La irresponsable utilización del Consejo de Ministros como plataforma electoral por parte del Gobierno de Sánchez no ha pasado desapercibida para el Banco de España. No podía ser de otra forma. Porque los viernes electorales, anunciados con irresponsabilidad e instaurados con descaro desde la disolución de las Cortes, representan algo más que una forma de devaluar las instituciones del Estado.
Son la constatación del peaje que el PSOE está pagando al populismo de Podemos por el apoyo recibido en la pasada legislatura y el que volverá a pedirle, en caso de necesitarlo, después del 28-A. Por eso se han convertido en un cúmulo de despropósitos y medidas equivocadas, además de una forma de lanzar globos sonda para contentar a su electorado, como el anuncio de una contrarreforma laboral o de un nuevo impuesto medioambiental sobre el diésel. Todo esto, ha recordado el Banco de España en su informe trimestral, no tiene únicamente una dimensión política, sino que afecta directamente a la marcha de nuestra economía.
El director general de Economía y Estadística del órgano regulador ha señalado un desfase entre ingresos y gastos del 2,5%, tan solo dos décimas menos que la previsión de cierre para 2018.
Con los Presupuestos en suspenso y sin poder imponer los nuevos tributos que había diseñado el equipo económico de Sánchez para aumentar la recaudación, resulta absolutamente contraproducente aprobar medidas que incrementarán de manera sustancial el gasto, y consiguientemente el déficit, como la ampliación del incremento del permiso de paternidad, la exención del IRPF en las prestaciones por maternidad y la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años.
Por otra parte, en lo que respecta al empleo, tal y como han demostrado los datos de enero y febrero, el aumento de la ocupación se ha frenado debido a la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, que está destruyendo empleos entre los jóvenes y en las provincias menos desarrolladas.
Pero junto al estudio del Banco de España, que prevé una disminución del crecimiento del PIB desde el 2,2% actual hasta el 1,7% en 2021, confirmando la ralentización económica, la consultora Marsh ha señalado a España como uno de los países que más elevan su nivel de riesgo político de cara a los inversores, por encima incluso de Reino Unido -en pleno proceso del Brexit- o Italia, con un Gobierno de coalición entre populistas de extrema izquierda y extrema derecha.
El desafío independentista, alimentado por la legitimidad que Pedro Sánchez ha dado a Torra, y la amenaza de modificar la reforma laboral y subir la carga impositiva a las empresas están provocando que nuestro país comience a ser visto como un entorno poco fiable para los inversores. El Gobierno socialista está poniendo en riesgo la estabilidad económica lograda tras muchos años de esfuerzo de todos los españoles.
El Mundo
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