Dos meses después de ver la luz, las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes siguen coleando. Ignacio Escolar y Raquel Ejerique han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 29 para el próximo jueves 28 de junio con motivo de la querella que la expresidenta de la Comunidad de Madrid interpuso contra ambos después de que se destapase el caso.
El director de eldiario.es y la jefa de política social del mismo van a ser investigados por el juez Pedro Antonio Domínguez por “descubrimiento de secretos”, después de que la Fiscalía no encontrase “relevancia penal en el actuación de los periodistas”. Aun así, “la Fiscalía quiere conocer quién accedió al sistema de la universidad, quién es el autor del pantallazo de los datos universitarios, así como la identidad de la persona o personas que facilitó los datos a eldiario.es”, según anuncia el propio medio. También ha sido llamado a declarar Salvador Perelló, el docente de la Universidad Rey Juan Carlos que fue señalado como el responsable del chivatazo.
El delito de “descubrimiento de secretos” está recogido en el Código Penal y se castiga con penas que van de uno a siete años. Debido a la jurisprudencia actual, los responsables del delito no son los periodistas, sino los funcionarios de la Administración que han colaborado en la publicación de dichos datos.
Para conocer la razón de este procedimiento judicial hay que trasladarse hasta el pasado 21 de marzo, cuando el medio destapó que Cristina Cifuentes aprobó el máster que cursó entre 2011 y 2012 de manera irregular, falsificando varias de las notas. Pese a la publicación de multitud de pruebas y las contradicciones en las que incurrieron tanto la universidad como la propia política, Cifuentes se mantuvo en su puesto hasta que vio la luz un vídeo en el que aparecía robando dos botes de crema en un supermercado.
La FAPE y la APM unen fuerzas y se solidarizan con Escolar y Ejerique
Las dos asociaciones de prensa más importantes del país, han apoyado públicamente a Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. Ambas organizaciones coinciden en respetar la decisión de la Justicia y su independencia, pero también respaldan el trabajo de los dos periodistas.
Alegan que el secreto profesional es un derecho de los periodistas que persigue dos finalidades: amparar al periodista y también a su fuente. Además, desde la Asociación de Prensa de Madrid reclaman, que igual que la Justicia debe ser independiente, los periodistas también deben de gozar de independencia para poder realizar su labor.
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