“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”. Cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, pronunció una de las dos preguntas de la consulta ilegal del 9N, la economía catalana representaba el 19% del PIB de España. Cataluña crecía a un ritmo del 4,2% y su deuda pública alcanzaba los 64.466 millones de euros.
Dos referendum ilegales y tres presidentes después, Cataluña crece un 3,3%, casi un punto menos respecto al inicio del procés. La deuda pública supera los 77.700 millones de euros, cifra que representa un 34,8% de su PIB (223.139 millones de euros).
Unos datos desalentadores que, junto a los constantes desafíos independentistas, han provocado que en Cataluña resida la incertidumbre y en la inseguridad política y jurídica.
Como consecuencia, la inversión extranjera se ha desplomado.
En el cuarto trimestre de 2014 Cataluña ingresaba 1.968,8 millones de euros procedentes de inversión extranjera. En tres años, la inversión extranjera apenas alcanzaba los 967 millones de euros.
Solo en el último año el desplome ha sido del 62%. Y es que en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, Cataluña ha pasando de recibir 902 millones de euros a 346 millones en inversión extranjera, según se desprende de los datos recién publicados por el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Éxodo de empresas
A esto se suma que desde el 2 de octubre, un total de 4.550 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña a otras regiones de España, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. En 2018 la región sigue liderando, con un 35%, los cambios de domicilio de empresas que se realizan en toda España. Habrá que esperar a cierre de año para poder contabilizar el verdadero impacto del éxodo masivo de empresas y de riqueza de Cataluña con Torra al frente de la Generalitat.
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