
La cooperativa eKona, fundada por activistas vinculados al 15-M y miembros de plataformas de auditoría de la deuda, como Fresnillo, fue contratada en 2017 por el Ayuntamiento de Madrid para redactar tres informes sobre sistema de cuidado, garantía de protección social y políticas de protección a la mujer. Estos estudios se enmarcan en el programa de "auditoría ciudadana de la deuda", un plan para fiscalizar a posteriori los gobiernos del PP de Gallardón y Ana Botella.
Para ese proyecto, pilotado por el exedil de Economía Carlos Sánchez Mato, el gobierno de Carmena desembolsará 367.000 euros, destinados a una serie de empresas, algunas de ellas afines al ejecutivo de Ahora Madrid.
En el caso de eKona, Fresnillo asegura que, a pesar de ser activista, ella no se asocia a Podemos o a IU, partido de Mato. "Soy independentista", subraya a EL PAÍS. Reconoce haber coincidido, en el ámbito de la auditoría sobre la deuda, con Mato y otros activistas, algunos de ellos ahora en el gobierno de los autodenominados Ayuntamientos del cambio, donde gobiernan las marcas de Podemos.
"Lo conozco a él [Mato] como a muchísima otra gente que entró a formar parte de los Ayuntamientos en 2015", afirma Fresnillo, quien recuerda que el contrato con el Ayuntamiento de Madrid fue público. "Ganamos uno de los seis lotes. Hubo incluso una impugnación por parte de la empresa que quedó segunda, y un tribunal de contratación pública de la Comunidad de Madrid refrendó la adjudicación", subraya Fresnillo. La economista añade que todavía tienen que empezar a redactar el informe, que debe ser entregado en febrero de 2019.
Fresnillo forma parte de la junta directiva del Observatorio DESC, cargo por el cual no cobra. El observatorio, que pretende impulsar los derechos humanos, se ha revelado como una conexión entre Barcelona y Madrid en el caso de la denuncia de Mato y Celia Mayer (ediles de Ahora Madrid) contra el Open.
EL PAÍS desveló que el juez de instrucción número 41 de Madrid había archivado la querella presentada contra el equipo de Gallardón por el Observatorio DESC, afín además a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Esta, como la economista y socióloga Fresnillo, formó parte de la junta directiva del observatorio, en la que también trabajó el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, considerado cercano a Mato. El anterior delegado de Economía del equipo de Carmena también manifestó cierta cercanía al mundo independentista y de la izquierda catalana: se manifestó contra la actuación policial del pasado 1 de octubre y acudió al Supremo para arropar a los miembros de la Mesa del Parlament en el marco de la querella por sedición y malversación en el denominado procés.
En los años de gobierno de Colau, el Observatorio DESC ha visto incrementar las ayudas públicas que recibe en un 78%, hasta los 500.000 euros. Pero en el caso de su querella contra Ruiz-Gallardón y el Open de Tenis, se apoyó en la documentación de la denuncia de Mato y Mayer contra Gallardón, cuyos informes fueron pagados (50.000 euros) con dinero del Ayuntamiento de Madrid.
Mato y Mayer adjudicaron el trabajo a dos bufetes de abogados, a pesar de que los letrados municipales ya les habían avisado de que no existían irregularidades en el convenio del Open, y presentaron a la Fiscalía Anticorrupción una acusación por sobrecostes y prevaricación.
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