Que se quede en Alemania vagando con sus delirios y paranoias
Santiago González: "Sánchez olvida su levantisca reacción contra la sentencia de La Manada y dice ahora que hay que respetar las decisiones judiciales del tribunal alemán con Puigdemont"
El prófugo Carles Puigdemont.
Varapalo doble para España. Por un lado, la justicia alemana que rechaza extraditar a Puigdemont por el delito de rebelión y solo aceptaría hacerlo por el de malversación, que implica a lo sumo cinco años de cárcel. Y por el otro, el 'locuaz' Pedro Sánchez, que ha tardado muy poco en pedir respeto a los jueces germanos.
Este aspecto es ampliamente analizado en las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 13 de julio de 2018.
El editorial de El Mundo le advierte a Sánchez que no puede haber paños calientes para el prófugo Puigdemont, diga lo que diga la Justicia alemana:
Mientras el independentismo arremete contra la Justicia española, el Gobierno acepta mansamente juzgar a Puigdemont por un delito menor. Sánchez afirmó que las sentencias no se califican sino que se respetan, lo que contradice su conducta en casos como el de La Manada, donde no ha evitado posicionarse. La realidad es que los líderes del procés encarcelados no son presos políticos, por mucho que Torra lo repita de forma machacona. Tampoco hay razón para desconfiar de las garantías procesales que ampara nuestro Estado de derecho. Por tanto, el Gobierno no puede enmudecer cuando se pone en entredicho el sistema judicial. Puigdemont no quería negociar nada. Se alzó contra el orden constitucional, lo que constituye un delito gravísimo que no puede quedar impune.
Santiago González también va en la misma línea y teme que al final se le dé un trato más benévolo al golpista Puigdemont:
Los golpistas catalanes no han conseguido aún romper España, aunque para dar por buena esta afirmación habría que esperar a ver hasta dónde pueden llegar los efectos del pedrisco. Pero ya han roto Cataluña y la UE. Su inspirador máximo se ha expresado en una de esas ruedas de prensa que sólo da en el extranjero, durante los 40 días que lleva ejerciendo de presidente. «Lo importante es que tienen que ser juzgado por tribunales españoles y eso va a ocurrir». No si el Supremo español se ve condicionado por un tribunal alemán de segunda. Y después la guinda: «Las decisiones judiciales no se califican, se respetan», principio que no es de observación universal. Cómo olvidar la actitud levantisca del Gobierno Sánchez contra la sentencia que puso en libertad provisional a los cinco miembros de La Manada, porque en opinión de la gentil portavoz era «un caso particular, diferente, de hechos probados, gravísimos. Ella dijo ‘no'».
El editorial de El País hace difíciles equilibrios entre criticar la Justicia española, pero al mismo tiempo darle un palo a la alemana por el tema de Carles Puigdemont:
Este paso confirma que en lo relativo al procés España está en trance de perder la batalla del relato internacional. La euforia con la que Puigdemont y sus abogados han reaccionado a la decisión alemana es otro detalle hiriente para las instituciones de este país y abunda en la idea provinciana de que unos jueces alemanes tienen mayor criterio que los españoles que han investigado de cerca y durante meses el caso.
Lluís Bassets le mete un buen palo al tribunal alemán que ha perpetrado tamaña mamarrachada exonerando a Puigdemont de toda rebelión:
Ahora un tribunal alemán, lejano y ajeno, solo se atreve a atisbar una posible malversación de fondos en aquella gesta insólita, única en la reciente historia europea, de unos revolucionarios inconsecuentes, unos rebeldes reluctantes, unos secesionistas burgueses y acomodaticios, incapaces de terminar lo que habían empezado. Lo celebran, y con razón, sus abogados defensores: les están librando de lo peor.
ABC considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se quedó en una postura muy tibia respecto a la decisión del tribunal alemán que juzga a Puigdemont:
La tibia reacción del presidente Sánchez ante este golpe jurídico se quedó ayer corta. No basta con acatar las sentencias, sin asomo de críticas, como las dirigidas por su Ejecutivo a la sentencia de La Manada. Se trata de respaldar nuestro ordenamiento jurídico y apoyar a nuestros tribunales, más aún en un asunto capital para el Estado de Derecho.
Ignacio Camacho, viendo que la justicia alemana sólo lo extraditaría por ser un vulgar mangante, prefiere que Puigdemont siga vagando por el exilio hasta que el personal se canse de pagarle las facturas:
Que se quede allí. Que no venga, que no lo traigan, que lo dejen vagar por ese espacio de evasión que él llama exilio. Que permanezca en Alemania con el estigma de un fugitivo. Que siga paseando por Europa como un fantasma político, hasta que a base de repetición baldía se extinga el eco de su paranoia e incluso los más proclives a su causa se cansen de su delirio. Que continúe dando la matraca por ahí lejos, bajo ese cielo gris y esos inviernos aburridos, mientras dure el dinero de sus pagafantas y amigos. Que se instale en la nostalgia errante de su falso mito, que se refugie en los pliegues de un limbo jurídico. Pero si vuelve, que sepa que ha de llegar esposado y detenido para responder como todos los demás por los mismos delitos. Y que de otro modo nunca podrá regresar hasta que la acusación haya prescrito.
El editorial de La Razón es claro en esta cuestión de Puigdemont, el delito por el que tiene que ser extraditado es por rebelión, no por ser un mero malversador:
El plan del juez Llarena para que Puigdemont no vuelva a ser presidente de la Generalitat
Es evidente que la Justicia española no podía admitir de ninguna manera la decisión del tribunal regional alemán de SchleswigHolstein, que concede la extradición del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sólo por el delito de malversación de fondos públicos y con un límite de pena de 5 años, que es la prevista en su código penal, porque, de aceptar la interpretación germana, contaminaría el resto de la causa y sería tanto como dar por buena la estrategia de defensa de los golpistas. De ahí que tengamos que discrepar de la intervención, algo apresurada del presidentedel Gobierno, Pedro Sánchez, de que lo importante es que los fugitivos sean juzgados en España.
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