sábado, 16 de febrero de 2019

Sánchez pretende dejar el poder tomando una decisión que podría llevarle a prisión

Podría ser acusado de dos delitos, uno de ellos castigado con pena de cárcel

Sánchez pretende dejar el poder tomando una decisión que podría llevarle a prisión

Después de ocho meses de despropósitos y de traiciones a España y al bien común, hoy Pedro Sánchez ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Pero no sólo eso.
Un anuncio que implica violar el Código Penal y un tratado internacional
Este mediodía La Moncloa, a través de su Twitter oficial, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha acordado “poner fin al procedimiento administrativo y acuerda la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La familia tendrá 15 días para señalar un lugar de inhumación distinto de la Catedral de la Almudena”. No soy admirador de Francisco Franco, pero este anuncio me alarma como demócrata por cuanto Sánchez pretende dejar el poder violando el Código Penal y un tratado internacional. El pasado mes de agosto ya señalé aquí las consecuencias legales de ese proyecto del gobierno. En vista de que los socialistas pretenden también decidir lo que puede hacerse o no en la cripta de una Catedral católica, amplío lo que dije entonces.
El asunto está ahora mismo en manos del Tribunal Supremo
La Basílica del Valle de los Caídos, donde está enterrado Francisco Franco, y la Catedral de la Almudena de Madrid, donde su familia anunció que le daría sepultura si el gobierno cumplía su amenaza de sacarle del Valle, son templos católicos y como tales son inviolables, conforme a los Acuerdos firmados entre el Reino de España y la Santa Sede en enero de 1979. El punto 5 del Artículo I de esos acuerdos es muy claro: Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente”. En el caso del Valle, la máxima autoridad eclesiástica es el Prior. El Prior ya ha anunciado que no autorizará al gobierno a violar ese templo para profanar una tumba hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto, ante el que la familia ya presentó recurso el año pasado.
Los tratados internacionales son de obligado cumplimiento
Hay que recordar, así mismo, que el Tribunal Constitucional señaló en su sentencia 66/1982 que este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional. Es de suponer que en el Consejo de Ministros tienen asesores jurídicos pagados por todos para advertir de las consecuencias legales de violar un tratado internacional. El Artículo 96 de la Constitución Española dice que los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento interno, de forma que son de obligado cumplimiento: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.
Sánchez podría ser acusado de los delitos de prevaricación y profanación
En esa cita del Artículo 96 de la Constitución he señalado en negrita una parte importante, y es que lo dispuesto en el tratado sólo puede ser modificado por el cauce previsto en el propio tratado, y no mediante un Real decreto-ley ni por medio de otras leyes ordinarias. Violar este precepto sería cometer un delito de prevaricación, tipificado en el Artículo 404 del Código Penal y castigado con “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. A esto hay que añadir que el Artículo 526 del Código Penal castiga los delitos de profanación, no sólo de los cadáveres, sino también de las sepulturas y los castiga con “la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”. Los descendientes de Franco ya advirtieron al gobierno que le denunciarían por profanación si ordenaba desenterrar el cadáver de su familiar sin su permiso. Dicho sea de otra forma: si el gobierno cumple con su amenaza de perpetrar esa profanación, Sánchez podría acabar en prisión.

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