito oficial. Para ello se garantizará que la Administración de la Comunidad Foral pueda atender en euskera a la ciudadanía que así lo solicite. La medida supondrá nuevas promociones de funcionarios con pleno conocimiento del euskera y la planificación de programas de formación en dicha lengua del personal al servicio de las administraciones públicas.
Todo ello bloqueará el acceso a plazas públicas de aquellos que no tengan conocimiento del euskera. Una maravillosa oportunidad que no desaprovecharán Geroa Bai y Bildu para colar a sus cuadros políticos en esas posiciones de control de la Administración
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