La libertad de expresión según Podemos

'Kichi' dice que no consentirá un acto contrario a la ideología de género

La libertad de expresión según Podemos: quiere prohibir un acto porque contradice su ideología

@ElentirVigo 2

Un año después de pedir que se legalizase la apología del terrorismo por considerarla “libertad de expresión”, Podemos agita otra vez su mordaza contra los que contradicen sus tesis ideológicas.

Un acto para denunciar los intentos de censurar la libertad de opinión

Este jueves se anunciaba la convocatoria del segundo “Encuentro Familia, Vida y Libertad” que organiza la asociación HazteOir.org. El evento tendrá lugar a las 19:30 en San Fernando (Cádiz) el próximo jueves 3 de mayo, y contará con la participación de Pedro Mejías (delegado de HO en Cádiz), la profesora Alicia Rubio, Francisco José Contreras (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla) y Teresa García-Noblejas, Licenciada en Geografía e Historia y responsable de prensa de HO. Además, ese mediodía, a las 12:30, se leerá en la Plaza de España de Cádiz la “Declaración de Madrid por la comprensión, el respeto y la libertad”, un texto que denuncia que en aras de la ideología de género “censuran la libertad de opinión y el debate científico”.

Kichi quiere censurar el acto usando una ordenanza que no se ha leído

Un acto así entra dentro del legítimo debate de ideas propio de un país democrático, pero algunos totalitarios no admiten que nadie contradiga sus ideas. Anteayer, José María González “Kichi”, el alcalde podemita de Cádiz, tachó el evento de “transfóbico” y anunció que no lo va a consentir, alegando que la Ordenanza Municipal de Publicidad y Uso de la Vía Pública “impide los actos que atenten contra los derechos de las personas, como por ejemplo este caso”. Para empezar, ningún alcalde puede prohibir un acto simplemente porque no le gusten las opiniones de sus organizadores: esto no es una dictadura. Pero además, el alcalde de Cádiz parece no haber leído el texto al que hace referencia, porque la citada ordenaza (ver PDF) no dice lo que afirma Kichi por ninguna parte. De hecho, y como señala el Artículo 1 de dicha ordenanza, ésta sirve para “regular la instalación de elementos de publicidad, información y señalización en las fachadas de los edificios, en la vía pública y en cualquier otro lugar visible desde el espacio público”, y no para prohibir el ejercicio del derecho de reunión. Estaría bien que el alcalde conociese las normas que aplica.

El alcalde no puede prohibir un acto público por motivos de opinión

Kichi parece olvidar que esto es España, no Venezuela ni Irán, y aquí un alcalde no tiene competencias para prohibir un acto por motivos de opinión. El único que puede prohibirlo es un juez, si considera que el acto en cuestión puede incurrir en un delito conforme a lo indicado en el Artículo 513 del Código Penal. La Constitución Española ampara el derecho de reunión en su Artículo 21, señalando que no precisa de autorización previa. Sobre las reuniones públicas, además, ese artículo señala que la autoridad “sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”, y no cuando a un político le disgusten las ideas que se van a expresar en esas reuniones. Por otra parte, esa prohibición sólo la pueden dictar las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, no un alcalde, por muy déspota que sea y por mucho que desprecie los derechos ajenos. La única competencia que tiene un Ayuntamiento es la de prohibir la reunión si supone, por ejemplo, un grave peligro para el tráfico, pero se da la circunstancia de que el citado acto tendrá lugar en la Plaza de España de Cádiz, ante el Monumento a la Constitución de 1812, que es una zona peatonal compuesta de jardines.

Kichi se salta tres derechos constitucionales y podría ser acusado de un delito

Por otra parte, hay que recordar que la Constitución en su Artículo 20 ampara el derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. Nuestra Carta Magna no dice por ninguna parte que esté prohibido discrepar de la ideología de género ni de ninguna otra de las patrañas que defiende Podemos. Repito: esto es España, no Irán ni Venezuela, por mucho que los dirigentes de Podemos se crean con poder y autoridad para censurar todo aquello que no les gusta. De hecho, con su anuncio de anteayer, el que podría y debería ser denunciado es Kichi, no sólo por pasarse por el arco del triunfo los derechos amparados por los dos artículos citados, sino también porque en su Artículo 14 la Constitución prohíbe, además, que los ciudadanos puedan ser discriminados por motivos de opinión, que es exactamente lo que está haciendo el alcalde podemita con los organizadores del citado evento, simplemente porque sostienen opiniones que son opuestas a las de Podemos. Además, sería aconsejable que el alcalde se leyese el Artículo 404 del Código Penal:

“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”

Lo digo, más que nada, por si se le ocurre enviar a la Policía local para impedir el ejercicio de un derecho en los términos que él mismo ha expuesto. Pero seguro que los abogados de la asociación organizadora del acto ya lo han previsto y estarán encantados de ponerle una querella al alcalde si cumple con su amenaza de intentar impedirlo por motivos ideológicos.

Lo que debe saber Kichi si su partido envía a matones a reventar el acto

Dicho sea de paso, le recuerdo al señor alcalde de Cádiz lo que señala el Artículo 3.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión:

“La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho.“

Téngalo en cuenta el señor Kichi por si su partido tiene intención de enviar a matones a reventar el citado acto, como ha hecho en otros lugares de España contra quienes han tratado de exponer opiniones contrarias a la citada ideología de género.

Un nuevo impuesto a empresas como Amazon, Apple y Google ayudará a financiar la subida de las pensiones

Montoro avanza que propondrá en el ámbito del Pacto de Toledo crear el gravamen sobre las ventas de los gigantes como Amazon, Google o Apple.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este viernes tras el consejo de ministros la creación de un nuevo impuesto sobre las ventas de las grandes tecnológicas, como Google, Apple o Amazon, para ayudar a financiar las pensiones. Montoro precisó que planteará el gravamen en el ámbito del Pacto de Toledo para contar con el respaldo del resto de los grupos políticos. Además, cifró el coste de la subida de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en 1.500 millones este año y otros 1.800 millones el próximo. El Gobierno también aprobó ayer el Plan de Estabilidad 2018-2021, donde proyecta que el paro bajará al 11% y España registrará superávit dentro de tres años. El pronóstico oficial sitúa el crecimiento en el 2,3% en 2021.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ULY MARTIN EL PAÍS

El Gobierno de Rajoy sorprendió el pasado miércoles al anunciar que subirá las pensiones este año y el próximo en función del IPC y no limitará la mejora al 0,25%, como había previsto inicialmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cifró el coste que tendrá la medida en 1.500 millones de euros en 2018 y otros 1.800 millones en 2019.

Para encajar este coste en los Presupuestos que actualmente se tramitan en el Congreso anunció un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas. "Estamos planteando, en el Pacto de Toledo, llevar adelante iniciativas que son de naturaleza europea, y que se va a abordar en el Ecofin —reunión de ministros de finanzas del euro— de este fin de semana", dijo el ministro. Se trata del impuesto sobre determinados servicios digitales que gravaría las transacciones electrónicas de las grandes empresas como Amazon, Facebook, Apple o Google. Está por ver si le da tiempo al Gobierno aprobar y empezar a recaudar este nuevo impuesto en los meses que resta de año.

Impulsado por Bruselas

Este nuevo tributo está impulsado por la Comisión Europea. Bruselas lleva tiempo buscando fórmulas para que estas corporaciones paguen más impuestos. Las autoridades comunitarias apuntan a estos gigantes digitales que se benefician de los resquicios legales de los estados miembros para pagar tasas impositivas muy inferiores a las del resto de empresas. La propuesta de Bruselas pasa porque los grupos tecnológicos que facturen más de 750 millones paguen un 3% sobre sus ingresos —en realidad deja margen para fijar la tasa entre el 1% y el 7%—. La Comisión calcula que el gravamen aportaría unos 5.000 millones al año a los socios europeos. España podría rascar alrededor de 500 millones de euros de este pellizco.

"No es un impuesto sobre los consumidores, ni sobre los usuarios de esos servicios. Es un impuesto a las grandes empresas que no pagan suficiente en los estados donde realizan un importante volumen de negocios", abundó Montoro. Como el Gobierno no puede usar los Presupuestos para crear nuevos impuestos llevará la propuesta para crear el tributo al Pacto de Toledo. "Es un gravamen sobre grandes compañías digitales, son grandes empresas. Eso permitirá financiar mejor al Estado y desde el Estado financiar las propuestas de otros grupos políticos en el Pacto de Toledo", remarcó el ministro.

Menos gasto en intereses

Además, de este tributo el responsable de Hacienda también reveló cómo hará hueco en los Presupuestos para incluir la subida de las pensiones pactada con el PNV a cambio del apoyo. "Tenemos un margen cada vez mayor", expresó. Por un lado, detalló, el gasto en intereses de la deuda será inferior al programado en las cuentas públicas. La ejecución presupuestaria hasta marzo indica que habrá margen en ese partida. En segundo lugar, el ministro espera que las sentencias por el rescate de las radiales supongan al Estado un menor coste del que había estimado inicialmente. Los fondos acreedores de las ochos autopistas de peaje en quiebra y rescatadas por el Estado reclaman unos 4.500 millones, pero el coste final para la Administración podría rondar los 2.000 millones.

El ministro insistió en que el Estado dará cobertura a la Seguridad Social mientras presente números rojos. "El déficit que hay que hacer desaparecer en España prioritariamente es el de la Seguridad Social. Y mientras eso ocurra será el Estado, el que atienda los incrementos de pensiones", concluyó.

Difunden la lista de la vergüenza de Podemos: todos sus condenados e imputados

La plana mayor de Podemos, en el Congreso de los Diputados

Terrorismo, pederastia, narcotráfico, estafa, agresiones... Alguien se ha preocupado de actualizar la relación de cargos morados con serios problemas con la Justicia. Y sale una veintena.
En las últimas horas alguien se ha preocupado y ocupado de actualizar y difundir en las redes sociales la ya una larguísima lista de cargos públicos e internos de Podemos condenados por diversos y graves delitos del Código Penal.
En esa relación figura, por ejemplo, María Teresa Fernández, teniente de alcalde de Fuenlabrada condenada por un delito de malversación de caudales públicos por hacer una obra en su casa con dinero y materiales públicos cuando era vicealcaldesa de la localidad en 2012

Echenique asegura que no había relación laboral con su asistente.

Echenique se escaquea de pagar los 10.001 euros de multa por contratar en negro
Por un delito mucho más grave, el tráfico de drogas, fue condenado y obligado a dimitir José Oliver, dirigente del partido morado en Baleares. Fue condenado en 2013 a 20 meses de prisión y 3.000 euros de multa por la posesión de más de 148 gramos de metanfetamina.
En Asturias, fue el parlamentario regional Enrique López, el que fue acusado de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de falta de lesiones. Su condición de aforado hizo que el caso se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que finalmente le absolvió.
También integra esta lista negra la exparlamentaria en las Cortes Valenciana, Covadonga Peremarch, a la que Podemos tuvo que expulsar del partido por un delito de corrupción.

Uno de los casos más escabrosos y recientes. El candidato de Podemos por Badajoz fue detenido en abril del año pasado por corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución

De vuelta a Madrid, especial revuelo mediático provocaron las hermanas Rosa y Paloma Agudo, número 2 y 3 de la lista de Ganemos en Valdemoro. Fueron condenadas a 3 años  de cárcel por un delito de insolvencia punible, por repartirse 600.000 euros que reclamaban a una inmobiliaria.
Uno de los casos más escabrosos se produjo en Castilla León y tuvo como protagonista al parlamentario regional de Podemos, Pedro de Palacio, condenado cuando era menor por abusar de una niña. Acabo dimitiendo de su cargo.

El parlamentario de Podemos en Castilla y León Pedro de Palacio. Dimitió vinculado a un sórdido caso de pederastia.

Problemas con el tráfico de drogas tuvo también el senador por Lanzarote, Ramón Galindo, detenido en 2008 por posesión de cocaína.
También con repercusión en las Cortes Generales, en la relación de ovejas negras de Podemos figura su senadora por Álava, Elvira García, expulsada del partido morado y tránsfuga en el Grupo Mixto. Fue condenada por dejar de pagar el alquiler de la vivienda social de la que disfrutaba en Vitoria. Pese a su nómina de casi 8.000 euros en la Cámara Alta.

El senador de Podemos por Guipúzcoa, Josetxo Arrieta, detenido en su día por pertenecer a un comando de ETA.

Uno de los casos más relevantes lo protagoniza el senador por Guipuzcoa, Josetxo Arrieta, exmiembro de ETA. Con tan solo 18 años fue detenido en San Sebastián, junto a otros dos miembros de un comando terrorista.
El de las agresiones a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es uno de los delitos más habituales en muchos cargos de Podemos. Es el caso de José Bail, exdiputado por Huesca y condenado por agredir en 2012 a la Guardia Civil en una protesta contra el recrecimiento del pantano de Yesa.
Uno de los casos más mediáticos afecta al diputado por Tenerife Alberto Rodríguez, popularmente conocido como el "diputado de las rastas". Precisamente hace dos semanas fue citado por el Tribunal Supremo en relación con un delito de desorden público cometido cuando, en la madrugada del 25 de diciembre de 2006, tuvo un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).
Por agresión a un concejal del PSOE fue condenado el edil de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo. Condenado a tres años de cárcel y por reincidente, permanece en prisión.
En el Ayuntamiento de Madrid, las distintas marcas bajo el paraguas de Podemos tienen a varios de sus concejales imputados. La última, Rommy Arce, por un delito de odio. También Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por prevaricación y malversación de caudales públicos. La propia portavoz municipal, Rita Maestre, fue condenada por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la Universidad Complutense.
El delito de estafa tampoco le es ajeno a Podemos. El gaditano Francisco Cano fue condenado por la Audiencia Nacional a siete años de prisión por su participación en la estafa de la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza. Una estafa de carácter piramidal.
Otro de los casos que más revuelo mediático provocó tuvo como protagonista a la concejal de Guanyar Alicante, Marisol Moreno, conocida como 'Marisol la Roja', por injurias al Rey. La Fiscalía pedía para ella 10 meses de cárcel por las frases "absolutamente vejatorias" que dedicó en las redes sociales a la familia real. Finalmente fue condenada a una multa de 6.000 euros por injurias a la Corona.
En 2015, el cabeza de lista de Catalunya sí que es Pot por Tarragona, Gerard Bargalló, se vio obligado a dimitir como diputado en el Parlament al conocerse que cobró el paro de forma irregular.

Otro de los casos más escabrosos, y más recientes, se produjo en Badajoz. En abril del año pasado, su candidato en 2015 Salvador Salvatierra de Toro fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución. La Policía encontró en su domicilio un ordenador con imágenes de menores desnudas.

Una profesora de la Universidad de Málaga airea las miserias del candidato Errejón

Otro dirigente de Podemos con problemas con la Justicia es el diputado autonómico extremeño  Eugenio Romero, acusado por dos delitos de coacciones y desorden público. Son los 20 "nombres de la vergüenza" que Pablo Iglesias trata de ocultar.
Pero los problemas con la Justicia, con Hacienda o con la Seguridad Social no le son ajenos tampoco a la cúpula del partido. Los pagos opacos de Venezuela e Irán a Pablo Iglesias, la beca-black de Íñigo Errejón, el caso del asistente sin contrato de Pablo Echenique, los cobros irregulares  de Carolina Bescansa o los problemas fiscales de Juan Carlos Monedero son algunos de ellos.
Fuente:EsDiario

El sueldo medio de los diputados es cinco veces la pensión media

Aunque el salario base es de 2.842 euros, la mayoría cobra complementos que aumentan notablemente sus nóminas.
El Congreso pactó una subida para los salarios similar a la que se acordara para los funcionarios públicos en 2018, fijada en un 1,75%

Vista del hemiciclo del Congreso de los Diputados

El salario de los parlamentarios lo deciden cada año las mesas del Congreso y el Senado en un acuerdo a puerta cerrada que más tarde se incluye en los Presupuestos del Estado. En la reunión del pasado 19 de septiembre, el Congreso acordó aumentar los salarios de sus señorías en la misma medida que marcara el Gobierno para los funcionarios del Estado, que finalmente se fijó en el 1,75%.
El sueldo base de un diputado es de 2.842,01 euros, además de una indemnización -de 1.842,10 euros para los de fuera de Madrid y de 872,27 euros para los electos por la provincia- para "cubrir gastos", exenta de tributación. Además, el régimen económico de los parlamentarios contempla una serie de complementos mensuales en función del cargo que desempeñen, que oscilan entre los 700 y los 9000 euros.
Así, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, suma a los 2.842 euros de salario bruto hasta 9.232 euros más como complementos, además de los 1.842 euros exentos de tributación que percibe mensualmente por ser electa por Pontevedra. Los cuatro vicepresidentes suman casi 3.000 cada uno en complementos, y los cuatro secretarios, más de 2.400. Los siete portavoces de grupos parlamentarios cobran casi 2.700 euros en complementos, y los 18 portavoces adjuntos, poco más de 2.100.

Cada una de las 37 comisiones en funcionamiento en el Congreso cuenta con un presidente (1.445,65 euros de complemento), uno o dos vicepresidentes, otros tantos secretarios y un buen puñado de portavoces y portavoces adjuntos. De este modo, más de 300 de los 350 diputados perciben algún tipo de complemento, y el salario medio de sus señorías se fija en torno a los 5.000 euros. La cifra es siete veces el salario mínimo y muy por encima de la pensión más común, entre los 600 y los 1.000 euros, que cobran más de 4 millones de pensionistas, cuyas protestas en la calle han logrado que, previo acuerdo con el PNV, el Gobierno se haya comprometido a subirlas de acuerdo con el IPC este año y el próximo.

Trabajo adicional
Uno de los argumentos que esgrimen los grupos parlamentarios en defensa de los complementos es el hecho de que las comisiones requieren mucho trabajo adicional para sus señorías. Sin embargo, los grupos minoritarios se reparten entre menos miembros estos cargos, por lo que se dan casos como el del diputado vasco Mikel Legarda, portavoz de ocho comisiones, adjunto de una novena y secretario segundo de la décima. A la hora de cobrar el sueldo, quienes ostentan más de un cargo en una comisión cobran solo el mayor de los complementos.
Sí pueden compatibilizar el complemento como miembro de la Mesa o de la Junta de Portavoces con el de miembro de una comisión, pero el resto no son compatibles. Así, en el caso de Legarda, al salario base solo se le añadiría un complemento, como secretario de comisión. Y el resultado es inferior al de otro diputado (y exministro), Jorge Fernández Díaz, cuyos cargos se limitan a la presidencia de una de las comisiones menos activas del Congreso, la de peticiones.

La fórmula
El actual modelo data de tiempos en que los salarios se cobraban todavía en pesetas, durante la primera legislatura de José María Aznar. Federico Trillo, entonces presidente del Congreso, logró en 1998 un acuerdo de todos los grupos parlamentarios que derivó en el régimen económico y de ayudas que añade al salario base estos complementos retributivos. Fue la fórmula encontrada para que el bolsillo de sus señorías tuviera un ingreso extra sin el revuelo que causaban las ya entonces impopulares subidas de salario.

El Periódico

Borran las referencias a los asesinados por ser de derechas en la Guerra

Verdadera Izquierda

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La actualización de mapas de fosas de víctimas de la Guerra Civil llevada a cabo por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha retirado las referencias a los asesinados del bando nacional y solamente da muestra de los represaliados republicanos. Según publica ABC, el nuevo mapa señala que en Bailén en la fosa común del cementerio hay enterradas 14 víctimas de la represión franquista, pero se omite que los milicianos acabaron con la vida de 20 personas consideradas de derechas. Además, en Andújar, el mapa actualizado -el anterior databa de 2010- cuenta solamente 93 víctimas republicanas y omite el asesinato de 96 personas considerados contrarias al régimen republicano. En la presentación, Ana Cobo, delegada del Gobierno andaluz en Jaén, aprovechó la ocasión para destacar los avances después del primer año de vigencia de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “y que ha situado de nuevo a Andalucía a la vanguardia de las políticas en esta materia”. Para Cobo, “este balance fructífero”, se refleja en el elevado grado de cumplimiento de la ley, “que tiene que ver con el aumento del presupuesto y también con el trabajo que están llevando a cabo los ayuntamientos con la eliminación de símbolos franquistas y también para la recuperación en fosas”. Respecto a la provincia de Jaén, destacó la puesta en marcha, desde el pasado mes de noviembre, de la Oficina Provincial de Memoria Democrática, “que sirve de punto de atención a las víctimas para recogida de testimonios, información y asesoramiento, en estrecha coordinación con la Dirección General”. A esta oficina se puede dirigir cualquier persona para aportar información, solicitarla o para ponerse en contacto con asociaciones. Andalucía ya anunció el pasado mes de febrero la concesión de 100.000 euros para actividades relacionadas con la Memoria Histórica -5.520 euros a la Unidad Cívica por la República, una organización contraria a la actual monarquía constitucional española, una cantidad similar para cartelería digital sobre el archivo de Comisiones Obreras y la subvención de proyectos relacionados con la identidad de la mujer andaluza, etc-. El objetivo de la Junta es el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que fue aprobada con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos. Por ello, ha llevado la Memoria Histórica a la educación primaria, secundaria y bachillerato para “continuar el adoctrinamiento en los colegios e imponer una única versión manipulada sobre la Historia de España y en concreto sobre la Guerra Civil y el franquismo”, denuncia la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).

Valle de los Caídos: ¡Salvemos a España de la necedad colectiva!

Ayer, la obra de misericordia consistía en enterrar a los muertos. Hoy consiste en des-enterrarlos.

La exhumación de tumbas en el Valle de los Caídos: un cúmulo de mentiras

Lo ocurrido el lunes 23, festividad de San Jorge (incluso de Sant Jordi) en el Valle de los Caídos es digno de mención. Un momento histórico, naturalmente. Se trata de una nueva obra de misericordia: des-enterrar a los muertos. ¿Me siguen, verdad? La humanidad lleva años enterrando a sus muertos. Ahora toca desenterrarlos.

Exhumación de cadáveres de la Guerra y postguerra civil española, acaecida entre 1936 y 1939. Esto es, concluida hace tan sólo 82 años.

El abogado del montaje nos explicó que la exhumación es 'humanitarismo'

Allí había un abogado que habló de ‘humanitarismo’, un término de lo más masoncete que, como tantos términos masoncetes, no quiere decir nada pero suena ‘dabuten’.

Lo mismo da: nuestro atildado jurista está ganando dinero, fama y honores.

Aseguraba el leguleyo que al Valle habían acudido familiares (por lo menos bisnietos) de combatientes de ambos bandos, ergo era una forma de concordia… y humanitarismo. Seguro.

Muy cierto, allí se dieron cita un par de tontos útiles de víctimas de los franquistas, muy emocionados ante la posibilidad de llevarse a casa al bisabuleo. Supongo que un poco de polvito con ADN certificado.  

Españoles, la patria se encuentra en grave peligro de idiocia colectiva. ¡Acudid a salvarla!

A lo mejor los familiares logran “llevarse a casa” una ‘miajita’ de polvo del bisabuelo

Y luego estaba la señora que gritaba justicia. En efecto, era lo que estaba esperando su bisabuelo: que le hicieran justicia extrayendo de su tumba algún hueso tardío. Por cierto, sólo hay enterradas 34.000 personas.

¿Y por qué justicia? Está clarísimo, porque habían enterrado en una basílica a su tatarabuelo, que era agnóstico, como ella bien sabía. Y encima junto al “dictador” Franco, en una de las más graves injusticias perpetradas por Franco y Primo de Rivera, cuyos huesos andan por allí cerca y deben ser trasladados a algún lugar ignoto o tirados al mar como Ben Laden para que se los coman los tiburones.

Justicia y nada más que justicia.

Pero lo que no soportan es la enorme cruz

Ahora bien, por la boca muere el pez, y nuestra buena bisnieta republicana descubría así el detalle olvidado: que todo este montaje cursi no tenía más que una razón: la cristofobia. Porque lo que no soportan los progres -de derechas o de izquierdas- del Valle de los Caídos no es la presencia de Franco o de Primo de Rivera sino la cruz, la más grande de Europa, el símbolo de Cristo. Eso sí que no lo soportan y entonces se ven obligados a montar numeritos como el del lunes 23 de abril, festividad de San Jorge.

Españoles, la patria está en peligro de necedad colectiva ¡Acudid a salvarla!

Fuente:Hispanidad