Eran las 11 de la mañana de un viernes. Fernando Márquez, un próspero panadero, regresaba a Venezuela para visitar a su familia, y no podía creer lo que estaba viendo. Las lágrimas le brotaron de sus ojos al no poder reconocer la ruinosa ciudad en que se había convertido Caracas seis años después de haberla dejado.
El empresario pensaba que estaba en otro país pero no, el taxista le recordó que entró por Catia y enrumbó por la avenida Sucre hacia el Silencio, a dos cuadras de Miraflores, el palacio de gobierno. «No puede ser que las tiendas estén cerradas a esta hora, ¿será porque es un feriado o un domingo?», le preguntó al conductor, quien le aseguró que los comerciantes ya habían cerrado hace tiempo, según dijo a ABC.
La mayoría de las tiendas de El Silencio eran atendidas por comerciantes árabes que colgaban sus mercancías y textiles como si estuvieran en un bazar de Marruecos. Ya no están a pesar de su afinidad con el régimen de Nicolás Maduro.
El taxista llevó a Fernando Márquez a Sabana Grande, un bulevar comercial tradicional de hace 50 años, donde encontró también las tiendas cerradas pero abiertos algunos restaurantes españoles de tapas en la avenida Francisco Solano, donde se alojó y comió en su deprimente y triste regreso a la capital venezolana.
A cinco cuadras de la sede de Fedecámaras, sede de la patronal empresarial en La Campiña, Fernando Márquez se topó con una fila de activistas con camiseta roja del Partido Socialista Unido de Venezuela en La Campiña que bloqueban la calle con una manifestación para protestar contra los empresarios porque los culpaban de la supuesta «guerra económica» que tiene mortificado a Maduro desde hace 6 años.
María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio, dijo a ABC que en Sabana Grande habían cerrado 400 tiendas (un 40%) desde que Maduro anunció su plan económico hace casi 3 meses. El recorrido por las seis cuadras del boulevard da la impresión, a puro ojo, de que más del 70% ha cerrado.
«Esto es un modelo feudal», dice Uzcátegui. «No hay ninguna empresa que aguante una fiscalización diaria y semanal que te exige el importe fiscal del impuesto de 33% por la ganancia diaria por adelantado. Ningún negocio lo sabe por la hiperinflación que fluctúa todos los días».
En su opinión, el tono feudal del modelo de Maduro se enmarca en los impuestos oficiales y no que se deben pagar en el transporte y distribución de la producción agrícola desde el campo a la ciudad. El 33% oficial del impuesto a la hacienda aumenta a más del 40% sumando la cantidad de vacunas (peajes) que los conductores deben pagar en el trayecto.
«Todos los productores pagan sobornos o vacunas a los uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana cuando llevan su mercancía a la ciudad en camiones por la carretera. Estos guardias cobran entre un 10% y 15% en sobornos para dejar pasar la mercaduría de los productores», añade Uzcátegui.
El costo de las «vacunas o sobornos», que representa más del 45% del costo de su producto por su paso en las carreteras, se traslada al precio al consumidor. Aquí hay «una anarquía, cada jefe militar o policial de la zona es un feudo y así se maneja Maduro para mantenerse en el poder», dice la jefe de Consecomercio.
En los últimos cinco años «hemos venido sufriendo una caída de la economía del 50% del PIB y todavía quedan venezolanos que quieren resistir y seguir avanzando pese a la adversidad del régimen de Maduro. Las empresas trabajan al 25% de su capacidad», añade la dirigente del gremio comercial.
En Venezuela había unos 700 mil comercios en 2008. «Actualmente puede que quede la mitad a pesar de la deserción, la diáspora y el cierre de empresas», añade Uzcátegui. Por comparación en Colombia donde hay más de 2 millones de empresas.
El cierre de empresas e industrias ha empujado a la diáspora. La ola de emigrantes venezolanos que cruzan la frontera viene de la desocupación y el abandono empresarial.
El presidente de la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, indicó que alrededor de 700 industrias han cerrado este año y señaló que la causa principal son las políticas económicas implementadas por el Gobierno.
«El hecho de que hayan cerrado cerca de 700 empresas y que ya estemos cerca de 2.500 solamente es una manifestación muy clara de que aquellas políticas que estábamos viendo en aquel momento, están teniendo como resultado esta disminución de la actividad y estos cierres», dijo durante una entrevista para Unión Radio.
De acuerdo con el censo industrial de 1997 citado por Olalquiaga, en el país existían 12.700 empresas privadas con altos niveles de producción y para 2018 solo quedan 2.500 que operan por debajo del 20% de su capacidad.
El panadero Fernando Márquez no ve el día en irse de su país después de estar un mes. «Me piden vacunas (sobornos) por el saco de harina. Prefiero cerrar a tener que pagar sobornos a los corruptos».
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