El informe apunta que la colaboración de varios agentes en la salida de España del expresidente de la Generalitat tuvo la "connivencia" de los responsables de la Consejería de Interior.
El último informe de la Guardia Civil incorporado a la causa contra los líderes del procés que instruye en el Tribunal Supremo el juez Pablo Llarena contiene duras acusaciones contra los Mossos d’Esquadra y sus responsables, tanto policiales como políticos. El documento pone en duda que la participación de varios policías catalanes en la huida y posterior protección del expresident Carles Puigdemont en Bélgica, la realizaran “a título individual” y apunta que contaron con la “connivencia” de “los máximos responsables de [la Consejería de] Interior”.
La Guardia Civil incluye esta sospecha en un amplio apartado del informe dedicado a abordar la supuesta implicación de los Mossos en “las estructuras de Estado” que los independentistas querían desarrollar antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Como ya habían hecho en anteriores documentos incorporados al sumario, los investigadores no dudan en señalar como presuntamente implicados en el procésal que fue su máximo jefe policial, Josep Lluís Trapero —imputado en la Audiencia Nacional por los sucesos durante el registro en la Consejería de Hacienda del 20 de septiembre y la celebración de la consulta ilegal— y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, actualmente encarcelado.
Sobre la policía autonómica, los autores del informe destacan que tanto el documento denominado Enfocats —considerado la hoja de ruta de los independentistas— como en una agenda intervenida durante los registros del 20 de septiembre a Josep María Jové, número dos en la consejería que dirigía Oriol Junqueras, adjudicaban a los Mossos un papel “imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana y el control de las infraestructuras esenciales en una hipotética Cataluña independiente”.
A partir de ahí, la Guardia Civil detalla ocho llamadas y cinco informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación que, en su opinión, refuerzan las sospechas de la implicación de los Mossos y sus máximos responsables en la estrategia independentista. Estas últimas son las referidas a la participación de, al menos, cuatro mossos en la huida de Puigdemont a Bruselas —un episodio en el que supuestamente el expresidente abandonó su casa en Girona oculto en el maletero de un vehículo conducido por uno de sus escoltas— y las labores de protección que otro realiza para él en la capital belga.
“De lo anterior se desprende que el expresidente Carles Puigdemont sigue disfrutando de escolta de Mossos d’Esquadra aún habiendo cesado en el cargo y que fue con ayuda de agentes de este cuerpo policial que pudo salir de España cambiando en varias ocasiones de vehículo”, se lee en el documento policial. Tras esta afirmación, la Guardia Civil lanza su sospecha de que todo ello no fue una iniciativa particular de los agentes implicados, sino que “los máximos responsables” de Interior y de los Mossos tuvieron “conocimiento” de estos hechos.
Recortes de prensa
El instituto armado llega a hablar en su informe de “connivencia”, aunque no aporta ningún indicio en este sentido salvo los recortes de prensa que describían los detalles de la fuga. Desde los Mossos siempre se ha señalado al agente que da protección a Puigdemont en Bruselas —y al que le abrieron un expediente interno sancionador por ello— como único responsable.
El informe no cita expresamente a Trapero por la huida del expresidente, pero sí lo señala con nombre y apellido en otras maniobras de los Mossos supuestamente dirigidas a permitir el referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia.
“La actitud observada por parte de los Mossos d’Esquadra durante toda la investigación policial y las actuaciones llevadas a cabo pusieron de manifiesto hechos significativos y sorprendentes, teniendo en cuenta que se trata de un cuerpo policial que cuenta entre sus principios de actuación el de la defensa de la Constitución, el Estatuto de Cataluña y el ordenamiento jurídico”, afirma el documento.
Los autores añaden que estos hechos “analizados de forma aislada podrían ser anecdóticos”, pero que “sumados y analizados en su conjunto denotan una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso ilegal secesionista”. En este sentido, destacan las llamadas telefónicas intervenidas el 29 de septiembre, tras los registros y detenciones —entre ellas las de Jové y otros altos cargos de la Generalitat— realizadas por la Guardia Civil dentro de la Operación Anubis.
El informe recalca, como ya había hecho en informes anteriores, que en varias de esas conversaciones se hace referencia a la adopción por parte de algunos de los implicados de medidas de seguridad en sus comunicaciones gracias al presunto asesoramiento por parte de mossos.
La Guardia Civil destaca una llamada del 27 de septiembre entre Jové —quien entonces ya había quedado en libertad aunque seguía imputado— y su esposa en el que hablan del “mayor”, al que los agentes identifican con Trapero. Los investigadores concluyen de esta alusión que era el entonces máximo responsable de la policía catalana la “persona que proporcionaba apoyo a individuos imputados en unas diligencias judiciales y no con intención de apoyar la investigación judicial sino más bien para dar apoyo a los investigados”.
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