El Servicio Antiblanqueo rastrea el movimiento de dinero de ANC y Òmnium en paraísos fiscales.
Las ’embajadas’ catalanas han servido para financiar la huida de los golpistas.
El juez investiga a la interventora de la Generalitat por el desvío de fondos de Montoro al 1-O.
La Fiscalía y la Policía persiguen sociedades españolas que han llevado dinero del 1-O a paraísos fiscales. Ambas instituciones buscan una red de sociedades que ha colaborado en la salida de fondos con destino a plazas offshore con el objetivo de acumular fondos en el extranjero para ser usados en pleno golpe separatista.
La tesis de la investigación pasa por el hecho de que no sólo ANC, Òmnium o la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) colaboraron en esta práctica de desvío de capitales. Ni tan siquiera, que fuesen sólo los mecanismos de las embajadas catalanas de Diplocat -como adelantó OKDIARIO- los que se pusieron a disposición del golpismo para sacar fondos públicos fuera de España y, sobre todo, fuera del control del Gobierno.
La Policía cree que el mecanismo de aprovisionamiento de fondos contó con redes de sociedades privadas. Redes integradas por parte de las entidades subvencionadas o privilegiadas con determinados contratos públicos durante el apogeo de la Generalitat más derrochadora y que habrían correspondido a esos favores prestándose a realizar determinados traspasos o envíos de dinero con destino al extranjero y con el fin de fabricar el 1-O y la construcción de una Cataluña independiente.
La tesis de la investigación pasa por el hecho de que no sólo ANC, Òmnium o la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) colaboraron en esta práctica de desvío de capitales. Ni tan siquiera, que fuesen sólo los mecanismos de las embajadas catalanas de Diplocat -como adelantó OKDIARIO- los que se pusieron a disposición del golpismo para sacar fondos públicos fuera de España y, sobre todo, fuera del control del Gobierno.
La Policía cree que el mecanismo de aprovisionamiento de fondos contó con redes de sociedades privadas. Redes integradas por parte de las entidades subvencionadas o privilegiadas con determinados contratos públicos durante el apogeo de la Generalitat más derrochadora y que habrían correspondido a esos favores prestándose a realizar determinados traspasos o envíos de dinero con destino al extranjero y con el fin de fabricar el 1-O y la construcción de una Cataluña independiente.
La Fiscalía hace tiempo que busca la pista de dinero en paraísos fiscales. Cree que el destino off shore fue utilizado y que ese es uno de los factores que, de hecho, perjudica hoy en día la detección de los fondos de los que viven fugados como Carles Puigdemont o Anna Gabriel.
La pista de las sociedades privadas habría permitido a los golpistas despistar los fondos públicos de una manera simple y eficaz: se pagaba por supuestos servicios o actividades culturales que nunca se llegaban a realizar, pero el dinero ya había salido de los fondos públicos catalanes con un fin justificado.
Diplocat en el foco de la investigación
Esta pieza se suma a la persecución de los fondos que han sido a través de las embajadas catalanas para crear una hucha exterior. La Guardia Civil, de hecho, ha decidido filtrar las cuentas de Diplocat en busca de este dinero. La Benemérita tiene el convencimiento de que la salida de dinero con destino al exterior ha tenido que ser por un volumen considerable a la vista de la inmensa cantidad de partidas que se están pagando y de que el número de fugados crece.
Por ello, la policía judicial considera que hay indicios evidentes la utilización de mecanismos públicos de financiación para poder asumir determinados gastos, entre ellos, los de organización del 1-O pero, también, los de mantenimiento en el extranjero de los fugados como Anna Gabriel o el mismo Carles Puigdemont.
La Guardia Civil sabe ya que se inflaron los sueldos de los empleados de Diplocat para camuflar gastos. Y sabe igualmente que ANC y Òmnium formaron parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda.
La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.
Las investigaciones de la Benemérita llevaron, de hecho, al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis ni con la capacidad de movilización de la ANC.
Y no se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, ha entrado a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelantó OKDIARIO.
El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos investiga. Tal y como reclamó en su acusación popular Vox y como también adelantó en su momento este diario a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.
Esta pieza se suma a la persecución de los fondos que han sido a través de las embajadas catalanas para crear una hucha exterior. La Guardia Civil, de hecho, ha decidido filtrar las cuentas de Diplocat en busca de este dinero. La Benemérita tiene el convencimiento de que la salida de dinero con destino al exterior ha tenido que ser por un volumen considerable a la vista de la inmensa cantidad de partidas que se están pagando y de que el número de fugados crece.
Por ello, la policía judicial considera que hay indicios evidentes la utilización de mecanismos públicos de financiación para poder asumir determinados gastos, entre ellos, los de organización del 1-O pero, también, los de mantenimiento en el extranjero de los fugados como Anna Gabriel o el mismo Carles Puigdemont.
La Guardia Civil sabe ya que se inflaron los sueldos de los empleados de Diplocat para camuflar gastos. Y sabe igualmente que ANC y Òmnium formaron parte de un esquema de ocultación de fondos del que se ha beneficiado la Generalitat para eludir los controles del Gobierno y el Ministerio de Hacienda.
La estructura sería la que habitualmente se considera como sociedades pantalla o instrumentales, con la única variante de que en esta ocasión, lejos de ser entidades mercantiles, son asociaciones.
Las investigaciones de la Benemérita llevaron, de hecho, al juez Pablo Llarena a ordenar el registro de las sedes de ambas entidades. Hay que recordar que Òmnium es una sociedad que obtiene subvenciones y que no ha ocultado su percepción de fondos públicos. Pero no así ANC. Según los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, sus ingresos proceden exclusivamente de las captaciones de aportaciones populares. Los datos de la Guardia Civil no encajan con esta tesis ni con la capacidad de movilización de la ANC.
Y no se trata del único organismo que considera que las cuentas de ANC y Òmnium son una tapadera. El Sepblac, el organismo máximo antiblanqueo, ha entrado a investigar a las dos grandes asociaciones separatistas catalanas, tal y como adelantó OKDIARIO.
El organismo, comandado por el Banco de España y que cuenta con los mejores expertos de la Agencia Tributaria y del Tesoro, cuenta con los acuerdos internacionales y los mecanismos de intercambio de información suficientes para poder seguir las pistas de dinero en paraísos fiscales y de rutas de blanqueo complejas. Y eso es, precisamente, lo que en estos momentos investiga. Tal y como reclamó en su acusación popular Vox y como también adelantó en su momento este diario a la vista de los trabajos iniciales desarrollados por la Guardia Civil.
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