El PSOE pretende saltarse el Artículo 16 de su propia Ley de Memoria Histórica
Profanar tumbas para hacer política: una canallada propia de políticos mediocres
Este jueves el Congreso votará una propuesta del PSOE, apoyada por Ciudadanos, para profanar las tumbas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera en el Valle de los Caídos.
Quieren profanar dos tumbas situadas en una Basílica católica
Sí, he dicho “profanar las tumbas”. Y es que no hablamos de meros desenterramientos hechos con arreglo a la ley y con el consentimiento de las familias de los sepultados. Lo que pretenden el PSOE y sus portamaletas de C’s es violar dos tumbas situadas en una Basílica, es decir, un templo de la Iglesia Católica. De hecho, los socialistas incluyeron en el Artículo 16.1 de la Ley de Memoria Histórica lo siguiente en relación a ese templo:
“El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.”
Así pues, los diputados de esos dos partidos no tienen ningún derecho a remover una tumba en un templo católico. Ya basta de creer que tener un escaño les autoriza a meterse en casa ajena.
Lo que dice el Código Penal sobre el delito de profanación de tumbas
Hay que recordar, además, lo que dice el Artículo 526 del Código Penal:
“El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.“
Sea cual sea el resultado de esa votación, y teniendo en cuenta que se trata de una proposición no de ley (es decir, que no tiene carácter vinculante para el ejecutivo), espero que el gobierno sea consciente de que cometería un delito si hiciese lo que le piden el PSOE y C’s.
¿Todo vale para vivir del reparto de carnets de antifranquista?
Yo no soy franquista. Rechazo todas las dictaduras, sean del color que sean. Eso sí, me parece una grandísima canallada pretender hacer política con cadáveres, profanando tumbas, y todo ello para presumir de antifranquistas 42 años después de la muerte de Franco. El antifranquismo sobrevenido de nuestra clase política ha servido de comodín para todo, desde llamar “fascistas” a los que amamos a España hasta tachar de “retrógrados” a los católicos, pasando por imponer el catalán en los colegios y multar a quien rotula su negocio en español. Parece que en España todo vale para que la izquierda no te señale como “franquista”: ahora también profanar tumbas. Pues no, oigan. Basta ya de repartir carnets de antifranquista como excusa para imponer sus caprichos a la sociedad y ciscarse en todo lo humano y hasta en algo tan sagrado como una tumba. Este comportamiento es propio de políticos mediocres, déspotas y sectarios, como los que firman y apoyan esa proposición no de ley para profanar dos sepulturas.
Nos quieren vender una guerra de buenos y malos: una mentira
Eso sí, se me antoja que con ese afán por ganarle la guerra a Franco después de muerto, algunos políticos demuestran una colosal torpeza. Es un craso error hacer que los españoles recordemos por qué hubo una guerra entre hermanos, porque lo que algunos intentan vendernos como una película de buenos y malos no fue tal: el bando republiano asesinó a miles de personas por motivos políticos y religiosos, niños incluidos, convirtiéndose de facto en el primer episodio de lo que pudo acabar siendo una dictadura soviética, que habría sido mucho peor que la dictadura franquista (basta con ver los genocidios perpetrados por los comunistas en Europa del Este, China, Camboya y otros países). De hecho, ese bando republicano emprendió una bestial persecución anticatólica que se saldó con miles de asesinatos y numerosas violaciones. Y ahora los mismos que quieren desenterrar a Franco pretenden vendernos a los responsables de esos crímenes como “los buenos”. Y da la casualidad de que este nuevo intento de falsificar la historia llega dos meses después de la publicación de los documentos que prueban el pucherazo del Frente Popular en febrero de 1936. A la vista de esos documentos, unos políticos honrados habrían derogado una ley que otorga a ese gobierno izquierdista una legitimidad de la que carecía. En lugar de eso, siguen empeñados en imponer una falsedad histórica, como si cierto números de diputados pudiesen enterrar la verdad pulsando un botón.
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