La sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirma el fallo del juzgado de instrucción número 7 de Madrid que, con fecha 3 de octubre de 2017, dictó auto de sobreseimiento provisional y archivo de la querella contra ACOM por no existir indicios racionales de comisión de delito de incitación al odio
Gonzalo Boye, como letrado del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), presentó en octubre de 2017 una querella contra la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y su presidente, Ángel Mas, por sendos delitos de asociación ilícita e incitación al odio, respectivamente. El juzgado de instrucción número 7 de Madrid archivó la causa y ahora la Audiencia Provincial de Madrid confirma la decisión definitivamente.
El CSCA solicitaba, a través de la acción legal jurídicamente planteada por Boye, una condena que podría haber significado una pena de prisión de hasta cuatro años para el presidente de ACOM y la ilegalización de la organización española que, actualmente, lucha de manera más activa y exitosa contra el antisemitismo en España.
El recurso de apelación, resuelto ahora en firme, fue admitido a trámite con la oposición del Ministerio Fiscal que, tras examinar la documentación correspondiente entendió que ninguno de los hechos descritos justificaban la comisión del delito denunciado ni de ellos podía deducirse un interés criminal.
No hay delito
Entiende el tribunal en su Auto que ni la querella inicial ni el posterior recurso, se ajustan a derecho ya que la intencionalidad de la acción judicial liderada por Boye persigue dar respuesta a una situación de histórico enfrentamiento político y social de CSCA, su asociación cliente, “en permanente conflicto” con ACOM.
Por lo tanto, añade en la resolución firme, dicha relación “sólo debe analizarse desde otras perspectivas ajenas a la del derecho penal, por más que se puedan utilizar expresiones que son desafortunadas, molestas y socialmente reprochables, pero que no pueden considerarse como integrantes de discurso de odio desde el punto de vista del derecho penal”.
Y concluye la magistrada ponente que no existe ningún “indicio para considerar a ACOM como asociación ilícita“.
Recuerda el tribunal, además, que de acuerdo a la jurisprudencia más actualizada y en base al criterio fijado por el Tribunal Constitucional “la restricción de los derechos a la libertad de expresión e ideológica, y más aún el recurso a la sanción penal” como el último recurso a utilizar, reclama “una justificación que solo se encuentra” cuando choca con derechos que merecen una mayor protección.
Pero que “ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión” pueden justificar el “menosprecio” o el “sentimiento de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales”, por muy opuestos que estos sean a nuestras creencias o sensibilidades, ya que “en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social”.
Vínculos terroristas
El abogado chileno Gonzalo Boye –condenado a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla- fue quien aconsejó a Carles Puigdemont y el resto de ex consejeros catalanes que se refugiaran en Bélgica para huir de la Justicia española.
Y fue también Boye quien recomendó al ex presidente de la Generalitat que contratara en Bruselas los servicios del abogado Paul Bekaert, especializado en defender a terroristas de ETA. Así lo reconoció el propio Boye en una entrevista concedida a un diario digital chileno.
Además, entre otras muchas de las organizaciones y causas antisemitas que defiende se encuentran el Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), ligado a la organización terrorista FPLP y a diferentes grupos pro palestinos del Boicot, Desinversión, Sanción (BDS) contra los productos con origen en Israel.
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