En 2015 apoyó una ordenanza ilegal que impone el gallego en ese ayuntamiento
Se están riendo de todos los españoles. Ésta es la conclusión que cabe extraer de lo ocurrido este martes durante un debate en el Senado, en torno a una moción de Unidos Podemos.
Cambian el orden del día para que pueda dar su discurso en gallego
La moción iba a presentarla María Vanessa Angustia Gómez, coordinadora comarcal de Pontevedra del Partido Comunista de Galicia (la rama gallega del PCE) y senadora de En Marea, la marca electoral usada en las últimas Elecciones Generales por Podemos, los separatistas de Anova y los comunistas de Esquerda Unida, la rama gallega de IU. A pesar de estar en el Senado de España, la senadora comunista quiso dar su discurso en gallego, y como en ese momento no estaba la traductora de gallego, hubo que modificar el orden del día.
Un disparate del PSOE para igualarnos con Suiza, un país sin lengua común
Como recordaréis, este disparate se puso en marcha durante el mandato de Zapatero y ya entonces costaba unos 12.000 euros por sesión. Entonces, los socialistas apelaron al ejemplo de Suiza, afirmando que allí es normal que se usen varias lenguas en las instituciones. Olvidaron decir que en Suiza no hay un idioma común, y en España sí que lo tenemos. Pero ya puestos a imitar a Suiza, podrían haber copiado el Artículo 18 de su Constitución, que afirma: “Se garantiza la libertad del idioma“. Y es que mientras ponía pinganillos en el Senado, el PSOE apoyaba el monolingüismo obligatorio en las escuelas catalanas y las multas lingüísticas a comerciantes por rotular en español. Reclaman para el Senado la libertad lingüística que pisotean en Cataluña.
El partido de Angustia excluye el español de forma ilegal en Ferrol
A los comunistas gallegos les pasa exactamente lo mismo. Resulta que Vanessa Angustia pertenece a Esquerda Unida, igual que el alcalde de Ferrol, Jorge Juan Suárez Fernández. Este señor se presentó a las elecciones con la marca electoral Ferrol en Común. En noviembre de 2015, Suárez votó contra una moción de Ciudadanos que pedía derogar una ordenanza lingüística que excluye el español, una ordenanza abiertamente ilegal, si nos atenemos a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Tribunal Constitucional, como ya expliqué aquí.
Tratan el español como lengua extranjera en una ciudad con un 88% de hispanohablantes
Podéis leer la ordenanza aquí (ver PDF). Eso sí, el texto sólo está en gallego. Y es que la ordenanza establece que el gallego es “el idioma oficial del Ayuntamiento de Ferrol”, sin mencionar al español, como si la lengua de escritores gallegos como Camilo José Cela, Ramón María del Valle-Inclán o Emilia Pardo Bazán fuese una lengua extranjera en la ciudad departamental. Pero no es así: al contrario. La mayoría de los ferrolanos hablan en español: la suya es, de hecho, la ciudad más hispanohablante de Galicia. Un 23% de los ferrolanos son monolingües en español, un 12% son monolingües en gallego y un 65% sólo usa el gallego a veces. Es decir, que el Ayuntamiento de Ferrol veta a nivel oficial el idioma habitual del 88% sus vecinos, esos vecinos que pagan con sus impuestos los sueldos de sus concejales y funcionarios municipales. Es una situación aberrante.
La ordenanza desobedece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
En dicha ordenanza, además, exige el uso del gallego a todos los organismos municipales e incluso a las empresas adjudicatarias o concesionarias. También impone, en su Artículo III, que la redacción de las actas de las sesiones municipales se haga en lengua gallega, y lo mismo con los dictámenes, informes o propuestas que se tengan que someterse a cualquier órgano municipal. Todos los impresos, los expedientes administrativos y los rótulos municipales deben estar en gallego. Sólo te entregan documentación en español si lo pides “formalmente”, pero incluso así, te la entregarán también en gallego. La ordenanza señala que “sólo se harán impresos bilingües cuando alguna circunstancia especial así lo requiera”, pero a continuación matiza: “El texto gallego figurará siempre de forma preferente”. Además, los funcionarios tienen la obligación de atender al público en gallego, y sólo pueden usar el español si el ciudadano se lo pide “expresamente”. Como puede comprobar cualquiera que sepa leer, esta ordenanza se pasa por el arco del triunfo la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que señaló que las administraciones públicas de una comunidad con dos lenguas oficiales “no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales”. Pero lo que ya es el colmo es que el mismo partido que apoya esta cafrada en Ferrol, luego vaya a Madrid a exigir hablar en gallego en el Senado. Insisto: se ríen de todos los españoles.
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