Una noticia de Europa Press deja en evidencia al gobierno y al Grupo PRISA
Lo que el PSOE y El País ocultan en su último ataque contra el prior del Valle de los Caídos
Estas últimas horas se han difundido algunas noticias sensacionalistas y en algunos casos falsas sobre el Valle de los Caídos y la exhumación de los restos de Francisco Franco. Veamos qué dicen.
El País se inventa que el Vaticano “forzará” al prior del Valle de los Caídos
Hoy el diario socialista El País, que actúa como portavoz oficioso del PSOE desde hace décadas, publica una noticia con el siguiente titular: “El Vaticano forzará al abad del Valle de los Caídos a permitir la exhumación de Franco”. El primer párrafo de la noticia dice lo siguiente: “Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y mano derecha del Papa, ha enviado una carta a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la que le garantiza que la Santa Sede apoya la exhumación y anuncia que forzará al abad del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a permitir que el Gobierno siga con sus planes“. Curiosamente, lo único que conocemos de esa carta es lo que ha querido filtrar el gobierno: ¿por qué no la publica completa? Esto es lo único que El País cita de esa carta:
“Deseo reiterar lo que señalé a vuestra excelencia durante nuestra reunión en el Vaticano, el pasado 29 de octubre, es decir que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la autoridad competente así lo dispone. A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles“.
En el entrecomillado no se dice por ninguna parte que el Vaticano vaya a forzar al prior del Valle: esto se lo ha inventado El País, haciendo un patético ejercicio de sensacionalismo y de falta de rigor (algo que empieza a ser muy frecuente en ese periódico). De la parte que indico en negrita no se puede deducir ni por asomo lo que titula El País.
Un montaje electoral para armar ruido a costa de atacar a un ciudadano
Ante la afirmación de Parolin de recordarle al prior el “deber cívico de observar plenamente el ordenamiento”, lo único que cabe recordar es que los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, y no porque lo diga yo: lo señaló la sentencia 66/1982 del Tribunal Constitucional. El Artículo I.5 de esos Acuerdos es muy claro: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”. Es decir, sólo el prior de la Basílica del Valle de los Caídos, que es Santiago Cantera, puede autorizar el acceso al templo para proceder al desenterramiento. Pero además, y conforme a Derecho, la última palabra sobre la exhumación en sí la tienen la familia de Franco y el Tribunal Supremo (como indico al final de esta entrada). La familia ya ha dejado clara su negativa, y la respuesta del Supremo al recurso de la familia podría alargarse más allá de las elecciones.
Así pues, lo que están haciendo el PSOE y El País es un simple espectáculo electoral para hacer ruido con este tema a costa de atacar a una persona, el prior del Valle, a falta de poder lograr lo que se proponían antes de los comicios de abril. Es muy miserable que un gobierno recurra estos montajes propagandísticos: Sánchez parece cada vez más un imitador de Nicolás Maduro. Esto debería hacernos reflexionar sobre qué clase de personas tenemos en el poder ahora mismo, que se creen con derecho a amedrentar a un ciudadano que tiene el Derecho de su parte.
El gobierno oculta su acuerdo y lo filtra parcial y sesgadamente a El País
El País también publicó anteayer otra noticia en la que se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero, un acuerdo que “no se publicó”, pero que el gobierno “ha enviado ya a los familiares del dictador”. ¿Por qué no se publica este documento, siendo un acuerdo del Consejo de Ministros? ¿Por qué este gobierno insiste en esconder documentos de interés público? ¿Qué tiene que ocultar? El País dice que “ha tenido acceso a los elementos fundamentales del acuerdo”. Según el entrecomillado del documento que publica El País, el gobierno habría alegado lo siguiente: “la titularidad del Valle de los Caídos corresponde a Patrimonio Nacional, quien administra el mismo a través de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”. El País también cita un entrecomillado afirmando que “la entrada a la Basílica no puede negarse cuando se refiere al cumplimiento y ejecución de un acuerdo legal como el adoptado”. Con esta explicación el gobierno está dando a entender que no necesita el permiso del prior para acceder a ese templo para la exhumación. Es mentira.
Europa Press destapa la parte del acuerdo que el gobierno no ha revelado
El problema de El País es que no ha sido el único medio que ha tenido acceso a ese acuerdo del Consejo de Ministros. Este martes Europa Press publicaba citas más extensas del mismo: “El Gobierno admite que precisa de autorización previa de los benedictinos o del Supremo para exhumar a Franco”. La agencia señala: “El Gobierno admite en el acuerdo que ordena la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica para acceder al lugar de culto a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad judicial competente, en este caso el Tribunal Supremo”.
La agencia también cita un entrecomillado del acuerdo que reconoce que ese requisito obliga “a posponer a la fase de ejecución del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo“. Europa Press también señala lo siguiente, citando parte del acuerdo del Consejo de Ministros:
El Ejecutivo admite en esta fase del procedimiento que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en los acuerdos firmados por el Estado con las distintas confesiones provoca un efecto, que no es otro que el de “la necesidad de requerir la autorización eclesiástica o de la confesión respectiva para acceder al lugar de culto y dar cumplimiento de una disposición legal”.
Es lo que vengo señalando en este blog desde hace meses. Esto explica por qué el gobierno no ha querido publicar ese documento, y por qué lo ha filtrado sesgadamente a El País. Europa Press incluye otra cita más del acuerdo, en la que el ejecutivo socialista reconoce que ha pedido permiso a la comunidad benedictina para acceder a ese templo, en contra de lo publicado por El País:
“En ningún caso se ha cuestionado este efecto, y precisamente por ello se ha requerido la correspondiente autorización a la comunidad benedictina a cuyo cargo se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos“.
La gestión del Valle depende de un acuerdo bilateral que el gobierno no puede cambiar sin contar con la Abadía
La titularidad de este templo es legalmente indiscutible. El 27 de mayo de 2011 el Consejo de Ministros -gobernaba el PSOE- publicó un acuerdo en el que afirmaba que la gestión del Valle fue delegada “a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, previo decreto de establecimiento de la Abadía por Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado. Las obligaciones de la orden religiosa consistían, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería. Poco después la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960“. Así pues, el Valle de los Caídos es un lugar de culto con todo lo que ello conlleva a efectos jurídicos.
Ese acuerdo no ha sido derogado ni modificado, y el gobierno no puede alterarlo a su antojo, como recordó la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en 2010: “Ésta es una relación bilateral que, como tal, no se puede romper ni modificar en lo fundamental por una sola de las partes sin el consentimiento y la conformidad de la otra, ni siquiera por Real Decreto aunque la Ley del Patrimonio Nacional deslegalizara la regulación, pues tal proceder supondría una actuación unilateral”.
La advertencia que hizo el Tribunal Supremo en diciembre
Finalmente, hay que recordar que el auto publicado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 17 de diciembre señala lo siguiente en su punto noveno:
“La exhumación, en cuestión, solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto (STEDH 20 de septiembre de 2018 – demandas 30491/17 y 31083/17 – Solska y Rybycka contra Polonia y Disposición Adicional 6a bis Ley 52/2007, de 26 de diciembre)”.
Dicho sea de otra forma: si la familia de Franco presenta recurso ante el Supremo -y todo indica que lo hará-, el gobierno no podrá tocar ese enterramiento hasta que el tribunal resuelva el recurso. El gobierno sabe que si ignora este auto cometería un delito de desobediencia, tipificado en el Artículo 410 del Código Penal y castigado con pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Monseñor Argüello desmiente el nuevo montaje del gobierno y de sus medios afines
+ ACTUALIZADO 16:48h: El secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, desmiente al gobierno: “una cosa es no oponerse y otra decir que lo apoya”. Argüello ha recordado lo señalado por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y por el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera: “Ambos dicen que, si el acuerdo entre el Gobierno y la familia se produce, o si no hay acuerdo, las autoridades judiciales dirimirán cuál será la decisión final, a la que la Iglesia no se opone”. Como ya señalé esta mañana, lo publicado por El País y por otros medios afines al PSOE es un nuevo montaje, y una vez más por encargo de Carmen Calvo, a juzgar por lo que señala Infocatólica.
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