El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha tomado su tiempo para dar el siguiente paso en la causa por rebelión, malversación o desobediencia seguida contra los líderes del 'procés'. Prácticamente 15 días después de que la Sala de lo Penal confirmara el auto de procesamiento, este martes el magistrado ha concluido la causa y ha aplicado la suspensión automática de cargo público de los procesados por rebelión que se encuentran presos o tienen una orden de prisión pendiente, lo que afecta a seis de los siete que siguen siendo diputados.
Es lo previsto en el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, pero el magistrado ha preferido remitírselo al Parlament en una resolución motivada, para atajar cualquier intención que pudiera tener la Cámara de incumplir el mandato. El artículo 25 del Reglamento del Parlament prevé la suspensión de los derechos y deberes de los diputados por mayoría absoluta cuando se reclama por la fimeza de un auto de procesamiento.
Los afectados son el exvicepresidente Oriol Junqueras, los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Rull y Josep Turull y el expresidente de la Assamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez. También se suspende al huido Carles Puigdemont, pero no a Toni Comín, al que se permite recurrir. Al no tener el expresidente de la Generalitat delegado el voto, no tiene tanta trascendencia. La medida no afecta a Meritxell Serret, nombrada recientemente delegada del Govern ante la Unión Europea, ya que no fue procesada por rebelión.
Se trata de una suspensión cautelar, por lo que mantendrán el acta, salvo que ellos renuncien o sean finalmente condenados, lo que significa que salvo que se dé esta circunstancia no correrá la lista en la que concurrieron el 21-D. Ello significa en la práctica que la exigua mayoría independentista del Parlament pierde los cinco votos de los diputados presos, que lo tenían delegado.
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