Los golpistas incluyeron en su plan de acción la negativa a devolver los más de 70.000 millones prestados por todos los españoles a Cataluña: el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un plan que no descartaron –dependiendo del escenario– de forma previa al 1-O, pero que tampoco descartan de cara al futuro, según se desprende de la documentación incautada por la Guardia Civil en el marco de las investigaciones por el golpe separatista.
Se trata del dinero que ha evitado la quiebra de Cataluña y que desde 2012 –en plena crisis– se ha ido destinando a la Generalitat como mecanismo de rescate para que pueda seguir pagando los servicios básicos de los ciudadanos catalanes y el resto de sus costes administrativos. Pero se trata de un préstamo de todo el conjunto de España, no de un regalo, un detalle que, por lo visto, a los separatistas no les preocupa demasiado.
Los documentos en manos de la Guardia Civil detallan que en un escenario de máxima tensión en el que “España actúe vía Tribunal Constitucional contra los máximos responsables de las instituciones catalanas, asuma el control de la autonomía, corte el FLA y garantice el pago de mínimos del personal”, en esa situación, se podría pasar a decisiones de emergencia, de “guerra”, destaca el informe de la policía judicial. Se trata de un escenario conocido. Tanto, como que, en gran parte, es el actual. Precisamente, a excepción del “corte del FLA” y “del pago de mínimos de personal”.
Pues bien, en esa tesitura, lo cierto es que los golpistas ya han definido como actuar: “Se activan vías de financiación alternativas y se establecen las opciones de cobro de impuestos a todas las empresas […] y la emisión se infiere, de bonos patrióticos y otros”, fórmulas todas ellas de las que ya se había hablado en el pasado. Pero, de pronto, en el texto surge una de especial gravedad: “En este escenario no se pagaría al Estado ni amortizaciones ni gasto financiero derivado del FLA y se buscaría un sistema para trasladar cuentas”. O, lo que es lo mismo: se impagaría la montaña de deuda que mantiene la administración catalana con el resto de España y, además, se ocultaría el dinero que pudiesen para evitar el embargo por parte del Gobierno central.
Pues bien, en esa tesitura, lo cierto es que los golpistas ya han definido como actuar: “Se activan vías de financiación alternativas y se establecen las opciones de cobro de impuestos a todas las empresas […] y la emisión se infiere, de bonos patrióticos y otros”, fórmulas todas ellas de las que ya se había hablado en el pasado. Pero, de pronto, en el texto surge una de especial gravedad: “En este escenario no se pagaría al Estado ni amortizaciones ni gasto financiero derivado del FLA y se buscaría un sistema para trasladar cuentas”. O, lo que es lo mismo: se impagaría la montaña de deuda que mantiene la administración catalana con el resto de España y, además, se ocultaría el dinero que pudiesen para evitar el embargo por parte del Gobierno central.
Otras fórmulas como incumplir pagos con los proveedores también se han barajado, pero ninguna de ellas parece tener la magnitud del impago del dinero recibido a través del FLA. Y es que su volumen roza ya los 71.000 millones. Y suma y sigue.
El Ministerio de Hacienda acaba de publicar, de hecho, los últimos datos que aglutinan el recuento de la cascada de mecanismos de liquidez -préstamos a bajo coste por medio del FLA y de Facilidad Financiera- que el Gobierno ha repartido entre las regiones desde que se implantaron los rescates territoriales en 2012. Y, por mucho que la cifra global del conjunto de las CCAA llegue a la muy notable cifra de 231.202 millones de euros, no deja de llamar la atención el hecho de que una tercera parte haya ido a parar a Cataluña: 70.790 millones en concreto.
De hecho, este año, y pese al referéndum ilegal, la Generalitat ha recibido 7.838,5 millones de euros. El importe, además podría ser superior a cierre de año, y es que el Ejecutivo suele repartir el remanente de los fondos en diciembre. Por detrás de Cataluña se sitúa la Comunidad Valenciana, con 53.575 millones; Andalucía, con 35.058 millones de euros; y Castilla-La Mancha, con 14.688 millones. Pero –a parte de por las cifras– con una notable diferencia con respecto a Cataluña: ninguna de estas regiones ha osado plantear el impago de esos préstamos. Los golpistas lo hicieron.
Y, como adelantó OKDIARIO, la Guardia Civil considera que no se debe tratar esta información como cosa del pasado más reciente, porque, lo cierto es que entre la documentación incautada a los golpistas, también figuran documentos donde aluden a las dificultades que sabían que se encontrarían por el camino y al hecho de que cuentan con concluir su proceso de ruptura con España en “2022”.
Y, como adelantó OKDIARIO, la Guardia Civil considera que no se debe tratar esta información como cosa del pasado más reciente, porque, lo cierto es que entre la documentación incautada a los golpistas, también figuran documentos donde aluden a las dificultades que sabían que se encontrarían por el camino y al hecho de que cuentan con concluir su proceso de ruptura con España en “2022”.
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