Aunque el juez Llarena ve riesgo de reiteración delictiva en todos los exconsejeros, diferencia al exvicepresidente, al exconsejero de Interior y a los «Jordis» de los otros seis imputados. Ellos controlan el epicentro de la violencia.
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a las puertas de la Audiencia Nacional
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido este lunes excarcelar (tras pagar las fianzas de 100.000 euros) a seis exconsejeros de Puigdemont, mientras que ha dejado en prisión incondicional a Orial Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes independentistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural). ¿Por qué esta diferencia de trato?
Aunque el magistrado aprecia riesgo de reiteración delictiva en todos ellos, es decir, riesgo de que vuelvan a delinquir si se quedan en libertad, para Llarena no es lo mismo el «peligro» potencial que puede representar la reiteración de la conducta en unos y otros. Tampoco es igual el riesgo de reiteración delictiva en el que pueden incurrir la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa respecto a la de los exconsejeros. La de los primeros no generó en sí misma, dice el instructor, «los daños instantáneos, inmediatos e irreparables que sí pueden acompañar a la reiteración de los comportamientos de otros investigados».
En Las «aportaciones» de Junqueras, Forn y los «Jordis» están directamente vinculadas a «una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o se satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella».
Llarena basa su afirmación en diferentes datos de la investigación que vinculan la aportación de estos encausados con el ejercicio de la violencia. La clave está en el documento «Enfocats», que refleja la existencia de un comité estratégico (del que formaban parte Junqueras y los «Jordis») que desempeñaba la función de cómo y cuándo llevar a cabo las actuaciones del proceso, incluidos incidentes violentos como el del 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat. Ese día, la comisión judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona practicaba unos registros a cuyo boicot llamaron los «Jordis» desde las asociaciones independentistas ANC y Ómnium Cultural.
«Esta posición de dominio se constata en otras muchas de las movilizaciones sociales sufridas, como la que impidió el registro en la entidad Unipost, o las que cortaron carreteras o constituyeron murallas humanas en los centros de votación, «forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo». En este contexto, también se produjeron cortes de vías de comunicación ferroviaria, el asedio en los hoteles en los que se alojaban policías nacionales y guardias civiles o amenazas a los empresarios que prestaban soporte a los servicios del Estado. Forn no formaba parte de ese comité estratégico, pero la actuación pasiva de los Mossos dÉsquadra durante los preparativos del 1-O y durante la propia jornada del referéndum ilegal pone en el punto de mira al máximo responsable del cuerpo, que es él, en calidad de consejero de Interior.
«En estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad. El peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación (...), sino que exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real».
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ABC
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