El detective Julián Peribáñez (que fue espiado por los Mossos), minutos antes de comparecer ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Parlament.
Los medios de comunicación de Jaume Roures han dedicado varios meses a fabricar la llamada Operación Cataluña, según la cual la corrupción de los Pujol y de Xavier Trias nunca ha existido, sino que fue un invento del Ministerio de Interior para desacreditar a los independentistas.
La investigación judicial ha acreditado sobradamente la corrupción del clan Pujol y el ex alcalde convergente de Barcelona Xavier Trias se ha visto obligado a reconocer que ocultaba una cuenta en Suiza. Pese a ello, la teoría de la Operación Cataluña ha gozado de cierto éxito, gracias a la difusión que le ha dado TV3.
Los documentos que los Mossos d’Esquadra intentaron destruir en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) acreditan ahora que la Policía autonómica dirigida por Josep Lluís Trapero intentó apuntalar, mediante seguimientos y espionaje, la teoría de la Operación Cataluña creada por los medios de Roures para ocultar la corrupción del PDeCAT.
Entre otros documentos, los Mossos pretendían destruir el expediente del llamado caso Florida, en el que agentes de la Comisaría de Información que dirigía Manel Castellví espiaron y coaccionaron a dos ex detectives de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, con el fin de demostrar que habían colaborado con el Ministerio de Interior. El objetivo de esa estrategia: desacreditar el origen de las pruebas que han llevado a los tribunales a todos los miembros de la familia Pujol y al resto de imputados del PDeCAT por corrupción.
Por investigar la corrupción de los Pujol
Según los datos que la Policía Nacional ha remitido a la juez Carmen Lamela, el expediente del caso Florida acredita que los Mossos espiaron y tomaron fotografías de al menos tres reuniones que ambos detectives mantuvieron con periodistas, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Los seguimientos se prolongaron desde febrero de 2016 hasta mayo de 2017.
En uno de estos encuentros, Peribáñez y Tamarit se reunieron con un antiguo agente de la Policía Nacional. Los Mossos anotaron que, tras abandonar la casa de Peribáñez, el ex policía nacional “se dirigió a un bar en la Avenida Diagonal donde se reunió con el señor David Heredia Tapia, secretario primero de la Mesa del Consejo General de Ciudadanos (C’s). Hablaron de la actual situación política en Cataluña, mencionando algunos partidos políticos, CNP, CNI, de una posible oferta a su partido…”
El dossier del caso Florida explica el motivo de estos seguimientos: Peribáñez y Tamarit habían sido “denunciados por el señor Francisco Marco (director de Método 3), quien, a través de unas conversaciones de Whatsapp de la ex pareja de uno de los detectives puso en conocimiento de la PG-ME (Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra) que habrían cobrado dinero del Estado para realizar informes de políticos catalanes”.
La denuncia judicial fue archivada inmediatamente por los tribunales, porque carecía de fundamento. Pero los Mossos decidieron mantener el espionaje a Peribáñez y Tamarit, en un intento de demostrar que habían ayudado al Ministerio de Interior a investigar la corrupción de la familia Pujol y otros dirigentes del PDeCAT.
“Hay que picar un informe secreto”
Así lo acredita un correo electrónico que el subinspector de los Mossos Oriol Aiguadé remitió el pasado 25 de abril al intendente de la Comisaría de Información Miquel Justo Medrano. En su mensaje (que ha sido aportado por la Policía Nacional a la juez Lamela), Aiguadé explicaba que “nos hemos reunido con el subinspector Carles Castellano de la UCSP (Unidad Central de Seguridad Privada) en relación al caso Florida. Actuarán en dos frentes”.
En primero lugar, detalla el mensaje: “En relación al escrito presentado por el señor Marco: citarán a los señores Tamarit y Peribáñez a una Comisaría de Barcelona para tomarles declaración en relación a los trabajos de investigación que manifiestan haber hecho y si éstos constan en el libro de registro del despacho de detectives. Nosotros sabremos cuándo se hará la toma de declaración y organizaremos un servicio para observar reacciones y posteriores reuniones de los dos detectives”.
“El segundo frente”, continúa el email, “se centrará en una posterior inspección en el despacho de detectives (aquí señala su dirección). Desde Seguridad Privada levantarán una acta de las irregularidades administrativas que se puedan detectar. Paralelamente nosotros haríamos un dispositivo de control de los dos detectives para observar posibles reuniones o encuentros que puedan ser de interés”.
En su respuesta con copia al jefe de la Comisaría de Información Manel Castellví, el intendente Justo Medrano dio su visto bueno a este dispositivo de espionaje: “Perfecto, mantenednos informados e ir pensando en que hará falta picar informe secreto sobre las diferentes actuaciones”.
Peribáñez y Tamarit fueron citados dos semanas después, el pasado 16 de mayo, por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de los Mossos d’Esquadra, donde un agente les exigió, bajo la amenaza de sanciones administrativas, que confirmaran si habían colaborado con el Ministerio de Interior. Ambos detectives se limitaron a remitirse a la declaración que habían prestado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la corrupción de la familia Pujol.
“Coaccionaron a ambos detectives”
En el informe que ha dirigido a la juez Carmen Lamela, la Policía Nacional explica lo siguiente: “Los Mossos d’Esquadra citaron telefónicamente a ambos detectives, manifestándoles que había una simple denuncia administrativa contra ellos y, una vez en Comisaría, les dijeron que si no declaraban en torno a los hechos de la Operación Cataluña se iniciaría inmediatamente un proceso sancionador por no colaborar con ellos”.
En el interrogatorio, los Mossos “querían saber si los dos detectives habían hecho seguimientos físicos a personas en Cataluña, si grabaron a alguien, si se reunieron con terceras personas, o si realizaron informes sobre alguien. Todos estos datos ya fueron archivados por falta de pruebas, primero por un Juzgado de Barcelona y posteriormente por la Audiencia Provincial”.
“Queda claro”, añade la Policía Nacional, “que dicha declaración ante los Mossos fue preparada por éstos, con el fin de coaccionar a ambos detectives para obtener nuevos datos para demostrar que hubo una Operación Cataluña y llevarlo ante la Comisión que se estaba llevando a cabo en el Parlament catalán”.
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