os socialistas quieren esconder sus alianzas con los separatistas en esta segunda legislatura de Pedro Sánchez. Buscan un difícil acuerdo nacional con C’s pero quieren tener preparado simultáneamente su esquema habitual de pactos: el de alianzas con dos formaciones separatistas -PNV y ERC- para salvar la gobernabilidad durante toda la legislatura.
La fórmula planteada ya a ambas formaciones para mantener esta alianza sin visualizarla en esquemas de gobierno es la de abordar una de las cesiones más ansiadas por los separatistas: la del Poder Judicial. Esta entrega exigiría una reforma de la legislación del Poder Judicial y debería sortear un grave problema: el hecho de que el fraccionamiento del Poder Judicial nacional ya ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional. Pese a ello, el PSOE ya ha ofrecido a ERC y PNV una fórmula camuflada que permitiría avanzar por esta vía. Una fórmula que otorgaría, en primer lugar, influencia a estos partidos sobre los jueces de vigilancia penitenciaria -casualmente, los que deciden sobre la permanencia de los presos en las cárceles-.
Jaume Collboni (PSC) reniega de apoyar a Ernest Maragall (ERC) en el Ayuntamiento de Barcelona; y, pese a ello, ERC no rompe de inmediato sus negociaciones con los socialistas. El PSOE se niega a apoyar a EHBildu para que Geroa Bai (marca en la que se encuentra PNV) gobierne Navarra; y PNV, de nuevo, no se levanta de la mesa de negociación de la investidura de Sánchez.
¿Por qué? Pues porque los acuerdos con estos partidos, a diferencia de lo ocurrido en la primera legislatura de Sánchez, se están cerrando en materias menos visibles y, por lo tanto, menos impactantes en el esquema de captación de voto de todos y cada uno de estos partidos.
Esquema base: el Estatuto Vasco
Y una de esas materias decisivas, tanto para el PNV como para ERC, es la Justicia: el control del Poder Judicial, la llave para controlar a los jueces y lograr, por ejemplo, que los jueces de vigilancia penitenciaria decidan poner rápido en la calle a los golpistas o a los etarras trasladados a prisiones vascas.
El esquema base que se pretende tomar en esta negociación es el planteado ya entre el PNV y el PSOE en el marco del nuevo Estatuto Vasco. Allí los socialistas ha comunicado ya su disposición a negociar la creación de un "Consejo de Justicia de Euskadi".
Ese nuevo Estatuto Vasco pone sobre la mesa muchas materias: desde la “autoderminación"; hasta la anexión de Navarra y de los territorios del País Vasco francés, el condado de Treviño y el Valle de Villaverde; o el espinoso tema del fraccionamiento de la Justicia nacional.
El plan es altamente delicado, porque bordea el espacio prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía Catalán. Pero es la gran obsesión nacionalista precisamente porque quien controle los jueces podrá controlar no sólo las sentencias futuras, sino también, a través de los jueces de vigilancia penitenciaria, la estancia efectiva en prisión de los ya condenados a penas privativas de libertad. Entre ellos, por supuesto, los etarras o los golpistas del 1-O que serán condenados con toda probabilidad.
El modelo parte de un fuerte traspaso de competencias en materia de “gobierno de la Administración de Justicia”. Y se concreta con la “creación de un Consejo de Justicia” del País Vasco o de Cataluña, como “órgano de gobierno de la Administración de Justicia”.
Hay que recordar que la negociación abierta en Cataluña con los separatistas durante la última legislatura llegó a exhibir exactamente igual la cesión en esta materia. Y en esa región, Miquel Iceta y la Declaración oficial de Barcelona firmada con el respaldo de Pedro Sánchez en 2017, reconocieron de forma expresa el deseo del PSOE de implantar el artículo tumbado por la sentencia del Tribunal Constitucional en el que se planteaba romper el Consejo del Poder Judicial español para permitir el control pleno de la Justicia por esta comunidad autónoma.
La solución, además, pretende traspasar el control de los jueces de vigilancia penitenciaria. Ellos son los que determinarán en última instancia la dureza o suavidad de la estancia en la cárcel, la permanencia o salida de los presos, durante el cumplimiento de su condena. Y si estos jueces pasan a manos de la Generalitat o del Gobierno vasco, no haría falta un indulto por parte del Gobierno de Sánchez, sino que bastaría con aplicar una medida de gracia ya en territorio catalán.
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