Un furgón de los Mossos pasa junto al fuego durante los altercados al finalizar la movilización convocada por la ANC y otras entidades independentistas con motivo del primer aniversario del 1-O (Foto: Efe)
La Guardia Civil intervino al juez independentista Santiago Vidal un “documento de trabajo” elaborado por ERC, en el que se establecían varios escenarios para doblegar al Estado y obligarle a aceptar la independencia de Cataluña.
Una de las estrategias previstas en este documento consistía en promover una “insurrección popular” con “alta violencia” y movilizaciones ciudadanas, como “manifestaciones, actos de boicot al funcionamiento de las instituciones del Estado y desobediencia civil”, para forzar al Gobierno central a negociar la independencia.
Entre las medidas previstas en este escenario, ERC incluyó “cortar la frontera de la Junquera, cortar el tráfico en el aeropuerto del Prat o en la estación de Sants para llamar la atención internacional y parar la economía mediante una huelga general”.
La Guardia Civil explica, en su informe dirigido al juez, el escenario de “insurrección popular”.
En el documento intervenido al juez Santi Vidal, los estrategas de ERC admiten que este plan supone numerosos riesgos, ya que “el Govern podría perder el control de la situación y se incrementaría la tensión social, lo que podría provocar un accidente”.
Una forma aséptica de referirse a la posibilidad de que se produjera alguna muerte o un derramamiento de sangre. Los autores del informe de ERC admiten que este plan podría ser “contraproducente”, ya que “quien sufrirían los daños son los catalanes y tampoco está claro que resultase eficaz”.
Pese a ello, las líneas de actuación trazadas en este documento no son muy distintas a las que han aplicado los independentistas tras el referéndum ilegal del 1-O: una huelga general convocada por el sindicato que dirige el asesino de Terra Lliure Carles Sastre, la acción violenta de los CDR que han intentado colapsar las infraestructuras, actos de boicot contra las Comisarías de Policía y Juzgados (ante los que la CUP ha llegado a verter excrementos en toda Cataluña), actos de acoso y escraches contra profesionales de la Justicia como el juez Pablo Llarena, cuya familia se ha visto obligada a abandonar la región.
En un acto celebrado en Bruselas en noviembre de 2013, el propio líder de ERC, Oriol Junqueras, amenazó con “paralizar la economía durante una semana” para que las instituciones europeas obligaran al Gobierno español a aceptar la independencia de Cataluña.
El documento intervenido por la Guardia Civil al juez Santi Vidal, en el marco de la investigación que desarrolla el Juzgado número 13 de Barcelona, se titula “La rebelión tranquila: la estrategia de no colaboración“. Está fechado en junio de 2014 y establece cinco escenarios distintos para alcanzar la independencia, con creciente presión para desestabilizar al Estado.
El primer escenario es una reforma constitucional para facilitar la independencia, aunque lo califica de “inverosímil” porque requiere el apoyo del PP. El segundo son las “elecciones plebiscitarias” anunciadas por Artur Mas. “Esta opción”, señala el documento, “no resuelve el problema, sólo lo pospone, y plantea un nuevo dilema: o se presiona para obligar al Estado a negociar la independencia o se declara la misma unilateralmente”. No contemplaban otro desenlace que la independencia: pactada o por la fuerza.
La fuga de Puigdemont
La tercera opción es la declaración unilateral de independencia (DUI) por parte del Parlament “con mayoría independentista”, para iniciar el proceso constituyente del Estado catalán. Es el paso que dio Carles Puigdemont antes de huir de España escondido en el maletero del coche.
Los estrategas de ERC planteaban varias objeciones a este plan. En primer lugar, “los catalanes no están dispuestos a sufrir una ruptura dramática y larga“. En segundo lugar, “tendría unos efectos jurídicos importantes y el Estado reaccionaria” (Junqueras y otros once golpistas hoy se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo). Y por último, advierte el informe, “el reconocimiento internacional quedaría en entredicho“. Los responsables de ERC eran conscientes de ello, pero anunciaron que la independencia de Cataluña sería reconocida por toda la comunidad internacional.
ERC analizó los pros y contras de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
El cuarto escenario previsto es la “insurrección popular” antes citada, que el presidente Quim Torra todavía intenta instigar animando a los CDR a “apretar”. Para cubrir las apariencias, luego les envía a los antidisturbios de los Mossos.
Los responsables de ERC establecieron todavía una quinta opción, la “no obediencia”. Es decir, “negarse a que funcionen las instituciones democráticas” para cuestionar la legitimidad del Estado español. Según el documento, los independentistas “no contribuirán a hacer gobernable Cataluña ni España“. Si el Gobierno se niega a aceptar el referéndum ilegal, el referéndum ilegal, “se negarán sistemáticamente a ocupar ningún cargo de responsabilidad”.
Tras las elecciones, en las que esperaban que los independentistas alcanzaran dos tercios del Parlament, se negarían a proponer un candidato a la Presidencia de la Generalitat. Del mismo modo, tras las municipales se negarían a proponer y votar candidatos a las alcaldías, dejando las instituciones catalanas en una “situación de ingobernabilidad“.
Esta estrategia tenía un inconveniente. Cientos de independentistas se quedarían sin cobrar un sueldo público (como ocurrió durante la aplicación del artículo 155): desde el presidente Torra y sus consellers, hasta todos los mandos intermedios y asesores de la Generalitat. Sería, sin duda, la muerte del procés.
OKDIARIO
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