Avicena

Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba. Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina

domingo, 10 de febrero de 2019

La meta de los independentistas está en el Tribunal de Estrasburgo

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El tribunal del 1-O: siete jueces justos

Toda la información sobre el juicio del 1-O

En el juicio del 1-O, la principal incertidumbre no es quiénes son los autores de los hechos presuntamente delictivos, sino su calificación jurídica. El rango de ofertas que ofrecen acusaciones y defensas va desde la obvia petición de absolución de las defensas a la acusación más dura (Fiscalía y acusación popular) de rebelión agravada con malversación. En medio, la posibilidad de condenar solo por sedición (Abogacía del Estado).

Sobre el papel, la condena más leve posible sería la de desobediencia grave a la autoridad judicial, en este caso a la orden del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum. Esa opción dejaría las penas en un máximo de dos años de inhabilitación, tal y como sucedió con la consulta ilegal del 9-N.

Pero la batalla jurídica real será la de la existencia o no del delito de rebelión. No será un duelo estricto entre acusaciones y defensas, porque una de las acusaciones está alineada con la defensa: la Abogacía, brazo jurídico del Gobierno, sostiene que sólo hubo sedición, que conlleva penas altas pero muy inferiores a las de la rebelión.

Las diferencias entre ambas delitos son varias, pero en el caso del 1-O el quid será la concurrencia o no del elemento violento. "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente...", dice el Código Penal.

La Fiscalía lo tiene claro: "[Los acusados] contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido", afirma el escrito de acusación del fiscal. Se valieron, añade, "de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d'Esquadra [...] que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales".

Más allá de la presencia armada de mossos, la acusación lista en su escrito episodios como el asedio a la sede de la Consejería de Economía, que acabó con el ataque a vehículos de la Guardia Civil y durante horas impidió salir del edificio a la comitiva judicial. También se exhibirán en el juicio los vídeos de ciudadanos impidiendo a las Fuerzas de Seguridad incautarse de las urnas e incluso expulsando a pedradas a los agentes.

Las defensas, evidentemente, niegan la violencia, más allá de algún disturbio aislado del que los acusados no serían responsables. "La violencia que 'salpica' (según palabras de la Fiscalía) dicho movimiento es una invención", afirma la defensa de Oriol Junqueras. Cuentan excepcionalmente con el apoyo de la Abogacía del Estado, que por omisión niega que hubiera rebelión. Veintitrés veces emplea la Fiscalía la palabra violencia y ninguna la Abogacía. A lo más que llega el escrito llevado por el Gobierno al Supremo es a hablar de "incidentes", "disturbios" o "tumultos".

En el juicio también está en juego otro delito, el de malversación. Su aplicación está ligada a la elección del delito principal. Si se condena por rebelión, esa malversación actúa como un agravante y sube sustancialmente las penas de la rebelión.

Si por contra se considera que el delito principal fue la sedición la malversación debe tenerse como un delito independiente, con su propia pena. Esa es la opción de la Abogacía, que además entiende que la malversación era solo un medio para cometer la sedición, lo que se traduce en una petición de pena más suave.

La Fiscalía se ha mantenido firme a lo largo de la instrucción en la tesis de la rebelión. Y ello a pesar de que sus querellas, que pusieron en marcha lo que ahora desemboca en un juicio, contemplaban que lo sucedido pudiera ser sedición.

La primera decisión del Supremo sobre el 1-O contemplaba una opción que permitía rebajar enormemente las penas por una eventual condena por rebelión: que estuviéramos ante una rebelión en grado de conspiración, es decir, que el delito no se habría llegado a cometer completamente. Pero de esas opciones más suaves no hay rastro y al inicio del juicio el juez Llarena ignoró la opción de la conspiración y la Fiscalía ya sólo contempla un delito consumado de rebelión

Los acusados y las penas solicitadas para ellos

Número de años de prisión que piden:
F
Fiscalía del Estado
A
Abogacía del Estado

Delitos de los que se les acusa:
Rebelión
Sedición
Desobediencia
Malversación