La denominada ley de Transitoriedad, que también suma a los enfermeros, afirma que sin ello no podrán ejercer
El documento que prevé activar la secesión de Cataluña del resto de España ya está preparado. El mismo prevé, además de desconectar con el Estado si este impide que se celebre la consulta para la independencia, prevista para finales de septiembre o principios de octubre, asumir a todos los funcionarios de la administración catalana.
Según publica El País este lunes, el documento de ‘desconexión’ recoge que los actuales funcionarios de la Generalitat "se integran automáticamente en la Administración General de Cataluña". En este caso, el personal sanitario como autoridad pública, designado así tras la reforma del Código Penal de 2015, solo podrá seguir desarrollando su actividad si solicitan la nacionalidad catalana.
"La incorporación del personal del Estado español a la Administración General de Cataluña requiere la posesión de la nacionalidad catalana en aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de poder o autoridad pública", reza el texto.
En los mismos términos
Esta ley anuncia que el funcionario "puede optar a la integración en condición de personal al servicio de la Administración General de Cataluña, con la misma vinculación y en los términos y condiciones establecidos en esta ley". De este modo, "tienen derecho a recibir la formación adecuada para ejercer sus funciones y a disponer de un periodo transitorio suficiente para acreditar el conocimiento del catalán en el nivel que lo haga apto para cumplir las funciones propias del cargo".
Esta ley sigue la línea de las palabras del diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, que aseguro que “la Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de desconexión”, a las que el sector sanitario guardó silencio. La Fiscalía ya ha anunciado que estudiará si hay delito en el borrador de la ley de Transitoriedad.
Según publica El País este lunes, el documento de ‘desconexión’ recoge que los actuales funcionarios de la Generalitat "se integran automáticamente en la Administración General de Cataluña". En este caso, el personal sanitario como autoridad pública, designado así tras la reforma del Código Penal de 2015, solo podrá seguir desarrollando su actividad si solicitan la nacionalidad catalana.
"La incorporación del personal del Estado español a la Administración General de Cataluña requiere la posesión de la nacionalidad catalana en aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de poder o autoridad pública", reza el texto.
En los mismos términos
Esta ley anuncia que el funcionario "puede optar a la integración en condición de personal al servicio de la Administración General de Cataluña, con la misma vinculación y en los términos y condiciones establecidos en esta ley". De este modo, "tienen derecho a recibir la formación adecuada para ejercer sus funciones y a disponer de un periodo transitorio suficiente para acreditar el conocimiento del catalán en el nivel que lo haga apto para cumplir las funciones propias del cargo".
Esta ley sigue la línea de las palabras del diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, que aseguro que “la Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de desconexión”, a las que el sector sanitario guardó silencio. La Fiscalía ya ha anunciado que estudiará si hay delito en el borrador de la ley de Transitoriedad.
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