"Que se paralicen las cartas de petición de aportación económica, pues aunque no sean una amenaza los empresarios así lo entienden", dijeron los interlocutores del Gobierno ante los etarras.
Los apuntes de ETA durante las negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero revelan algunas afirmaciones especialmente críticas para los socialistas. En una de las actas, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los representantes del Ejecutivo del PSOE consideraron ante los etarras que las cartas de extorsión no representaban una "amenaza" para los empresarios, pese al terrible impacto que suponía recibir una de ellas. Los socialistas se referían a ellas eufemísticamente como "cartas de petición de aportación económica".
"Que se paralicen las cartas de petición de aportación económica, pues aunque no sean una amenaza los empresarios así lo entienden", se lee en una de las actas redactadas por los etarras para dar testimonio de dichos encuentros.
Los documentos recogen las principales concesiones que los socialistas plantearon a los terroristas, en 2006, y las peticiones de estos para dejar la actividad armada.
Los apuntes de ETA durante las negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero revelan algunas afirmaciones especialmente críticas para los socialistas. En una de las actas, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los representantes del Ejecutivo del PSOE consideraron ante los etarras que las cartas de extorsión no representaban una "amenaza" para los empresarios, pese al terrible impacto que suponía recibir una de ellas. Los socialistas se referían a ellas eufemísticamente como "cartas de petición de aportación económica".
"Que se paralicen las cartas de petición de aportación económica, pues aunque no sean una amenaza los empresarios así lo entienden", se lee en una de las actas redactadas por los etarras para dar testimonio de dichos encuentros.
Los documentos recogen las principales concesiones que los socialistas plantearon a los terroristas, en 2006, y las peticiones de estos para dejar la actividad armada.
Las cesiones
Entre esas exigencias figuraba por ejemplo la liberación "en 24 horas" del asesino Iñaki de Juana Chaos. Por entonces, el etarra acababa de ponerse en huelga de hambre en la cárcel, después de que la Audiencia Nacional tomase la decisión de procesarle por publicar dos artículos en el diario Gara, en los que amenazaba a jueces, políticos y funcionarios de prisiones.
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Los beneficios para De Juana centraron buena parte de aquellas conversaciones, que se desarrollaban en Suiza, y durante las que ETA exigió al Gobierno socialista la "inmediata" puesta en libertad del etarra. Los mediadores del Ejecutivo de Zapatero aceptaron presionar a la Fiscalía para poner en libertad en unos días al terrorista y a otros siete etarras con distintas enfermedades. Entre ellos, Bolinaga.
Las negociaciones comenzaron en mayo de 2005, un año después de que Rodríguez Zapatero llegase al Gobierno. Por parte de ETA, la comisión negociadora estuvo liderada por Josu Ternera. Por parte del Gobierno, la delegación la encabezaba el entonces líder de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y al ex consejero de Interior del Gobierno vasco Rodolfo Ares.
Los contactos alcanzaron su punto más crítico en el verano de 2006, cuando la banda logró burlar, gracias al chivatazo del bar Faisán, la operación puesta en marcha por el juez Fernando Grande-Marlaska (hoy ministro de Interior) contra el aparato de extorsión de ETA.
Entre otros momentos, ya revelados, los socialistas se refirieron al ahora ministro del Interior en funciones como un "accidente".
Así lo calificaron en referencia a las operaciones policiales contra ETA, excusando ante ETA que el Gobierno no tenía responsabilidad alguna en ellas.
"No ha habido detenciones operativas policiales, fuera de las realizadas por Marlaska (…) La derecha decidió utilizar el único recurso que tenía para torpedear el proceso. Ahí nos hicieron mucho daño. Rompieron nuestra credibilidad", se lee en las actas. Marlaska instruía la causa por el chivatazo del bar Faisán.
"Estamos dispuestos a cumplir los acuerdos", dijeron los mediadores gubernamentales. "Pero no podemos asegurar que no habrá detenciones si estas provienen directamente de los jueces". También prometieron "flexibilizar el funcionamiento de facto de Batasuna e Izquierda Abertzale".
Los interlocutores del Gobierno exigían a ETA que cesara por completo la kale borroka y que ETA dejara de enviar cartas de extorsión pidiendo dinero a los empresarios.
"Se tiene que acabar la fabricación de explosivos. Esto puede llevar a la policía francesa a practicar detenciones", advertía el Ejecutivo a los etarras.
Desde el Gobierno se les reclamó también un comunicado para reflejar que "el proceso avanza".
Los beneficios para De Juana centraron buena parte de aquellas conversaciones, que se desarrollaban en Suiza, y durante las que ETA exigió al Gobierno socialista la "inmediata" puesta en libertad del etarra. Los mediadores del Ejecutivo de Zapatero aceptaron presionar a la Fiscalía para poner en libertad en unos días al terrorista y a otros siete etarras con distintas enfermedades. Entre ellos, Bolinaga.
Las negociaciones comenzaron en mayo de 2005, un año después de que Rodríguez Zapatero llegase al Gobierno. Por parte de ETA, la comisión negociadora estuvo liderada por Josu Ternera. Por parte del Gobierno, la delegación la encabezaba el entonces líder de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y al ex consejero de Interior del Gobierno vasco Rodolfo Ares.
Los contactos alcanzaron su punto más crítico en el verano de 2006, cuando la banda logró burlar, gracias al chivatazo del bar Faisán, la operación puesta en marcha por el juez Fernando Grande-Marlaska (hoy ministro de Interior) contra el aparato de extorsión de ETA.
Entre otros momentos, ya revelados, los socialistas se refirieron al ahora ministro del Interior en funciones como un "accidente".
Así lo calificaron en referencia a las operaciones policiales contra ETA, excusando ante ETA que el Gobierno no tenía responsabilidad alguna en ellas.
"No ha habido detenciones operativas policiales, fuera de las realizadas por Marlaska (…) La derecha decidió utilizar el único recurso que tenía para torpedear el proceso. Ahí nos hicieron mucho daño. Rompieron nuestra credibilidad", se lee en las actas. Marlaska instruía la causa por el chivatazo del bar Faisán.
"Estamos dispuestos a cumplir los acuerdos", dijeron los mediadores gubernamentales. "Pero no podemos asegurar que no habrá detenciones si estas provienen directamente de los jueces". También prometieron "flexibilizar el funcionamiento de facto de Batasuna e Izquierda Abertzale".
Los interlocutores del Gobierno exigían a ETA que cesara por completo la kale borroka y que ETA dejara de enviar cartas de extorsión pidiendo dinero a los empresarios.
"Se tiene que acabar la fabricación de explosivos. Esto puede llevar a la policía francesa a practicar detenciones", advertía el Ejecutivo a los etarras.
Desde el Gobierno se les reclamó también un comunicado para reflejar que "el proceso avanza".
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