El PSOE quiere castigar la defensa del nazismo y del fascismo, pero no la del terror comunista

Su nueva 'Ley de Memoria Histórica' hace esa excepción a los totalitarismos

El PSOE quiere castigar la defensa del nazismo y del fascismo, pero no la del terror comunista

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Si llega a aprobarse la nueva “Ley de Memoria Histórica” que prepara el PSOE, en España será ilegal ensalzar a los asesinos de Auschwitz, pero será legal ensalzar a los asesinos de Katyn.

Esto es lo que hizo el PSOE cuando Europa quiso condenar los crímenes del comunismo
Los más de 100 millones de muertos que causó el comunismo, divididos por países

El texto de este proyecto de ley, publicado el 22 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, incluye lo siguiente en su disposición adicional primera:

“Serán declaradas ilegales las Asociaciones y Fundaciones que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo“.

El segundo punto de esta disposición afirma que “se procederá a las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por la que se declararán ilegales las asociaciones y fundaciones referidas en el apartado anterior“.

La ley hace una excepción a las ideologías totalitarias: el comunismo

Esta norma no parece orientada a honrar la memoria de las víctimas de las ideologías totalitarias, sino a las víctimas de una parte de esas ideologías. En concreto, en el texto se echa en falta una mención al comunismo, una ideología totalitaria y antidemocrática cuyos seguidores han matado a más de 100 millones de personas, desde la instauración de la primera dictadura comunista en Rusia en 1917. De hecho, el primer régimen comunista, que tuvo a Lenin como dictador, fue un reinado de terror en el que los bolcheviques recurrieron a la tortura y el asesinado a gran escala contra amplios sectores de la sociedad. En poco más de seis años, la dictadura de Lenin asesinó a diez veces más gente que la dictadura franquista en casi 40 años.

En 2006 el PSOE se negó a condenar los crímenes de las dictaduras comunistas

Como ya comenté aquí anteayer, en 2006 el PSOE votó junto a los comunistas en contra de una condena del Consejo de Europa a los crímenes de las dictaduras comunistas. Además, en 2009 intentó rebajar una condena del Parlamento Europeo a esos crímenes, suprimiendo del texto de la moción casi todas las referencias al comunismo. En España y durante décadas, el Partido Socialista nunca ha tenido reparos de pactar con los comunistas, obviando su apoyo a dictaduras como la URSS, Cuba e incluso Corea del Norte. De hecho, la reciente moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder fue posible gracias al apoyo, entre otros, de los diputados comunistas integrados en el grupo parlamentario de Unidos Podemos.

La ultraizquierda española sigue ensalzando a dictadores comunistas

A pesar de la magnitud de las atrocidades cometidas por las dictaduras comunistas, el pasado mes de octubre el Partido Comunista de España (PCE) celebró el centenario del sangriento régimen de Lenin, en un mitin durante el cual se exhibió un gran retrato de ese dictador. En esta foto de ese mitin vemos a Alberto Garzón, diputado de Unidos Podemos, uno de los parlamentarios que apoyó con su voto la vuelta del PSOE al poder:

En abril, un grupo comunista paseó por Madrid los retratos de dictadores comunistas como Lenin, Stalin y Enver Hoxha, cuyo régimen asesinó a 100.000 personas en un país, Albania, que en 1950 sólo tenía 1,2 millones de habitantes.

Ese mismo mes, una organización comunista colgó una enorme pancarta con un retrato de Stalin en la Universidad de Granada, con la finalidad de ensalzar a ese genocida:

¿Los crímenes comunistas son menos condenables que los nazis?

Pues bien: según la nueva Ley de Memoria Histórica del PSOE, si estos comunistas exhibiesen retratos de Franco, de Hitler o de Mussolini, esas organizaciones serían ilegalizadas. Pero como exhiben retratos de dictadores comunistas, incluso de asesinos de masas que mataron a mucha más gente que el franquismo y el fascismo italiano juntos, entonces no pasa nada. Lo que la ley del PSOE parece decir es que los crímenes comunistas no son tan condenables como los crímenes nazis, simplemente porque el PSOE se lleva bien con los comunistas. Si el PSOE logra su objetivo, en España estaría amparada la memoria de los polacos asesinados en la masacre de Wola, pero no la memoria de los polacos asesinados en la masacre Katyn, simplemente porque la primera fue perpetrada por los nazis y la segunda fue perpetrada por los soviéticos (recordemos que la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin invadieron conjuntamente Polonia en 1939). Este sectarismo no tiene nada de “memoria histórica”: es un insulto a las víctimas del terror comunista.

Una Asociación de guardias civiles a Sánchez: “Gracias por acercar a los etarras a sus hogares así sin más”

Agentes portan los féretros de los guardias civiles asesinados (Foto: Efe).

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha criticado el plan de acercamiento de presos de ETA del Gobierno de Pedro Sánchez recordando que muchos agentes del Instituto Armado fueron “acercados a cementerios” en los 50 años de actividad criminal de la banda terrorista.

“Hace 50 años ETA empezó a acercar guardias civiles a sus lugares de origen, concretamente a los cementerios más próximos a sus hogares”, ha escrito APROGC, mayoritaria en la escala de mandos, en su cuenta de Twitter.

La asociación menciona el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Tiene intención de acercar a esos asesinos a sus hogares así, sin más. Gracias, presidente”, señala APROGC, que concluye su comentario con la etiqueta ‘Tenemos memoria y relato’.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, anunció que su Ejecutivo “está dispuesto a revisar la política penitenciaria” de los presos etarras porque “ETA está derrotada”. Así lo confirmó Sánchez desde Berlín, en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, con motivo su primera visita al país teutón.

El acercamiento de los presos etarras es una de las medidas que pactó con el presidente del País Vasco, Iñigo Urkullu, este lunes en la Moncloa. Urkullu aseguró en rueda de prensa que ambos mandatarios habían alcanzado un acuerdo para crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y analizar y negociar el traspaso de 37 competencias pendientes.

Se trata de uno de los primeros ‘peajes’ que Sánchez tiene que pagar por los apoyos que tuvo por parte de los partidos separatistas en su moción de censura contra Mariano Rajoy, entre ellos el PNV y EH Bildu.

OKDIARIO

Salen a la luz los correos que implican a Molons en la compra de medios afines al independentismo

Los correos que probarían que el secretario de Comunicación de la Generalitat compraba medios afines al independentismo

A principios de mes este medio informaba de que Quim Torra, presidente de la Generalitat, recuperaba al imputado Antoni Molons como secretario de Comunicación del Govern. Molons, se encontraba entonces, como ahora, investigado por su presunta participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. De la misma manera, hace apenas unos días prnoticias informaba de que la Guardia Civil había intensificado las investigaciones al sospechar que Molons se estaba deshaciendo de correos que lo implicaban directamente en la preparación del 1-O.

Ahora, han salido a la luz los correos electrónicos que según la Guardia Civil suponen una prueba más que implicarían de forma definitiva a Toni Molons (PDeCAT) en la compra de medios afines al independentismo a través de la publicidad institucional. Unos correos que el entonces secretario de Difusión de la Generalitat se cruzaba con Elsa Artadi, y donde advertía del peligro de intercambiar con ERC el área de Difusión por la de Comunicación, en relación a los presupuestos que cada departamento maneja.

En los correos, Molons advierte que si ERC quiere la Secretaría de Difusión es porque desde ella se reparte la publicidad institucional a los medios, mientras que desde Comunicación solo se financian proyectos de los medios, y “La publicidad la necesitan todos los medios, pero no todos los medios presentan proyectos para subvenciones”, reconoce Molons según los correos publicados por El Confidencial y la Cadena SER, donde también asegura los proyectos “Nunca darán tanto juego”.

De esta forma, la Guardia Civil concluye que existe una pugna interna en el independentismo por controlar la financiación de los medios afines a su causa a través de la publicidad. El propio Antoni Molons se pregunta en los mails por qué querría ERC cambiar un departamento por otro: “Si es tan bueno tener la secretaría de Comunicación con las subvenciones y proyectos ¿por qué no se la quedan ellos?”. Molons llega incluso a sugerir recortar las subvenciones a un empresario crítico con las mismas.

Finalmente el ‘intercambio de cromos’ se llevó a cabo, a pesar del ex secretario de Difusión, puesto que Antoni Molons se ha convertido en secretario de Comunicación y Medios de Comunicación en sustitución de Miquel Martí Gamisans, quien ostentaba dicho puesto a propuesta de ERC, y quien se ha convertido, con el nuevo Govern de Quim Torra, en el secreatrio de Difusión y Atención Ciudadana. Molons fue cesado de su puesto como secretario de difusión con la entrada en vigor del artículo 155.

En relación al otro asunto por el que está siendo investigado el secretario de Comunicación del Govern, según un informe de la Guardia Civil, que cifra en 3,2 millones de euros el coste del referéndum, fue Antoni Molons el encargado de pedir a Òmnium Cultural la impresión de los carteles publicitarios. Este servicio tuvo un coste de 61.879 euros y fue presuntamente abonado por la Generalitat. Molons fue también el cerebro de la operación por la que Puigdemont pretendía expropiar las licencias de COPE, Cadena SER, RTVE y Mediaset.

El Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont y 14 investigados más por el ‘procés’

Están acusados de rebelión, malversación y desobediencia y se abre la puerta a la inhabilitación temporal

Fachada del Tribunal Supremo

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión y malversación de la cúpula independentista de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. En un auto notificado este miércoles, la Sala ha rechazado los recursos presentados por 15 procesados y la acusación que ejerce Vox, lo que confirma el procesamiento de estos investigados y de los otros 10 que no habían recurrido. Esta decisión abre la puerta a la suspensión temporal del cargo tanto del expresidente de la Generalitat como a toda la cúpula independentista.

Los magistrados de la Sala de Apelaciones consideran "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebelión porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley. Además, en cuanto a la malversación de la que se acusa también a varios de los investigados, el Supremo dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O.

El auto notificado este miércoles por la Sala de Apelaciones ratifica los indicios de rebelión, malversación y desobediencia atrubuidos por Llarena a los 25 líderes independentistas a los que procesó el pasado 23 de marzo. El instructor procesó por un delito de rebelión a Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez procesó además por desobediencia a los exconsejeros Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, el mismo delito que atribuyó a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya —Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet—, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo. A todos los miembros del Govern de Puigdemont se le atribuyó además un delito de malversación.

La Sala asume el delito de rebelión por el que Llarena optó desde el principio de la instrucción, aunque no descarta que en la sentencia definitiva los hechos puedan ser calificados penalmente de otra forma. El procesamiento firme por este delito, castigado con hasta 30 años de cárcel y que exige que hubiera un alzamiento violento, implica la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la suspensión automática para ejercer cargo publicó de los procesados por rebelión sobre los que se haya decretado la prisión provisional. En esta situación están Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sànchez. Esta suspensión se extenderá también previsiblemente a Puigdemont y Comín, a los que la justicia alemana y belga ha dejado en libertad provisional pero que tienen la prisión preventiva decretada en España.

La aplicación de esta norma exige, según el Supremo, motivar especialmente la existencia del delito de rebelión, pero la Sala coincide con Llarena en que, en este caso, hay indicios “suficientemente” razonables para atribuir este tipo penal a la cúpula del procés. Según los magistrados, las semanas previas al referéndum ilegal del 1 de octubre y en la misma jornada de la votación se produjeron "actos de violencia” encaminados a la celebración de la consulta independentista prohibida por el Tribunal Constitucional y en que los procesados habían convertido en un elemento “previo e imprescindible" para proceder a la declaración unilateral de independencia. Para el Supremo, estos actos violentos fueron “asumidos y alentados” por la cúpula independentista que, ante la imposibilidad de una negociación orientada a conseguir la independencia de Cataluña, planeó “la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a este a claudicar y aceptar aquella declaración y el mismo hecho de la independencia”.

La sala afirma que aunque el término “rebelión” evoca los pronunciamientos militares, “ejecutados ordinariamente con armas”, el actual artículo 472 del Código Penal, aunque exige la violencia (alzamiento público y violento) no exige para ello el empleo de armas, sino que el mero hecho de que los autores hayan llegado a esgrimirlas, sin que las hayan utilizado, ya basta para aplicar este delito. “Aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas. No se opone a ello la existencia en el Código Penal cuando se cometa con armas, pues no suponen otra cosa que previsiones legales para los casos más graves”, expone la Sala en respuesta al presidente de Òminum Cultural, Jordi Cuixart, en prisión desde octubre y que se refería en su recurso como ejemplos de rebelión a los alzamientos militares de 1936 y de 1981.

Los magistrados admiten que esta conducta "no es exactamente igual en su configuración al clásico pronunciamiento militar", pero sostienen que esa diferencia en las formas no impide la posibilidad de considerarla correctamente subsumible en el precepto  del Código Penal correspondiente al delito de rebelión."No es descabellado sostener en este momento procesal que existe un alzamiento cuando las autoridades legítimas de una Comunidad Autónoma, integrada como parte de España, deciden, desde el ejercicio del poder, derogar de hecho las Constitución, el Estatuto que garantiza y regula su amplísimo autogobierno, y el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus designios, sustituyendo todas esas normas por otras emanadas de sus propios órganos legislativos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido con otras y muy diferentes finalidades”.

Los magistrados dejan en cualquier caso la calificación penal definitiva de los hechos al tribunal que juzgue el caso, previsiblemente el próximo otoño, y que tendrá que practicar "auténticas pruebas" en la vista oral.  Por todo ello, la Sala considera que los hechos encajan en el delito de rebelión o en defecto de alguno de ellos, en el de sedición, aunque recuerda que el bien jurídico protegido en ambos delitos es distinto. "El primero está incluido entre los delitos contra la Constitución y el segundo lo está entre los delitos contra el orden público, de manera que las finalidades de la acción de alzamiento público contempladas en la rebelión no son precisas en el delito de sedición", afirma la Sala.

Respecto al delito de malversación, que las defensas de los procesados consideran que no se ha probado que existiera, los magistrados sostienen que sí se organizó "un sistema de engaño" que, "bajo la apariencia de partidas presupuestarias correctamente ejecutadas, ocultaba el destino de cantidades a otros fines relacionados con la celebración del referéndum, lo cual resulta suficiente a los efectos de considerar la existencia de los indicios racionales de criminalidad que exige el procesamiento”.

EL PAIS

Evo Morales estrena un palacio digno de un emperador "para servir mejor al pueblo"

"No es un lujo, es para servir mejor al pueblo. El actual palacio me parecía una ratonera". Esto es lo que decía el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2014, cuando ordenó la construcción de la nueva sede presidencial, ubicada en el corazón de la capital del país, La Paz. Cuatro años después, el edificio ya está terminado y no ha dejado indiferente a nadie debido al tamaño, la exclusividad y el lujo de las instalaciones. El edificio, de 120 metros de altura, reemplaza al decimonónico Palacio Quemado. Situado a espaldas de la antigua casa presidencial, la mole consta de 29 pisos y su coste ronda los 34 millones de dólares, según los datos oficiales, aunque la prensa local señala que, en realidad, habría superado los 40 millones, más gastos de equipamiento. La principal crítica a la nueva edificación apunta a que rompe la estética de la zona patrimonial del casco viejo paceño, donde se alzan casonas de estilo colonial, ya que la norma municipal prohíbe edificaciones elevadas, un impedimento que Morales pasó por alto con leyes aprobadas por el Parlamento, controlado por su partido, informa Afp. Pero es que, además, llama la atención por su suntuosidad. La construcción, visible desde casi todos los ángulos de la ciudad, incluye tres sótanos y un helipuerto en la azotea. El Gobierno ha dispuesto, cuando cae la noche, el despliegue de luces multicolores en los últimos pisos. En el interior contará con muchas comodidades: oficinas para la vicepresidencia y algunos ministerios, salas de reuniones y varios auditorios con capacidad para más de 1.000 personas para conferencias y presentaciones. Dispone de siete ascensores de última generación, de los cuales uno será de uso exclusivo del presidente. La planta 13 se destinará a las reuniones del gabinete. Dos pisos están reservados para el uso exclusivo del jefe de Estado: en la planta 23 está el área de trabajo del mandatario con un despacho, más dos oficinas y tres salas de reuniones, llamadas Illimani, Lago Titicaca y Salar de Uyuni, en honor a tres destinos naturales del país; en la plana 24 se ubica la lujosa suite presidencial, que consta de 1.068 metros cuadrados, según planos revelados tiempo atrás por el diario Página Siete, con sauna, jacuzzi, sala de masajes, sala de lectura y un gimnasio. El oficialismo ha bautizado al edificio como la "Casa Grande del Pueblo". Insiste que será el lugar de los sectores de la población que encumbraron en 2006 a Morales al poder: indígenas, campesinos, trabajadores y ciudadanos pobres, pero su uso está reservado exclusivamente para Morales y su Gobierno. Hace un año, cuando se debatía el significado de la obra, el vicepresidente, Álvaro García declaró: "Cada revolución que transforma las condiciones de vida de un país deja un conjunto de símbolos duraderos que reflejan los nuevos espacios de democratización". El empresario y líder opositor, Samuel Doria Medina, ha criticado el "derroche" del palacio y ha propuesto convertir el nuevo palacio en un hospital oncológico, que asegura es de urgente necesidad en Bolivia. Por su parte, el cardenal boliviano Toribio Ticona también se sumó al coro de críticas, al considerar que el "palacio de Evo" es muy lujoso.

El monumento a los republicanos en La Almudena costará más de 450.000€

Verdadera Izquierda

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El Ayuntamiento de Madrid, en su obsesión por la “desmemoria histórica”, la considerada por sus críticos como “memoria hemipléjica que divide entre españoles buenos y malos”, quiere construir un memorial en el cementerio de la Almudena en recuerdo solo de los republicanos asesinados entre 1939 y 1944. El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, pretende que se rinda también homenaje a 335 personas vinculadas a las checas de Madrid -134 de los cuales participaron activamente en matanzas de personas católicas o “de derechas”, organizadas desde esos centros de detención y torturas que dejaron más de 2.600 asesinados-. Sin embargo, el Comisionado de la Memoria Histórica aboga por incluir dos placas y que una recuerde a los asesinados por el bando republicano entre 1936 y 1939. Ninguna llevaría nombres, según ha dicho el edil popular, Pedro Corral, en declaraciones a La Gaceta, aunque sí un código QR que redireccionaría a una página web en la que sí figurarían los nombres. Pese a esto, según publica ABC, el Consistorio ya ha reservado 457.000 euros de las arcas municipales para elaborar el homenaje “a los fusilados entre 1939 y 1944” en el cementerio de La Almudena. Es la información aportada por Valiente, tras una petición de información realizada por el PP. El autor al que se le ha propuesto la idea, Fernando Sánchez Castillo se embolsaríá unos 80.000 euros. La decisión final, que no está clara por la posición del PSOE, la decidirá el Pleno municipal. Cabe señalar que el Comisionado se reunirá este miércoles con los grupos municipales por separado para intercambiar impresiones sobre el monumento. El PP apoyará cualquier propuesta que recuerde a las víctimas sin mencionar sus nombres. Argumenta que entre los represaliados por el franquismo se encuentran los “chequistas” y no pueden estar “al mismo nivel” que los republicanos fusilados. “Denigra tanto a los asesinados por el bando del Frente Popular en Aravaca o Paracuellos, y a sus familares, como a los propios republicanos que defendieron honestamente la República y fueron fusilados por sus ideas durante el régimen franquista”, añade el edil Corral. CS, por su parte, cree que la idea del órgano municipal es “la más razonable” y ha censurado a Valiente por “manipular ideológicamente” la Ley de Memoria Histórica, que “nunca ha querido aplicar” de manera “objetiva y consensuada”