Una copia de las mismas fue incautada en una operación contra ETA en 2008
Esto es lo que se sabe de las actas aún secretas que podrían haber enviado a Zapatero a prisión
Uno de los episodios más siniestros del mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 pudo costarle acabar en la cárcel.
Este miércoles, durante un acto en la agencia de noticias Servimedia, Zapatero tachó a Vox de “derecha predemocrática” y advirtió a Ciudadanos sobre posibles pactos con el partido de Abascal. El expresidente socialista, conocido últimamente por ejercer de embajador de facto de la dictadura de Nicolás Maduro, tuvo anoche contestación por parte del presidente de Vox: “A Zapatero le preocupa VOX. Hace bien en preocuparse, porque si conseguimos publicar las actas de su negociacion con los enemigos de España… a lo mejor acaba en la cárcel“.
La copia que guardaba ETA fue incautada en Burdeos en 2008
Abascal se refiere con ello a los documentos en los que quedó constancia de lo pactado entre el gobierno de Zapatero y ETA en la negociación política que llevaron a cabo hace 13 años. La copia que tenía ETA de esas actas salió a la luz cuando fue incautada en una operación policial en Burdeos en 2008. En ellas se reflejaban las promesas hechas por el ejecutivo socialista a la banda criminal para que dejase de atentar: legalización de Batasuna, fin de las detenciones de terroristas, liberación de terroristas presos como De Juana Chaos y Bolinaga, derogación de la doctrina Parot -que establecía que las reducciones de penas se aplicaban al total de la condena y no al máximo permitido de estancia en prisión- y la creación de un “teléfono de seguridad” al que podrían recurrir los terroristas en caso de verse en problemas con la Justicia. Una de esas actas también señalaba que el Gobierno de Zapatero ocultó que los etarras seguían enviando cartas de extorsión para obtener dinero mediante amenazas de muerte: “El ministro tiene un montón de cartas (de extorsión) que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide. El Gobierno entiende que el envío de cartas es un incumplimiento de lo acordado”.
El PSOE empezó a negociar con ETA el año que asesinó a una niña de 6 años
El 10 de junio de 2007, un medio afín al PSOE, el diario El País, reveló los detalles de esa negociación, detalles que dejaban claro que fue una negociación política con una banda criminal. Lo más revelador es que los contactos entre los socialistas y los etarras se iniciaron en 2002, cuando el PSOE aún estaba en la oposición y ETA seguía cometiendo asesinatos. Ese mismo año, la banda terrorista asesinó al concejal socialista Juan Priede Pérez, al jubilado Cecilio Gallego Alaminos, a la niña de seis años Silvia Martínez Santiago -hija de un guardia civil- y a los agentes de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro Montes y Antonio Molina Martín. Los contactos fueron iniciados por el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, a través del etarra Arnaldo Otegi, entonces dirigente de Batasuna, el brazo político de ETA, ilegalizado en 2003.
Las mentiras del gobierno de Zapatero sobre esa negociación
La crónica de la negociación publicada por El País dejaba en evidencia que el gobierno de Zapatero mintió -repetidas veces- al negar sus contactos con ETA y al negar que estuviese negociando con los asesinos. Se trata de mentiras que el gobierno socialista incluso dirigió a las víctimas para intentar desmovilizar las protestas que convocó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entonces presidida por Francisco José Alcaraz, contra esa negociación. Unas protestas que fueron blanco de los ataques de los medios afines al PSOE. La noticia de El País también revelaba que Zapatero también mintió al afirmar que su gobierno había verificado la tregua-trampa declarada por ETA en marzo de 2006, al negar que la banda estuviese enviando cartas de extorsión (unos envíos cuya ocultación por el gobierno socialista se confirma, como he señalado, en esas actas). Zapatero también mintió al negar que hubiese nuevos contactos con ETA tras su atentado contra la T4 de Barajas, en el que la banda terrorista asesinó a dos personas.
Los tipos penales que pudieron haberle costado la cárcel a Zapatero
A la luz de lo que se conoce hoy en día gracias a la copia de ETA, Zapatero y otros altos cargos de su gabinete podrían ser acusados de varios presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos (Art. 450 del Código Penal de 1995, entonces vigente; se castiga con prisión de seis meses a dos años si es un delito contra la vida, como en el caso del terrorismo); delito de encubrimiento (Art. 451, castigado con penas de seis meses a tres años de prisión; sería el tipo penal aplicable a la ocultación de las cartas de extorsión, entre otros posibles delitos); a eso habría que añadir el correspondiente delito de conspiración para cometer esos delitos, y de delitos de prevaricación necesarios para ejecutar los compromisos acordados con la banda criminal. Recordemos que varios de los compromisos reflejados en la copia de ETA acabaron cumpliéndose. La esperanza para los implicados en estos hechos es que el Artículo 131 del Código Penal señala que estos delitos habrían prescrito a los cinco años, al estar castigados con penas inferiores a los cinco años de prisión.
Tras habérselas reclamado a Zapatero, Rajoy mantuvo ocultas las actas
En la ocultación de esas actas -todo hay que decirlo- tuvo un papel muy importante el gobierno de Rajoy. El Partido Popular pidió varias veces la publicación de esas actas entre 2007 y 2011, pero una vez en el poder, Rajoy se olvidó del tema, e incluso siguió de brazos cruzados al respecto cuando Voces contra el Terrorismo le pidió que las publicase. Además de eso, el PP también se olvidó de la revocación del permiso parlamentario para negociar con ETA, que en su momento también había pedido derogar. Todo parece indicar que, igual que hizo con las leyes ideológicas de Zapatero, Rajoy también asumió los compromisos recogidos en esas actas, pues de otra no se explica la liberación del etarra Bolinaga en 2012 por una decisión política (recordemos que la liberación de ese etarra era uno de los puntos que figuraban en el acta incautada en Burdeos).
La tramposa excusa del gobierno de Sánchez para no entregar las actas
A día de hoy, el gobierno de Sánchez insiste en negarse a publicar esas actas. El pasado 8 de octubre Francisco José Alcaraz, en nombre de Voces contra el Terrorismo, envió un burofax al gobierno reclamando la publicación de esos documentos. La respuesta tardó tres meses en llegar, y lo hizo en forma de tramposa y mentirosa negativa, afirmando: “Una vez efectuada la consulta a la Fundación Centro para la Memoria para las Víctimas del Terrorismo, ni dicha Fundación ni la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo tienen documentación alguna referente al objeto de la consulta”. ¿El Ministerio del Interior, el CNI, y la Presidencia del Gobierno tampoco tienen ninguna copia? Tantos años después, nos siguen mintiendo con todo descaro.
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