La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena que vuelva a intentar la entrega de los tres consejeros huidos denegada por Bélgica. Los cuatro fiscales del Supremo encargados del caso solicitan al instructor que vuelva a dictar una orden de detención contra ellos y una nueva euroorden.
De esa forma se supliría el supuesto defecto alegado por la Fiscalía belga, que mantiene que no les ha enviado la orden de detención nacional que debe preceder a toda euroorden. La Fiscalía española rechaza esa tesis y coincide con Llarena en que el auto de procesamiento equivale a esa orden de detención [lea el auto en PDF]. Aun así, y visto el criterio de Bélgica, propone al juez comenzar de nuevo el proceso de reclamación.
La Fiscalía española afirma que el auto de procesamiento dictado en marzo por Llarena, "en cuya parte dispositiva se acuerda mantener las medidas cautelares acordadas respecto a los tres investigados que se mencionan, constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de detención y entrega de los tres fugados y satisface plenamente las exigencias previstas por los artículos 8 de la Decisión Marco [de la UE, que regula la euroorden]".
"No obstante, vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las Autoridades judiciales competentes de Bélgica, que no se refieren al fondo de la reclamación, y ante la necesidad de asegurar la adecuada tramitación de la OEDE, así como la entrega y puesta a disposición de este órgano jurisdiccional de los fugados, se interesa del Excmo. Sr. Magistrado Instructor que dicte auto de mantenimiento y ratificación de la prisión provisional incondicional acordada con anterioridad respecto a los mismos [....] y emita orden europea de detención y entrega que deberá enviarse directamente a las Autoridades judiciales de Bélgica".
Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa seguirán presos
Ratificación de la Sala de Recursos
La Sala de Recursos del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos contra la prisión presentados por la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa. [Lea el auto en PDF]
El tribunal que revisa todas las decisiones del juez Pablo Llarena confirma que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Para ello pesa que acaban de ser procesados, pero también que la actuación de los tribunales extranjeros respecto a los huidos podría hacer más apetecible la opción de fugarse.
El tribunal deja caer que aunque "los sistemas de cooperación judicial" de la UE "tienen su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza" entre los socios, "ha de reconocerse que, en el caso, son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión".
El resultado es que los fugados permanecen en esos países de la UE "a pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos, a la propia estructura política y a los valores de la Unión".
"En estas circunstancias, la posibilidad de que los recurrentes consideren una opción atendible la huida de la acción de la Justicia española [...] se incrementa, y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso". La manera de evitarla, concluyen, es la prisión provisional.
El tribunal que revisa todas las decisiones del juez Pablo Llarena confirma que existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Para ello pesa que acaban de ser procesados, pero también que la actuación de los tribunales extranjeros respecto a los huidos podría hacer más apetecible la opción de fugarse.
El tribunal deja caer que aunque "los sistemas de cooperación judicial" de la UE "tienen su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza" entre los socios, "ha de reconocerse que, en el caso, son evidentes las dificultades existentes para hacerlos efectivos mediante la entrega a España de quienes se han instalado en diversos países de la Unión".
El resultado es que los fugados permanecen en esos países de la UE "a pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos, a la propia estructura política y a los valores de la Unión".
"En estas circunstancias, la posibilidad de que los recurrentes consideren una opción atendible la huida de la acción de la Justicia española [...] se incrementa, y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso". La manera de evitarla, concluyen, es la prisión provisional.
El Mundo
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