La presidenta del Parlament ha depositado esta mañana los 150.000 euros que le impuso el Supremo para poder salir de la cárcel madrileña de Alcalá Meco, donde permanece desde anoche.
La Asamblea Nacional muestra el cheque con el que se habría pagado la fianza de Forcadell
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha notificado el auto de libertad de Carme Forcadell, en el que admite la fianza constituida por una cuantía de 150.000 euros. Ahora, un funcionario del Tribunal Supremo se trasladará a la prision de Alcalá Meco para hacerle el requerimiento de las medidas cautelares impuestas a la presidenta del Parlament.
Forcadell, que ha pasado la noche en prisión tras comparecer ayer ante el juez, deberá comparecer semanalmente ante el TSJC de Cataluña o ante el juzgado de su conveniencia, comparecer ante el Tribunal Supremo siempre que sea llamada, tiene prohibido abandonar el territorio nacional y le han retirado el pasaporte, que ya ha sido entregado por el abogado de Forcadell en el Tribunal Supremo.
En el auto del juez se advierte a la presidenta del Parlament que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará su inmediato ingreso en prisión. Forcadell se comprometió ayer a no salirse del marco constitucional en sus futuras actuaciones políticas.
El juez del alto tribunal tomó este jueves declaración a Forcadell y a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con el debate en la cámara parlamentaria y la proclamación de la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre.
Tras siete horas de declaraciones y celebrar una vistilla para decidir qué medidas cautelares imponer a cada uno de los investigados, el magistrado acordó la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta.
Anoche, el letrado de Forcadell, Andreu Van den Eynde dijo que confiaba que este viernes se pudiese reunir la cantidad fijada por el juez del Supremo. Por su parte, la Asociación Nacional de Cataluña (ANC), de la que es presidente Jordi Sànchez, que se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real, investigado por un delito de sedición, anunció en Twitter que se encargará de abonar la fianza:
«La caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament. ¡No estáis solos! Libertad», afirmó la asociación tras saberse la decisión del juez.
Una vez que la presidenta del Parlament quedé en libertad quedará sujeta a las mismas medidas cautelares que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que tienen un plazo de siete días para pagar una fianza de 25.000 euros si quieren eludir la entrada en prisión. Estas medidas son la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.
El único de los investigados que ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar es el que fuera secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet.
El juez atribuye a Forcadell una «actuación principal» en el proceso independentista por el «liderazgo» que ha ejercido en «cada una» de las fases del mismo, lo cual «aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional» que no puede atribuirse al resto de imputados en la causa.
La presidenta del Parlament dijo durante su declaración, que duró algo más de dos horas, asumió la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara, según informaron fuentes presentes en la declaración. La parlamentaría también ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como «simbólica» y «declarativa».
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